La Guardia Civil ha detenido esta tarde al empresario Gustavo Buesa, acusado de obtener presuntamente contratos ilegales en ayuntamientos controlados por Covergencia y donar después parte de esos fondos a la fundación Catdem para participar en la financiación ilegal del partido. Según fuentes del caso, Buesa era el objetivo prioritario de la operación lanzada a primera hora de este miércoles, en la que han sido arrestados además dos funcionarios del ayuntamiento de Lloret de Mar. Sin embargo, en el momento de lanzar las detenciones, el empresario se encontraba volviendo de un viaje a Ibiza. Eso ha retrasado unas horas su detención.
Según fuentes del caso, las pesquisas se centran en la empresa GBI Serveis, propiedad de Gustavo Buesa y dedicada a la recogida de basuras. Este miércoles, agentes de la Guardia Civil han detenido con anterioridad al secretario y al interventor del Ayuntamiento de Lloret del Mar. Los investigadores sospechan que el consistorio habría favorecido al empresario con contratos irregulares de hasta 36 millones de euros, según fuentes de la investigación consultadas por EL ESPAÑOL.
La operación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y por el Juzgado de Blanes número 2, ha llevado a registrar el domicilio de Buesa, socio comercial de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del clan catalán. Existen sospechas de que el empresario, donante de CDC, habría pagado a diversos cargos públicos para conseguir esos contratos de manera irregular.
Los delitos que se persiguen son cohecho, tráfico de influencias o apropiación indebida. La constructora con las siglas de Gustavo Buesa (GBI Serveis) también sale en la operación seguida por el Juzgado del Vendrell por el presunto pago del 3% por parte de empresarios al partido de CDC. En esa causa consta que aportó a la fundación vinculada al partido, CatDem, 100.000 euros en 2009. GBI aparece vinculada a la presunta corrupción en Lloret y a los pagos al hijo del ex presidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola.
Un informe de Hacienda señala que el empresario financió a CatDem tras recibir concesiones millonarias en Lloret. Según Hacienda, entre 2007 y 2010 las aportaciones a CatDem (y a otras fundaciones de CDC) ascienden a 550.000 euros. Jordi Pujol Ferrusola fue, además, socio de Buesa en GBI y cobró 243.360 euros por una supuesta “asesoría” en México.
Según informa la Fiscalía Anticorrupción, la investigación desarrollada ha tenido por objeto la averiguación y el descubrimiento de delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, fraude o exención ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función; y tráfico de influencias.
El objeto de esta investigación es la contratación irregular por el Ayuntamiento de Lloret de Mar de empresas del Grupo "GBI Serveis” grupo empresarial que dirige el querellado Gustavo Buesa Ibáñez.
Se investigan diversas adjudicaciones de concesión de servicios relativos a la recogida de basuras y limpiezas de playas, así como en la gestión y obras del Centro de Tratamiento de Residuos Municipales. Todo ello “en connivencia con autoridades y funcionarios públicos del Ayuntamiento de Lloret de Mar”, según el Ministerio Público.