Ricardo Costa alega que sus delitos electorales están prescritos para no sentarse en el banquillo. El ex vicepresidente de la Comunidad Valenciana y ex número dos del partido a nivel autonómico está a la espera de juicio desde que el pasado 20 de febrero, la Audiencia Nacional decretara la apertura de juicio oral en su contra. El juez instructor le considera autor de dos presuntos delitos electorales y otro de falsificación continuada en documento mercantil. Sin embargo, la defensa de Costa mantiene que los actos, en caso de ser delictivos, estarían prescritos. Un argumento que el juez José de la Mata ya ha rechazado.
Costa -que ya resultó absuelto en el juicio de los trajes de Francisco Camps- está acusado de dos presuntos delitos electorales, por incumplir el límite de gasto gracias a la empresa Orange Market, vinculada a Francisco Correa. Además, la Audiencia Nacional le atribuye también un delito continuado de falsedad en documento mercantil ya la empresa investigaba modificaba los conceptos de algunas de sus facturas para que el partido no tuviera problemas con el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, a juicio de la defensa de Costa, los delitos que se le imputan, en caso de existir (algo que niegan con rotundidad) prescribieron el 27 de mayo de 2010. Por eso, el ex responsable popular solicita a la Audiencia Nacional el archivo de las actuaciones.
Rechazo del juez
Sin embargo, su petición no ha sido atendida por De La Mata. El juez encargado de la trama Gürtel mantiene una postura completamente contraria y en un auto del pasado 9 de junio rechaza de plano la petición de Ricardo Costa. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene que el procedimiento comenzó a investigarse en 2008 y que por lo tanto, pese a que Costa fue imputado tres años después en una de las piezas separadas, sus presuntos delitos no han prescrito. La Fiscalía pide para él siete años de prisión.
En un escrito anterior, el ex secretario general del PP valenciano ya señaló directamente a la cúpula nacional del partido como presunta responsable de las manipulaciones y los pagos en B dentro de las campañas electorales- si se produjeron- ya que de Génova depende en última instancia el control de las cuentas de toda la organización.