La Guardia Civil se ha personado en la Oficina Antifraude Catalana (OAC) para entregar un requerimiento del juez del Vendrell para que les entreguen toda la documentación relativa a contratos con la consultora Efial aprobados por el Ayuntamiento de Girona cuando el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, era su alcalde.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, el instructor ha acordado un requerimiento, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras tener conocimiento de que la OAC guarda documentación al respecto. En caso de que se negara a aportarla, el magistrado podría acordar una entrada y registro.

Así, agentes del Instituto Armado se han personado esta mañana para llevarse todo lo recopilado por Antifraude, dirigido hasta hace unos días por Daniel de Alfonso, salpicado por el escándalo de la grabación al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y por lo que ha sido destituido por el Parlament catalán.

La OAC tiene datos sobre contratación irregular a la consultora Efial, investigada en una pieza separada por el juez que también leva el caso por el 3% catalán y la presunta financiación irregular de Convergència. Esta oficina habría investigado si durante el mandato de Puigdemont (2011-2015), el Consistorio favoreció a esta consultora y a otras empresas privadas adjudicándoles servicios a dedo.

El organismo fiscalizador había pedido ya a Girona información sobre todos los contratos de servicios -especialmente, los de menor cuantía- que se aprobaron o se renovaron durante el mandato de Puigdemont. La Guardia Civil también se ha personado en el ayuntamiento de Girona, para buscar documentación al respecto.

Seis contratos bajo la lupa

Los investigadores indagan en seis contratos adjudicados a dedos por el Ayuntamiento de Girona a Efial durante los años de Puigdemont. La empresa habría cobrado un total de 113.000 euros por esos trabajos a lo largo de cuatro años. El Consistorio dio a Efial tras la llegada de CiU al gobierno local cuatro contratos por importes inferiores a los 18.000 euros para evitar tener que pasar por concurso.

Con la llegada de Puigdemont, el primer trabajo encargado a la consultora fue auditar el área de Patrimonio y analizar si estaba teniendo una gestión correcta, según publicó hace meses El País. Poco después, se le requirió que analizara si estaban suficientemente justificadas las subvenciones recibidas a propósito del Plan E impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los otros cuatro trabajos fueron a analizar la empresa pública-privada Aigües de Girona, Salt i Sarrià SA (Agissa), que gestiona la potabilización, distribución y suministro de agua potable en esos tres municipios.

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