El teniente fiscal de Madrid, Emilio Valerio, ha sido suspendido cautelarmente en sus funciones mientras se tramita el expediente disciplinario que se le ha abierto por una supuesta falta muy grave consistente en haber incurrido en incompatibilidad.
El fulminante apartamiento provisional del servicio del número dos de la Fiscalía más grande de España ha sido respaldado por la fiscal general, Consuelo Madrigal, a propuesta el fiscal inspector, Fausto Cartagena.
Se trata de una medida insólita dentro de la también muy excepcional incoación de expedientes disciplinarios en el Ministerio Público, que apenas ha abierto 15 de ellos entre 2003 y 2014, según refleja la última memoria de la Fiscalía General. La plantilla actual de la carrera fiscal está integrada por 2.407 profesionales.
Expedientes disciplinarios en la carrera fiscal
El último caso en el que se aplicó una suspensión cautelar en el ámbito disciplinario fue el del fiscal de Galicia Juan Antonio Frago, que fue expulsado de la carrera por incumplir las órdenes de la fiscal jefe. La Audiencia Nacional, sin embargo, revocó la sanción en octubre de 2013 y ordenó reponerle en su puesto.
Fuentes de la Fiscalía de Madrid aseguran que entre Valerio, que ha protagonizado actuaciones polémicas a lo largo de su carrera, y el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, no existe "ninguna sintonía" y señalan que fue Polo el que envió a la Inspección Fiscal la documentación que ha dado lugar al expediente disciplinario.
Otras fuentes señalan, por el contrario, que en la Fiscalía de Madrid "se han permitido durante mucho tiempo situaciones que no deberían haberse tolerado" y que la actuación de Polo, al dar cuenta de la actividad mercantil que puede estar desarrollando Valerio, no tiene que ver con su sintonía o no con el teniente fiscal sino con la eficacia en el servicio y la imagen pública del Ministerio Fiscal. Valerio ha sido sustituido por María Luisa Ruesta, la más antigua de la plantilla de Madrid.
Una decena de empresas
El expediente está relacionado con la actividad de Valerio como gestor de más de una decena de empresas relacionadas con el sector vitivinícola. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece una férrea incompatibilidad de los fiscales con el ejercicio -tanto directo como mediante persona interpuesta- de toda actividad mercantil y con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género.
Emilio Valerio ha alegado que se trata de empresas familiares, que estarían excepcionadas de ese régimen de incompatibilidad y para cuya gestión alega tener un permiso verbal. Pero sus explicaciones no han convencido a la Inspección.
Valerio ha protagonizado una carrera profesional que en varias ocasiones ha estado rodeada de polémica. La Fiscalía General le sancionó por una falta leve debido a unas declaraciones públicas en las que aseguró que el asesinato del dirigente abertzale Santiago Brouard podria haberse evitado y que había "responsabilidades de acción y de omisión de personas que sabían o debían saber". Trasladado desde Bilbao a la Fiscalía de Madrid, aquí fue apartado de la investigación de un atraco en Banesto, en el que el botín ascendió a 1.200 millones de las antiguas pesetas, por haber actuado al margen de su superior jerárquico. Posteriormente ejerció de forma contundente el puesto de fiscal de medio ambiente durante 13 años.
El expediente a Valerio es el segundo que afecta a la Fiscalía de Madrid desde la llegada de José Javier Polo como responsable. En julio de 2015, una fiscal fue sancionada con dos meses de suspensión de empleo y sueldo por una falta muy grave de retraso injustificado y reiterado en el desempeño de sus funciones. La sanción fue confirmada el pasado mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso de la fiscal.