El Govern ficha a 35 informáticos para la Hacienda catalana

A pesar de no contar con unos nuevos Presupuestos, el Govern sigue con su intención de ir apuntalando paulatinamente las llamadas “estructuras de Estado”. La Generalitat ha anunciado este martes tras su reunión del consejo Ejecutivo el fichaje de 35 nuevos informáticos y analistas “especialistas en procedimientos tributarios”, que se incorporarán entre 2016 y 2017.

La portavoz Neus Munté ha defendido la incorporación de estos técnicos como el “paso decisivo en el despliegue de la Hacienda catalana” bajo los parámetros “de una administración del siglo XXI”. La intención de la Generalitat es que estos informáticos contribuyan a ofrecer nuevas posibilidades tecnológicas en el pago de tributos así como a mejorar la eficacia y transparencia de la Administración.

Estos nuevos fichajes forman parte de un plan de más de 9 millones y medio de euros para consolidar la Hacienda catalana hasta 2019. A parte de las nuevas incorporaciones, el programa pretende “transformar los sistemas de información y comunicación y ampliar la red de oficinas de recaptación y gestión tributaria”.

Munté ha defendido la Administración Tributaria de Cataluña como una “importantísima estructura de Estado” y ha lamentado que la falta de unos nuevos Presupuestos no permita una mayor inversión para su desarrollo.

Devolución de la extra y prohibición de regalos

La Generalitat también ha aprobado este martes devolver a los funcionarios parte de la paga extra del mes de diciembre de 2012. Esta devolución, que se hará en un pago único antes de final de año, corresponde al 20,77 de esa paga de 2012 y llega en plena campaña electoral para las elecciones generales.

Otra de las medidas que ha anunciado el Govern tiene que ver con la prohibición de los altos cargos de aceptar regalos y viajes. Así lo ha anunciado el conseller de Relaciones Exteriores e Institucionales, Raül Romeva, en el marco de un Código de Conducta que el Ejecutivo catalán ha aprobado para los altos cargos.

Este Código, formado por 24 “principios éticos”, también obligará a los altos cargos a hacer públicas las reuniones que tengan con cualquier grupo de presión, con la excepción del primer encuentro en el que deberán advertirles que deben estar registrados en una base de datos donde figurarán todos los grupos de presión. Los altos cargos, a su vez, deberán presentar sus declaraciones de patrimonio tanto en el momento de su nombramiento como en el cese.