El juez que investiga el caso del supuesto blanqueo de dinero dentro del grupo popular municipal del PP de Valencia ha ampliado esta pieza –separada del grueso de la operación Taula- a un presunto delito electoral que se habría cometido en las municipales de 2011 y 2015. El titular del juzgado de Instrucción 18, Víctor Gómez, ha imputado por ello (término que ahora se ha sustituido por persona investigada) a la que fuera secretaria del grupo, Mari Carmen García Fuster, a quien se la sitúa como la ‘cajera’ y la persona que reclamaba a ediles y asesores que donaran 1.000 euros en una presunta operación de ‘pitufeo’.
También ha citado a declarar como imputada a la administradora provincial de la candidatura popular de las elecciones de 2015, Montserrat Tello, y ha reclamado al PP que identifique a la persona que ejerció esas funciones en 2011 y a los integrantes de la junta directiva del PP de Valencia en las dos campañas electorales.
El magistrado decidió investigar si, además de blanqueo, pudo haber delito electoral a instancias de la Fiscalía y tras una denuncia de varios concejales de Compromís en el Ayuntamiento. En un auto facilitado este lunes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el juez concluye que, de lo investigado hasta la fecha y tras un informe de la UCO, “se desprenden indicios de que a través de la cuenta investigada del grupo popular en el banco Sabadell se hizo pago de gastos electorales (en las dos últimas campañas)” y que esa cuenta carece “de toda fiscalización y reflejo en la contabilidad del PP”. El juez estima que esta falta de fiscalización va en contra de la normativa sobre financiación de partidos y del régimen electoral.
El juez entiende que hay que comprobar si esos gastos electorales que se pagaron con la cuenta del Sabadell se contabilizaron realmente como gasto electoral y, si no fue así, por qué no se hizo y quiénes lo decidieron así.
Donaciones de 1.000 euros devueltas en billetes de 500
En su resolución, el juez concluye que el delito electoral se habría cometido de manera continuada y en conexión con el de blanqueo. Por ello decide investigar también a los 47 investigados (entre ellos ediles y asesores populares) que habrían realizado las donaciones de 1.000 euros que luego habrían sido devueltas en billetes de 500. En este caso, el juez apunta que el delito electoral no se les puede atribuir “por el solo hecho de la aportación”.
El auto cita a declarar de nuevo a García Fuster ahora como imputada por presunto delito electoral. En su último interrogatorio, por la pieza de blanqueo, la ‘cajera’ del grupo popular declaró que las donaciones que costaban previas a la campaña de 2015 eran donaciones que una tercera persona recaudaba para el partido. No dijo quién era ese supuesto recaudador de dinero para el PP de Valencia.