Operación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción por la manipulación dentro de las obras de Adif. A lo largo de la mañana se están llevando a cabo 13 detenciones, todos ellos empleados de entes públicos, así como registros en 15 domicilios y dependencias relacionadas con las obras de la alta velocidad ferroviaria, en Barcelona y Madrid. Se investiga un beneficio a contratista a través de una doble medición, que ha podido provocar un sobrecoste de 82 millones de euros.
Según fuentes de la investigación, la causa por malversación y falsedad documental la está dirigiendo el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el propio presidente de la entidad pública empresarial Administración de Estructuras Ferroviarias Alta Velocidad (Adif Alta Velocidad) ante la Fiscalía Anticorrupción, que llevó a abrir unas diligencias de investigación en noviembre de 2014, y que ha desembocado en una querella y finalmente en esta operación contra los presuntos responsables.
Esta denuncia inicial manifestaba que en tres obras públicas de la alta velocidad en la zona de la estación de La Sagrera en Barcelona se habían detectado dobles mediciones que reflejaban diferencias sustanciales entre la obra certificada como realizada y la que en realidad se habría ejecutado.
De este modo, supuestamente, se habrían emitido de forma reiterada e intencional sucesivas certificaciones de obra con unos importes muy superiores a los trabajos efectivamente realizados por las empresas contratistas. En su denuncia, el ente público ADIF cuantificaba el supuesto sobrecoste total de las tres obras en más de 82 millones de euros.
Los proyectos a los que se refería la denuncia con la construcción de los accesos y estructura de la Estación de la Sagrera y la construcción de plataforma de la línea de alta velocidad en el Sector Sant Andreu del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinidad.
Obras hinchadas
Tras la investigación iniciada por Anticorrupción, tras dicha denuncia, se pudo constatar que incluso había un proyecto complementario a una de las contratas donde las cantidades habrían sido igualmente hinchadas.
“En el presente estado de la investigación se estima que en las conductas investigadas han participado no sólo funcionarios directamente relacionados con las obras sino también diferentes empleados de empresas privadas encargadas del auxilio técnico a los anteriores, así como personal directivo de las empresas contratistas beneficiadas por el desvío de dinero público”, sostiene el Ministerio Público.
Existen al respecto “sólidos indicios” de que el falseamiento de las certificaciones de obra respondía al la intención de favorecer indebidamente a las empresas contratistas, las cuales habrían estado percibiendo de este modo sumas de dinero público muy superiores a las que realmente les correspondía recibir.
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