La CUP amenaza "con una respuesta de país" si el TC inhabilita a Forcadell

El Tribunal Constitucional ha enterrado la hoja de ruta del independentismo. Admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno de Rajoy, la desconexión catalana ha quedado paralizada en lo que podría llegar a suponer un primer paso hacia las multas o la apertura de procedimientos penales para los dirigentes independentistas, así como la inhabilitación de los cargos públicos que remen rumbo a la ruptura.

La resolución del Alto Tribunal va a ser comunicada personalmente a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, los miembros de la Mesa de la Cámara, el secretario de la misma y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"La inhabilitación será un punto de no retorno"

Lejos de poner el escudo, los políticos independentistas han enarbolado la lanza. Es la hipotética inhabilitación lo que más ha escocido a los antisistema de la CUP. Por boca de su portavoz, Anna Gabriel, amenazan con "una respuesta de país ante un hecho tan grave".

Si el Tribunal Constitucional prohíbe a la presidenta de la Cámara ejercer sus funciones, "se habrá alcanzado un punto de no retorno" -en palabras de la CUP-. La amenaza es clara: "Pese a la resolución, seguiremos con el despliegue y no acataremos el dictamen del TC".

"Si hay que desacatar, desacataremos"

El partido anticapitalista es la bisagra del Parlament. Con sus votos hace posible el Gobierno de Carles Puigdemont. El presidente de la Generalitat fue el último en evaluar la decisión del Alto Tribunal, después de que Esquerra Republicana -su socio en el Ejecutivo- también dejara clara su postura: "Si hay que desacatar, desacataremos". Su diputado en Madrid, Joan Tardá, incluso calificó la resolución de "violencia judicial".

"¿Obedecerán al Tribunal Constitucional?", le preguntaron a Puigdemont. "Obedeceremos, claro que obedeceremos. Obedeceremos al Parlament y construiremos un Estado libre, moderno y próspero". Con estas palabras, la máxima autoridad en Cataluña culminaba y unificaba la amenaza secesionista que se había ido cuajando por la mañana y a primera hora de la tarde.

El president fue irónico también en su segunda contestación: "Obedecer a un Parlament escogido por los ciudadanos no es, para un demócrata, ningún sacrificio. El Estado español, en cambio, lo convierte en una proeza". Raul Romeva, consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat, dijo a TV3: "Es inaudito que en un Estado de Derecho haya fobia a parlamentar. No nos detendrán por muchas amenazas o miedo que quieran infundirnos".

La postura de los partidos constitucionales

El PSOE calificó de "previsible" la resolución del Tribunal Constitucional. Ciudadanos, por su parte, utilizó el adjetivo "normal". El líder del PP en Cataluña, en las antípodas del independentismo, pero siguiendo la estela irónica de Puigdemont, dijo: "Van a lograr lo que no consiguió Franco: poner en riesgo la autonomía de Cataluña".

Los pasos del Tribunal Constitucional

La suspensión del Tribunal Constitucional es cautelar y fruto de un automatismo. El artículo 16 de la Carta Magna establece que cuando el Ejecutivo interpone un recurso de este tipo, la mera admisión a trámite supone la suspensión, como se ha dado en este caso.

Ahora, todas las partes disponen de veinte días para presentar alegaciones, habiendo habilitado el mes de agosto para ello. El Gobierno de Rajoy, en su escrito, pidió multas y procesos penales contra los dirigentes independentistas, lo que tendrá que evaluar el Alto Tribunal. De momento, se ha apercibido directamente a los dirigentes catalanes, incluidos Puigdemont y Forcadell.