La mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, consiguió un suculento puesto en la CEOE cuando abandonó tras 26 años su trabajo en la patronal eléctrica Unesa. Tan suculento, que según la documentación aportada por Hacienda al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, cobraba por él 112.000 brutos al año por representar ante Bruselas los intereses de los empresarios españoles.
La esposa del ex presidente de la Comunidad de Madrid obtuvo este puesto tras cobrar el 31 de mayo de 2011 una indemnización de 713.475 euros; unos fondos que su defensa esgrime para justificar la compra del ático en Marbella por el que la Justicia investiga a la pareja. Según la documentación en poder de Hacienda, Lourdes Cavero abandonó en primavera de 2011 el puesto que ocupaba en Unesa desde octubre de 1984 y tras recibir líquidos más de 630.000 euros, se apuntó al paro.
Los datos que obran en la causa reflejan que Cavero estuvo cobrando la prestación (46,5 euros al día; 4.379 euros en total) hasta septiembre de 2011, fecha en la que se incorporó a su nuevo puesto como representante de la patronal empresarial ante el Comité Económico y Social Europeo, un organismo consultivo de la UE con sede en Bruselas. Entonces, se hizo público que el sueldo de la pareja González alcanzaría los 78.000 euros anuales. Sin embargo, la cifra era sensiblemente más alta.
Percepciones de Lourdes Cavero por parte de la CEOE en 2012.
Las bases de datos de Hacienda reflejan además que, mientras Cavero trabajaba para Unesa, cobraba también otros 35.000 euros al año por sus labores en la CEIM, la patronal empresarial madrileña, presidida entonces por el empresario Arturo Fernández.
14 cuentas bancarias
La defensa del ex presidente de la Comunidad de Madrid y su esposa reflejan de forma constante en sus escritos que los fondos del finiquito cobrados por Cavero sirvieron "tras la lógica reflexión", para comprar el ático de 627 metros cuadrados que la pareja tiene en una urbanización de lujo de Marbella. Una vivienda que la pareja ocupa desde 2008 y que la Justicia investiga con la hipótesis de que responde a una posible dádiva empresarial recibida por González. Según la versión de los investigados, en 2008 firmaron un alquiler con opción a compra y en 2012, tras recibir los fondos de la indemnización, decidieron hacer efectiva la compra.
Sin embargo, hay datos que no cuadran. Primero, el alquiler de la vivienda, que según los informes policiales se estipuló dos tercios por debajo del precio de mercado. Segundo, el poder adquisitivo de la pareja, ya que solo los gastos de comunidad de la finca ascienden a 1.650 euros al trimestre. Y tercero, el hecho de que un responsable público comprara, a sabiendas y tras la publicación de estos datos por el diario El Mundo en marzo de 2012, el ático de lujo a una sociedad opaca creada en el paraíso fiscal de Delaware.
En el caso del finiquito de Cavero, Hacienda confirma según sus datos el cobro del dinero, y realiza un informe patrimonial de la pareja, a la que atribuye además de la vivienda investigada, otra finca de 463 metros cuadrados en Madrid, tres coches, y el control de una decena de cuentas bancarias. En total, el saldo en todas ellas a fecha de 2011 ronda los 285.000 euros. Una cifra abultada, pero alejada todavía de los 635.000 euros percibidos por la esposa de González siete meses antes. El resto del dinero, o fue a parar a otras cuentas no controladas por Hacienda, o quedó inmovilizado en otro tipo de inversiones, como por ejemplo la compra de obras de arte. Las operaciones con fondos de inversión de la pareja reflejan cuantías mucho menores, por lo que tampoco quedó apalancado en acciones.
En cualquier caso, un año después y con la compra de la vivienda de Marbella ya realizada, las cuentas de Lourdes Cavero (que compra el 80% del inmueble) reflejan un saldo total que supera los 70.000 euros.
Error de identificación
Tras un escrito presentado por la defensa de González el pasado mes de marzo y la revisión de los documentos sumariales, el juzgado encargado del caso ha detectado además un error de identificación en una de las sociedades clave de la trama. Mientras unos informes y escritos de las acusaciones hablan de la sociedad Walfot Overseas como propietaria instrumental del inmueble, otros hablan de Waldorf Overseas. La diferencia no es solo nominal, ya que mientras la primera está inscrita en el paraíso fiscal de Delaware, la segunda tiene ramificaciones en Panamá e indicios de relación con empresarios investigados en la Operación Gürtel.
Tras analizar la documentación, la jueza encargada del caso ha detectado el error, aclarando que es la primera de ellas (Walfort Overseas) la empresa pantalla que se usó para comprar la vivienda en Marbella, pero ha mantenido las comisiones rogatorias que reclaman a Panamá información sobre la segunda empresa para descartar su relación con la presunta trama.