El ingeniero José Manuel Fernández Pujante acudió al notario el 5 de febrero de 2014 con la intención de poner todo su patrimonio (más de 4,2 millones de euros) a nombre de su mujer y sus hijas. ¿El motivo? Unos días antes, funcionarios de la Agencia Tributaria se personaron en la sede de su empresa pantalla (llamada Liberitas) y al encontrarla cerrada, dejaron un mensaje en la vivienda contigua, ocupada por su madre. Así, el responsable técnico del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, el hombre que los informes de la Guardia Civil colocan como muñidor de la trama que desvió presuntamente 17,6 millones de euros de dinero público por medio de facturaciones falsas, confirmó que estaba siendo investigado.
Para intentar salvar su patrimonio y ponerlo a nombre de terceros, Fernández Pujante hizo separación de bienes con su mujer, colocó hasta 13 fincas a nombre de ella y sus hijas y emancipó incluso a una de ellas, todavía menor, para colocar a su nombre nuevos bienes sin el paraguas de que viviera bajo su techo. Así, según la tesis que manejan los investigadores, su mujer y sus hijas actuarían como terceros de buena fe; personas que nada tienen que ver con la investigación y que por lo tanto, custodian unos bienes completamente lícitos. Bienes que nunca podría tocar la Justicia.
Un préstamo de 800.000 euros sin intereses
Los informes de la Guardia Civil y la Unidad de Vigilancia Aduanera de Murcia, tal y como adelantó La Verdad de Murcia, reflejan la explosión financiera que vivieron las cuentas del ingeniero investigado cuando arrancaron las facturaciones ilegales abonadas por Adif. Entre 2011 y 2013, Fernández Pujante y sus empresas vinculadas facturaron más de seis millones de euros. Según la información bancaria, por sus 34 cuentas llegaron a circular ocho millones de euros en esas fechas.
En 2011, el ingeniero y su mujer decidieron comprar una vivienda de 205 metros cuadrados por 320.000 euros. Un año después, habían saldado por completo la hipoteca, firmada con Banesto. Además, adquirieron una nueva plaza de garaje por 28.000 euros y cancelaron por completo una segunda hipoteca, que arrastraban desde 1999. A nombre de una sociedad patrimonial (Veila Sociedad de Gestión) se escrituraron además un Lexus NX 300 y un Rage Rover Evoque, que los agentes investigaron para confirmar que eran utilizados por el ingeniero.
Como ejemplo, el 1 de abril de 2013 la sociedad Veila compró un inmueble de cuatro plantas con ático en Murcia por un precio de escritura de 275.000 euros. El edificio fue reformado por completo para construir 12 apartamentos, destinados al alquiler. "La sociedad Veila [...] obtuvo un incremento patrimonial exorbitado entre 2013 y 2014, todo ello sin que conste ningún ingreso legal conocido en dicha sociedad".
La Guardia Civil realizó seguimientos para confirmar el patrimonio del investigado.
Una hija emancipada
Las primeras pesquisas públicas sobre esta investigación arrancaron a finales de 2013. Fue entonces cuando los funcionarios de Hacienda comenzaron a requerir documentación a los responsables de la sociedad Obras Marimar, considerada la principal tapadera para desviar el dinero público destinado a las canalizaciones de agua del trazado del AVE.
El 17 de enero de 2014, fue la Oficina de Investigación Nacinal contra el Fraude (ONIF) la que envió un requerimiento a Adif solicitando documentación. Los responsables de la empresa pública indicaron a la Agencia Tributaria que los datos debían buscarlo en el Juzgado de Aguas de Orihuela, la institución para la que trabajaban tanto el ingeniero investigado como su mujer. "Muy probablemente llegara a conocimiento de responsables del Juzgado del Agua (Y por tanto de José Manuel Fernández Pujante) la existencia de estas actuaciones", reflejan la Guardia Civil en sus informes.
En cualquier caso el 5 de febrero de 2014, dos semanas después de estos actos y una después de que los agentes dejaran constancia de su visita en el domicilio de su propia madre, el ingeniero investigado "presuntamente alertado de la importancia de las investigaciones en marcha y al parecer en un intento de evitar acciones públicas sobre su patrimonio", se presentó en un notario de murcia y formalizó ocho protocolos notariales consecutivos.
El primero de ellos dictaba la emancipación de su hija Laura, que entonces era todavía menor. Los siguientes reflejan la donación de la vivienda y la plaza de garaje compradas en 2011 a esa misma hija y la hipotecada en 1999 a Laura, su otra hija, que recibió también un préstamo de 800.000 euros sin intereses a pagar en 20 años. Además, el ingeniero vendió todas las participaciones de Veila Sociedad de Gestión (y el edificio con 12 inmuebles para alquilar) a sus dos hijas por 360.000 euros, de nuevo en un pago aplazado a 20 años sin intereses.
Y realizó por último la escritura de capitulaciones matrimoniales que convertía a su mujer, también imputada ahora, en propietaria de las 13 fincas propiedad de la pareja, los saldos de todas las cuentas bancarias comunes y 1,8 millones de euros en fondos de inversión adquiridos por la pareja. El ingeniero se quedó con las acciones de una segunda sociedad, (investigada también en la causa) y 841.000 euros en acciones.
Según los informes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, las propiedades del matrimonio fueron infravaloradas para que, en el reparto, quedaran todas en manos de la mujer pese a que, según marca la ley, la disolución de la sociedad matrimonial debía ser al 50%. A juicio de los investigadores, Las inversiones financieras y adquisiciones inmobiliarias realizadas por María Teresa Barberá Ortuño como persona física parecen corresponderse en realidad con actos de desviación y ocultación del patrimonio familiar acumulado por su esposo, adquirido con las presuntas ganancias de los delitos precedentes, actos que podrian ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales".