Sólo ocho días han tardado los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP en hacer caso omiso de la última advertencia del Tribunal Constitucional sobre el proceso independentista catalán. En un auto dictado el pasado día 19, el TC emplazó "a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento" a que "bajo su responsabilidad" impidieran o paralizaran "cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos" del tribunal. Entre esos mandatos está el de que, de acuerdo con la Constitución que dio origen al propio Parlament de Cataluña, la Cámara autonómica no puede llevar a cabo un proceso de ruptura con España de forma unilateral y al margen de los procesos establecidos para la reforma constitucional.
El último desplante del Parlament sólo ha sorprendido a los magistrados del TC por lo pronto que se ha producido. Los jueces se despidieron la pasada semana, al acabar el último pleno ordinario, conscientes de que les espera un enorme reto con el conflicto catalán. Pero no creían que sus advertencias fueran a ser desoídas en un plazo tan breve, hasta el punto de que la mayoría de ellos no estaban este miércoles en la sede de Domenico Scarlatti.
Los que sí se encontraban aún en sus despachos no albergan dudas de que el TC va a tener que reunirse, de forma inusual, en plenas vacaciones de agosto para admitir a trámite el incidente de ejecución anunciado por el Gobierno después de que este miércoles el Parlament haya aprobado las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.
En el auto del día 19, el Constitucional constató que esas conclusiones "contravienen claramente" los pronunciamientos del tribunal sobre el proceso secesionista. Pese a ello, el Parlamento catalán no ha tardado en convalidar esas conclusiones, dando un nuevo paso en la hoja de ruta trazada por la resolución I/XI, declarada inconstitucional -y, por tanto, nula a todos los efectos- el pasado 2 de diciembre. En esa resolución, el Parlament declaró el inicio del proceso que debe desembocar en la república catalana.
Consecuencias
En su última resolución, el TC advirtió con claridad de que la comisión del proceso constituyente no podía constituirse en un "intento de sortear o eludir la vinculación de todos los poderes públicos al cumplimiento de lo resuelto" por el Constitucional, "so pena de arrostrar las consecuencias que prevé el ordenamiento jurídico".
Los magistrados dictaron ese auto con la conciencia de que, antes o después, tendrán que hacer uso de las medidas que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para salvaguardar la autoridad de la institución que vela por la Carta Magna y para garantizar el cumplimiento de sus mandatos.
El TC no tendrá que adoptar esas medidas de forma inmediata. Tras la admisión a trámite del incidente de ejecución -para lo que necesita reunirse el Pleno-, el tribunal dará un plazo de alegaciones al fiscal y al Parlamento de Cataluña, plazo que suele ser de 10 días. Sólo después el tribunal debatirá de qué forma responde al paso dado por la Cámara catalana.
![Méndez de Vigo, en una rueda de prensa](["https:\/\/s1.elespanol.com\/2016\/07\/27\/espana\/ministerio_de_cultura_y_deporte-inigo_mendez_de_vigo-dopaje_143249300_10721251_1706x960.jpg"])