Las dudas jurídicas caldean el debate sobre la ley de víctimas de abusos policiales

La Ley vasca sobre víctimas de abusos policiales ha sorteado este viernes su primer escollo parlamentario para su aprobación definitiva a finales de mes. El pleno de la Cámara, con los votos del PNV, EH Bildu y PSE-EE, ha desestimado devolver el proyecto al Gobierno al rechazar las enmiendas a la totalidad de PP y UPyD.

El debate se ha centrado en las objeciones jurídicas planteadas por los dos grupos enmendantes, que han sido rechazadas por los nacionalistas cuestionando su predisposición a reconocer a ese tipo de damnificados. “¿Cuestión jurídica o voluntad política?”, se ha preguntado el palamentario del PNV Iñigo Iturrate.

El PSE-EE ha mostrado su disposición a apoyar la ley si las dudas que comparte con PP y UPyD son despejadas durante la negociación de las enmiendas parciales y las 31 propuestas presentadas por su grupo.

La “Ley de Reconocimiento y Reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos causadas por actuaciones de represión ilícita entre 1978 y 1999”, que tiene asegurada su aprobación con los votos de PNV y EH Bildu, forma parte del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco y es considerada prioritaria por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

Tanto es así que el PNV ha forzado los plazos parlamentarios, oponiéndose a peticiones de ampliación de la oposición, y el propio lehendakari de forma inusual ha asumido su defensa en el pleno desde la tribuna de oradores.

La ley pretende dotar de cobertura legal y económica a las víctimas producidas por las FSE y elementos parapoliciales en un contexto de “represión ilícita”, marco que se identifica con la violencia de motivación política. El Gobierno calcula entre 300 y 450 afectados por abusos, torturas y asesinatos.

Casos como los de Lasa y Zabala, Mikel Zabalza, Gladys del Estal o Yolanda González estarán amparados por la normativa, continuación de un Decreto de 2012, del Gobierno socialista de Patxi López, por el que se reconoció a 187 víctimas entre 1960 y 1978. Al año siguiente otro Decreto, esta vez del Gobierno Urkullu, fue impugnado por los tribunales y el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha advertido ya al Parlamento sobre el riesgo de inconstitucionalidad de la futura ley.

“IMPERATIVO ÉTICO Y DEMOCRÁTICO”

Urkullu, que ha leído para medir al máximo sus palabras, ha defendido el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales por “imperativo ético y democrático”, señalando la realidad de su existencia y la “anomalía” de la falta de reparación que sufren.

En su intervención ha rechazado los riesgos de inconstitucionalidad advertidos por el Gobierno de Mariano Rajoy , que cuestiona entre otros aspectos que una Comisión de Valoración pueda acreditar la condición de víctima sin la existencia de una sentencia judicial.

Urkullu ha insistido en que la reparación se produce a través de un proceso administrativo, que no requiere de proceso penal y entra dentro de las competencias del Gobierno vasco.

Ha abogado por poner el eje central en la víctima y señalado que bajo ese principio “no cabe la equiparación de unas violencias con otras”.

Considera la ley como “una pieza imprescindible” para normalizar y asentar la convivencia desde “una memoria crítica” del pasado.

“COMPETENCIAS DE LOS JUECES”

Gorka Maneiro (UPyD) y Carmelo Barrio (PP) han coincidido en reprocharle al PNV su “cacicada política”, al forzar la maquinaria parlamentaria para sacar adelante la ley, “con una intolerable vulneración de los derechos de los grupos”.

Ambos han incidido en la falta de “garantías jurídicas” del proyecto y han hecho suyas las argumentaciones del Ministerio del Interior.

Maneiro ha señalado que la Comisión de Valoración se arrogará “competencias de los jueces” y dará por ciertos hechos que no han sido esclarecidos ni demostrados”, con el riesgo de incurrir en vulneraciones del derecho al honor y la presunción de inocencia de
los policías u otros implicados.

Barrio ha mantenido que el proyecto necesita “más tiempo de estudio y análisis” y aclarar las sombras de ilegalidad planteadas por “expertos juristas”.

Ha extendido sus críticas a la terminología de “represión ilícita” y “motivación política” utilizada, contextos “básicamente inexplicados”, y reprochado que no se incluya en la regulación a las víctimas de la kale borroka o a los amenazados por ETA.

“VÍCTIMAS QUE NO ASUMEN”

Sus argumentos han sido rebatidos por los portavoces nacionalistas. EH Bildu considera que la ley se queda corta, ya que “divide el reconocimiento y diluye la reparación”, pero la apoya como un mal menor ante la necesidad de contar una normativa.

Su portavoz, Julen Arzuaga, -que ha empezado recordando la muerte hace 38 años del pamplonés Germán Rodríguez por un disparo de la policía armada- ha arremetido contra Barrio, al que ha acusado de mentir con razonamientos “falaces”. Ha negado que los expertos consultados cuestionen la ley y ha calificado su argumentario como “un cúmulo de pereza, desidia, falsedad y prepotencia”.

El parlamentario abertzale ha reparado en la “inactividad” de la Justicia y en las ocho condenas europeas que pesan sobre España por este motivo. Obviando la actuación de ETA, ha mantenido que el Estado “ha sido el principal agente vulnerador de Derechos Humanos en Euskal Herria” y ha acusado al PP de ocultar la realidad para imponer un
determinado “relato” de lo sucedido. “No tienen ninguna intención de reconocer a la víctimas del Estado. Para ellos no han existido, ni van a existir, temen a la justicia integral”, ha concluido.

Más comedido en sus expresiones, Iñigo Iturrate (PNV) ha insistido en la “falta de voluntad política” de PP y UPyD para reparar a las víctimas y en la exigencia de “hacer una revisión crítica del pasado”. “No valen las excusas”, ha añadido tras tratar de desmontar todas las objeciones jurídicas.

Según el PNV el Ministerio no se ha leído las últimas correcciones introducidas en la ley que evitarían su impugnación y su seguridad jurídica es tal que ha sido avalada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Además el Derecho Internacional permite amparar a la víctima con independencia de que el agresor haya sido identificado o condenado.

EN BUSCA DEL APOYO DEL PSE-EE

Los nacionalistas pretenden sumar el apoyo del PSE-EE a la ley en los próximos veinte días, durante el debate de las enmiendas parciales presentadas al proyecto.

Los socialistas comparten gran parte de los argumentos con los que PP y UPyD pedían la devolución pero se reservan el sentido definitivo del voto a expensas de las conclusiones y el grado de acercamiento al que se llegue durante el trabajo en ponencia, según ha adelantado su portavoz, Patxi Elola.

“Las víctimas necesitan respuestas seguras”, ha expuesto el parlamentario socialista, que ha abogado por el mayor consenso y recordado que el Decreto de 2012, alumbrado por el Gobierno de López, fue asumido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy sin encontrar tampoco oposición en los tribunales.