La tapadera de Granados multiplicó su valor por 18 en cinco meses

La tapadera que Francisco Granados utilizó para cobrar comisiones en la Comunidad de Madrid multiplicó su valor por 18 cuando el Ayuntamiento de Valdemoro, que antes controlaba, aprobó su plan urbanístico. Las acciones de la firma Servicios Patrimoniales Obras y Vías (SPOV), creada por los empresarios Ramiro Cid y David Marjaliza -y participada por Granados con la mujer de su jefe de gabinete como testaferro- pasaron de costar 8 euros por título hasta los 155, lo que supone un incremento del 1.837%. Y eso en sólo cinco meses.

A juicio de los investigadores, esta importante revalorización es el resultado de una trama orquestada entre Granados y los empresarios imputados para manipular en su beneficio el plan urbanístico en Valdemoro. Fue el propio David Marjaliza quien en su declaración del 19 de junio de 2015 reconoció ante el juez que entre las mordidas recibidas presuntamente por Granados hubo tanto dinero en efectivo como "contraprestaciones a largo plazo" en forma de participaciones en sociedades patrimoniales.

LAD

Francisco Granados fue alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2004. Y durante su mandato arrancó la creación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) junto a su mano derecha y concejal del ramo: José Moreno Torres, que le sucedió en el cargo. En noviembre de 2003, con Granados todavía como primer edil, los dos principales constructores de Valdemoro (ahora imputados) crearon una sociedad conjunta, llamada SPOV. La empresa nació con un capital social de 1.5 millones de euros repartido en 194.150 acciones. 

Para abonar las participaciones, tanto Marjaliza como Ramiro Cid aportaron, además de dinero en efectivo, las participaciones sociales de dos constructoras con suelo en Valdemoro: Hilday Consulting y Tuvalu Gestión. En total, la empresa recién creada contaba con 1,1 millones de metros cuadrados afectados por el PGOU planificado por Granados y 160.815 que pasaron de rústico a urbanizable. El valor medio de cada metro de ese suelo pasó de 0,75 euros a 551 gracias a la decisión municipal.

"Se ha podido evidenciar que las sociedades Hilday Consulting y Tuvalu Gestión, además de la propia SPOV, fueron las que capitalizaron buena parte de las promociones urbanísticas de Valdemoro, consiguiendo importantes plusvalías de las reclasificaciones de suelo (concretadas con Francisco Granados y José Miguel Morenos Torres)", recogen los informes de la UCO.

La entrada de Granados

Francisco Granados dejó la alcaldía de Valdemoro en 2003 y el plan urbanístico fue aprobado finalmente por su predecesor en mayo de 2004. Un año después, se materializó la "participación encubierta de Granados" en la sociedad patrimonial de los dos constructores.

Mediante escritura pública, el 18 de mayo de 2005 Ramiro Cid y David Marjaliza vendieron 3.882 acciones (el 2% de la sociedad según las escrituras) a una sociedad llamada Ayjoyen Consulting, representada por María José Marijuan, esposa de Ignacio Palacios, jefe de gabinete de Francisco Granados. El precio de venta de las participaciones fue de 31.056 euros; 8 euros por título. El mismo que cuando se creó la empresa en 2003. 

Sin embargo, cinco meses después, la empresa interpuesta de Granados vende de nuevo estas acciones a Obras y Vías, otra empresa de Ramiro Cid. Es entonces cuando el canje de las acciones se hace a 155 euros por título, es decir, 601.012 euros, con un "espectacular incremento de valor en tan sólo cinco meses del 1.837%".

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyen que "el único condicionante que pudo incidir en las ciclópeas plusvalías en la venta de participaciones sociales de SPOV solamente puede estar vinculado a su vez a la revalorización de las participaciones que esta mercantil poseía de sociedades como Hilday Consulting y Tuvalu Gestión, propietarias de suelo y promotoras en Valdemoro".

Posible blanqueo

Lejos de toda lógica, en una operación que todavía investiga la Guardia Civil, los testaferros de Granados dieron marcha atrás a la lucrativa venta de acciones. El 28 de diciembre de 2005, la sociedad tapadera de Granados y sus colaboradores devuelve los 601.012 euros cobrados las acciones. "Evidentemente -explican los agentes de la UCO- esta cuestión carece de lógica comercial por lo que pudiera tratarse de una maniobra final de cobertura con el objetivo de dificultar la trazabilidad fiscal o forense del conjunto de la operación", afirman los investigadores.