Anticorrupción pide imputar a los hijos de De la Rosa por cobrar comisiones de los Pujol

La Fiscalía Anticorrupción solicita la imputación de Gabriela y Javier de la Rosa Misol, hijos del financiero Javier de la Rosa, por haber percibido unos seis millones de euros en comisiones de la familia Pujol. El Ministerio Público ha presentado un escrito en el que pide al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que cite a los hijos de De la Rosa por su vinculación con la sociedad instrumental holandesa Marway BV que fue la que percibió el dinero y que la Policía considera meramente "instrumental". Tal y como desveló EL ESPAÑOL el pasado mes de febrero, el financiero cobró estos fondos a cambio de supuestas gestiones en la operación de compra de todas las oficinas del Banco Santander y utilizó para ello a sus hijos. El Ministerio Público ha encontrado ya una parte de los fondos ocultos en Suiza tras pasar previamente por las Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

Esta operación inmobiliaria, una de las más importantes de la historia reciente de España, ascendió a más de 2.000 millones de euros y en ella que participó Oleguer Pujol, hijo menor del ex presidente autonómico catalán, liderando una plataforma inversora en la que se encontraban, entre otros, la aseguradora británica Pearl.

Por su parte, el entorno de los afectados mantiene que la operación se realizó siempre dentro de los margenes de la legalidad. "Presté mis servicios profesionales en la compraventa de las oficinas del Banco Santander en 2007", explica a EL ESPAÑOL Javier de la Rosa Misol, hijo del conocido financiero. "Por dichos servicios percibí 2,6 millones de euros como honorarios profesionales desde el fondo de inversión Sun Capital, liderado por Marc Jonas, parte compradora de dicha operación, y gestionado en España por Drago Capital", la entidad liderada por Javier Iglesias y Oleguer Pujol, "estando al corriente de mis obligaciones fiscales".

De la Rosa mantiene que nunca ha recibido "otra cantidad de las que salen publicadas" pero explica que "en la misma operación hubieron otros cinco asesores según me indicaron desde Drago Capital. El abono de dicha cantidad no tienen relación alguna con ningún familiar mío, ni con ningún otro miembro de la familia Pujol, siendo una remuneración por mis servicios profesionales".

Una empresa en Holanda

Anticorrupción también solicita al juez Santiago Pedraz que cite como imputados a los responsables de la sociedad holandesa que canalizó el cobro de comisiones, Jacob Broers y John Willekes McDonald, así como a los responsables de la inmobiliaria barcelonesa Vica, José Luis y José María Villalonga, que también figuran como receptores de comisiones de la familia Pujol en esta operación.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya denunció en sus informes que para el cobro del dinero se utilizaron sociedades empleadas “como pantalla con el fin de dificultar la identificación de las personas físicas perceptoras derivadas de la compra de los inmuebles del Santander”.

Asimismo, la Fiscalía aprovecha para pedir que la investigación judicial por blanqueo de capitales contra Oleguer Pujol sea asumida por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que rastrea en estos momentos las operaciones del resto de miembros del clan. Los fiscales consideran coherente que el benjamín del clan catalán no sea investigado de manera independiente sino junto al resto de sus familiares y que se concentren las pesquisas en determinar el origen de la fortuna familiar oculta en Andorra. En este sentido subraya Anticorrupción que Oleguer Pujol introdujo en sus operaciones inmobiliarias fondos “provenientes de un lugar común a sus hermanos”, en referencia a las cuentas del Principado. Así, destaca que entre 1992 y 1999 han sido detectadas al menos una decena de transferencias realizadas a sus cuentas desde depósitos de su hermano Jordi Pujol Ferrusola.

Al mismo tiempo, Anticorrupción pide el sobreseimiento de la causa por blanqueo contra quien fuera socio de Oleguer Pujol en sus operaciones inmobiliarias, el empresario Luis Iglesias, yerno del ex ministro del PP Eduardo Zaplana y propietario del grupo inmobiliario Drago Capital. Con respecto a este último el Ministerio Público pide que abandone, junto a sus colaboradores, la investigación de los Pujol aludiendo a “las dificultades para reconstruir varias de las operaciones inmobiliarias objeto de investigación” y al considerar que no existen indicios de que participara en el blanqueo de la fortuna oculta de los Pujol. Eso sí, pide que un juzgado de la madrileña Plaza de Castilla examine si pudo cometer un delito contra la Hacienda pública "sin conexión con el delito de blanqueo de capitales" investigado por la tributación de sus ingresos como residente en Londres.