El vía crucis judicial del PP, gran lastre para las negociaciones de Rajoy

El presidente del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, decidió el pasado jueves aceptar el ofrecimiento del Rey para tratar de formar Gobierno. Sin embargo, no supo decir cuándo se someterá a la investidura y si lo hará, dado que no tiene los apoyos suficientes para conseguir mayoría. Rajoy no tiene prisa en presentarse ante el Congreso de los Diputados pero, el calendario judicial que acecha directamente a su partido sigue corriendo.

La indecisión de Rajoy sobre cuándo presentará su investidura podría provocar un retraso para su posible elección haciéndola coincidir con la imagen del arranque del juicio por el 'caso Gürtel', que comienza el próximo 4 de octubre. El PP, como partido, está acusado por partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de los pagos de la trama criminal liderada por el empresario Francisco Correa.

El juicio, que se celebrará en la Audiencia Nacional, va a volver a sacar a la palestra cómo el PP se ha corrompido, presuntamente, durante décadas. El principal problema para Rajoy es que en las sesiones va a quedar negro sobre blanco cómo él sabía lo que estaba haciendo el empresario Correa, muy vinculado durante años a José María Aznar.

Los principales acusados, es decir, Correa, el exdirigente 'popular' Pablo Crespo, varios miembros de la Comunidad de Madrid y alcaldes, así como el propio extesorero del partido, Luis Bárcenas, no van a estar dispuestos a asumir que cobraron por parte de unos y pagaron por parte de otros sin el visto bueno y autorización del partido.

El testimonio que apunta a Rajoy

Pero es que hay un testimonio clave que pondrá entre la espada y la pared a Rajoy. Se trata del exconcejal del Ayuntamiento de Majadahonda, José Luis Peñas, la persona que durante casi dos años estuvo grabando a Correa y lo denunció ante la Policía y ante la Fiscalía Anticorrupción. Se sentará también en el banquillo de los acusados por presuntamente haber recibido dinero de Correa.

Sin embargo, este exconcejal, tal y como desveló en su libro Uno de los suyos, dirá ante el tribunal que Rajoy fue informado de un pelotazo que iba a dar Correa en la localidad madrileña de Arganda del Rey (gobernada por el PP) por 25 millones de euros e hizo la vista gorda.

En el juicio también podrán exponerse las grabaciones realizadas por Peñas, entre los años 2006 y 2007, cuando Rajoy ya era presidente del PP. Hay una conversación clara, en la que Correa le dice: “Yo ya os he dicho el dinero que le he dado a Bárcenas. Yo le he llevado a Bárcenas mil millones de pesetas. Yo, Paco Correa, se lo he llevado a Génova y a su casa. Todo obras, adjudicación de obras de Fomento cuando estaba Cascos -Francisco Cascos, exministro de Fomento-, mil kilos. Yo sé dónde los tiene, y yo sé cómo lo saca de España, y el paraíso fiscal donde los tiene”.

Bárcenas era el tesorero del PP y recibía el dinero en la sede del partido. El empresario que durante años se encargó de montar los mítines del PP y que recibió numerosos contratos, ¿pudo pagar al tesorero del partido sin el conocimiento de la cúpula? Esa incógnita será la que se resolverá en la sala y que le estallará a Rajoy intentando formar Gobierno si no lo consigue hacer antes.

Y después, la caja b

El 'caso Gürtel' va a ser la primera piedra en el camino del curso que viene, pero no la única. Una vez acabe este juicio arrancará el conocido como 'papeles de Bárcenas', sobre la presunta caja b del PP. Aunque finalmente los únicos que van a juicio son los dos extesoreros de la formación, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta -y probablemente éste quede eximido por sus graves problemas de salud-, así como el que fuera contable, Cristóbal Páez, y varios trabajadores del estudio de arquitectura que llevó a cabo la obra de la sede del PP en la calle Génova, la financiación ilegal del partido va a planear durante todo el juicio.

En esa vista, que está prevista se celebre el otoño que viene, Rajoy podría haber sido ya reelegido presidente, y desde La Moncloa verá cómo el que fuera su tesorero cuenta cómo le entregó sobres con dinero y como recibía donaciones de empresarios para financiar al partido fuera de lo legalmente permitido, y por lo que el PP está acusado como responsable civil en la causa.

Y por destruir las pruebas

Todavía hay más. El actual presidente del Gobierno en funciones podría también tener que aguantar la vista pública, en este caso ya con el PP como acusados de dos delitos, por burlarse de la Justicia y negarse a entregar al juez Pablo Ruz, que investigaba su caja b, los dos ordenadores de Bárcenas con toda la contabilidad paralela.

Ante la investigación del juez de la Audiencia Nacional y la posibilidad de que pudiera requerirles los dos ordenadores que estaban custodiados en la sede del partido, el PP optó por borrar los discos duros, hasta 35 veces y rayarlos y evitar así que quedara algún rastro. Una jueza de Madrid ha entendido que el partido de Rajoy debe sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de daños informáticos porque, a sabiendas que en esos aparatos estaba una documentación esencial para una investigación judicial, optó por destruirlos. Tres miembros del partido, la tesorera, el informático y el jefe de los servicios jurídicos, también podrían ir a juicio por el delito de encubrimiento. Las acusaciones van a intentar, por vía de recurso, que el PP también sea acusado de este segundo delito.

Todavía está pendiente de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados contra el auto por el que se daba por concluida la instrucción y acordaba la transformación en procedimiento abreviado, es decir, el paso previo a dictar juicio oral. Si la Audiencia ratifica la decisión de la magistrada, el PP podría sentarse el próximo año en el banquillo de los acusados.

El PP, imputado por blanqueo

Pero es que Rajoy tiene un cuarto problema: la imputación a su partido por un delito de blanqueo de capitales, en la causa en la que se investiga también a la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por blanquear las donaciones irregulares al partido a través de donaciones falsas de empleados y cargos públicos de Valencia.

Esta causa todavía está en una fase incipiente y todavía está pendiente de que el Tribunal Supremo cite a Barberá en calidad de investigada. Dentro del 'caso Taula', uno de los últimos datos conocidos es que el Ayuntamiento de Valencia habría adjudicado trabajos por valor de 32,6 millones de euros a constructoras y empresas investigadas por financiar al PP de Valencia.