La Audiencia Nacional ha rechazado la pretensión de varios etarras franceses de volver a su país natal para seguir cumpliendo condena. Entre ellos se encuentra el histórico Henri Parot a quien deniegan el traslado alegando que las prisiones galas reúnen a muchos dirigentes de la banda y que ETA aún cuenta con militantes en la clandestinidad y arsenales en Francia. A juicio del juez, estos factores no beneficiarían su reinserción.
"En el presente caso, la situación de la infraestructura de la banda terrorista ETA en Francia dificultaría necesariamente la reinserción pretendida", dice el auto del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En él se destaca que ETA "sigue siendo una organización ilegal con miembros que actúan en la clandestinidad, preferentemente en el Estado francés, donde radican sus arsenales y depósitos de armas, explosivos y dinero".
Entiende el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, que estos argumentos son más relevantes que el "arraigo familiar" de Parot, teniendo en cuenta que el terrorista no ha roto su vínculo con la organización terrorista. Ese arraigo de Parot en Francia consiste en la primera de sus tres esposas y dos hijas mayores de edad, que viven en Hasparren (Pirineos Atlánticos) y que le visitan regularmente en la cárcel.
La madre y la hermana del terrorista también viven en Francia, concretamente en Bayona. En cambio, su segunda mujer -con la que se casó en prisión en 2008- reside en Navarra con otra hija de ambos. Su actual pareja -desde 2011- vive en Mondragón (Guipúzcoa). "Por tanto, el interno tendría arraigo familiar tanto en Francia como en España", concluye el juez.
CONDENADO HASTA 2030
Este es el preso que dio nombre a la 'doctrina Parot' del Tribunal Supremo por la que los beneficios penitenciarios no se aplicaban sobre el máximo de 30 o 40 años de cumplimiento de condena en prisión, sino sobre el total de la pena impuesta. Esta doctrina fue derogada en 2013 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo provocando la repentina salida de la cárcel de decenas de etarras.
Parot, alias 'Unai', sigue preso en Cádiz donde cumplen condena los internos más irredentos. Tiene pendiente una pena de 41 años por varios asesinatos que no terminará de cumplir hasta el 9 de mayo del año 2030.
Similares argumentos que con Parot ha empleado la Audiencia Nacional para denegar el traslado a otros dos etarras. Se trata de Arkaitz Sáez Arrieta y Aratz Gómez Larragnaga, condenados ambos por tratar de robar una troqueladora en Irún para hacer matrículas de vehículos siguiendo órdenes de ETA.
Esta es la primera vez que la Justicia española se pronuncia sobre la aplicación del Principio de Reconocimiento Mutuo de sentencias en materia penal, al menos en lo referente a ETA. Esta iniciativa parte de una Decisión Marco de la Unión Europea que fue instaurada en 2008, pero que España no aprobó hasta finales de 2014. Esta normativa abre la puerta a que cualquier preso europeo que esté cumpliendo una pena en otro Estado miembro pueda ser trasladado a una cárcel de su país de origen, incluidos los etarras.
DECISIÓN MARCO DE LA UE
Actualmente hay 83 etarras en Francia, la mayoría de ellos de nacionalidad española. El Ministerio del Interior querría tenerlos en cárceles españolas, un deseo al que se oponen los miembros de la banda. Ninguno de ellos ha pedido su traslado a España. Según fuentes de la lucha antiterrorista, ya han hecho llegar a sus familias y a su entorno más cercano su rechazo a este movimiento.
Son conscientes de que el sistema penitenciario español es más severo que el francés y no obvian que, a su llegada a España, podrían ser trasladados a cárceles del sur, más lejos incluso de lo que se encuentran ahora de sus familias cumpliendo pena en Francia.
La situación ya ha sido abordada al menos en dos reuniones al más alto nivel judicial entre España y Francia en las que no ha sido posible unificar criterios a la hora de interpretar la Decisión Marco de la Unión Europea. El traslado de etarras sigue pendiente de fijar un criterio único entre España y Francia.
El principal escollo es que las autoridades francesas se muestran partidarias de que exista el consentimiento del preso como requisito mínimo para ser trasladado a su país de origen. España, en cambio, se inclina por que el preso tan sólo sea informado de su situación, pero no de supeditar el traslado a la voluntad de los internos. Fuentes judiciales informan de que próximamente se celebrará una tercera cumbre entre las autoridades judiciales de ambos países en el que se abordará este asunto.