La UCO investiga si un notario encubrió operaciones de blanqueo de Granados

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, contó con la ayuda de un notario para camuflar ante Hacienda presuntas operaciones de blanqueo. Según los informes policiales, el ex responsable autonómico participó por medio de testaferros en una operación inmobiliaria en Getafe, donde pretendía urbanizar los terrenos de una autoescuela.

Granados obtuvo el 2,6% de la empresa -y del suelo que atesoraba- por medio de una sociedad tapadera. Pero el dinero para comprar las acciones no se aportó. Según la tesis de la UCO, fue un regalo de los constructores. Una comisión pagada en especie. Sin embargo, el notario que formalizó la operación sí dio fe ante Hacienda de que el pago se había realizado, lo que dificultó -de forma voluntaria o no- la detección del fraude.

La operación clave se produjo el 16 de octubre de 2004, cuando dos sociedades de los empresarios David Marjaliza y Ramiro Cid, también investigados en la causa, formalizaron la compra de una autoescuela en Getafe (Madrid). El negocio de las clases de conducir les interesaba poco, pero la empresa era propietaria además de una finca urbana recalificada un año antes para edificar viviendas.

Los dos constructores de Valdemoro compraron la finca por 2,07 millones de euros, pero incorporaron un socio. Alguien que sobre el papel aportó 55.293 euros y se hizo con el 2,66% de las acciones. La empresa se llamó Ayjopen y estaba administrada por Maria José Marijuan, esposa del jefe de gabinete de Francisco Granados. A pesar de comprar sobre el papel 400 acciones, los agentes constatan que los pagos, al contrario de lo que declaró el notario ante Hacienda, nunca se realizaron:  "No consta que abone ninguna cantidad en ese momento", reflejan en sus informes. 

Beneficios del 442%

Tras analizar los datos, los agentes se percataron de que las cuentas no cuadran. Por un lado, no aparecen entradas o salidas que justifiquen el pago del negocio. Pero por otro, un informe de la Unidad de Apoyo de la AEAT a la Fiscalía Anticorrupción recoge la declaración fiscal del notario frente a Hacienda dando fe del pago. "La supuesta aportación que realiza Ayjopen de 55.293 euros para la compra de la sociedad no aparece en la escritura de compraventa", destaca la Guardia Civil. En el documento público aparecen solo las dos empresas de los constructores investigados junto a Granados. 

Tras cruzar información con el Banco de Santander, los agentes detectaron que la sociedad tapadera de Granados pagó en realidad el dinero el 12 de julio de 2007, "es decir, se ingresó tres años después de la supuesta compra de participaciones", y no cuando el notario informó en Hacienda. Días después de este pago, la empresa tapadera vende de nuevo los títulos a Tuvalu Gestión, la empresa de Ramiro Cid, y recibe 300.000 euros por ellos, lo que supone una plusvalía del 442%.

A juicio de los investigadores, la operación carece de "lógica comercial", ya que "resulta especialmente llamativo el gran incremento del valor que sufrieron las participaciones en menos de tres años, toda vez que no se tiene conocimiento de proyecto inmobiliario, construcción o acto administrativo alguno que justifique el incremento de valor". En conclusión para los agentes, "esta operativa únicamente se comprende desde el punto de vista del blanqueo de capitales, con el único objetivo de que a través de esta incongruente y compleja operación societaria, Francisco Granados obtuviera una contraprestación económica encubierta en sus actividades corruptas".