C's quiere que la limitación de mandatos sea retroactiva, pero su documento no lo dice

Albert Rivera quiere que Mariano Rajoy haga suya la baraja de la regeneración de Ciudadanos. En caso de que el presidente en funciones no juegue con cartas naranjas, no habrá Gobierno. De los seis puntos que la forman, sólo uno de ellos consta de más de dos líneas. El documento, un folio. La poca concreción de lo enunciado por la formación de centro deja varios resquicios para que el PP -aun cumpliéndolos- se guíe por la ley del mínimo esfuerzo en la "limpieza" que pide Rivera. Estas son algunas de las complejidades pendientes de abordar.

El quinto requisito de los planteados es el más determinante, por lo menos en lo que a Mariano Rajoy se refiere. Según pudo saber este periódico, Ciudadanos pretende con él garantizar "la muerte en diferido" del líder del PP. El documento que maneja la Ejecutiva de Rivera dice: "Limitación del ejercicio de responsabilidades de presidente del Gobierno a un máximo de ocho años o dos mandatos".

1. ¿Ocho años o dos mandatos?

¿Ocho años o dos mandatos? Aunque esto pudiera parecer lo mismo a primera vista, no siempre se cumple. Podría decirse que ni siquiera de manera frecuente. Aunque una legislatura tenga una duración prevista de cuatro años puede haber varias causas que la acorten como un adelanto electoral o una moción de censura.

Según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, Rivera da por hecho que la retroactividad -y la consecuente "muerte en diferido"- va implícita en este punto, pero el documento ni siquiera lo atisba. Por poner un ejemplo, podría darse el caso de que Rajoy hubiera estado cinco años en La Moncloa cuando llegara a formar Gobierno. ¿Qué ocurriría? ¿Debería abandonar una vez se cumplieran los ocho aunque no hubiese terminado la legislatura?

Además, España es un sistema de monarquía de parlamentaria y no presidencialista, como sí ocurre en países con limitación de mandatos como Estados Unidos. Los españoles no eligen directamente al presidente. Esa facultad corresponde a los diputados del Congreso. ¿Se puede limitar el ejercicio de un diputado elegido presidente y no el del resto? ¿Se limitarán también los mandatos de cargos como alcaldes o presidentes de comunidades autónomas?

Fuentes cercanas al partido naranja explican que ese debate ya se mantuvo en la pasada negociación con el PSOE, y se llegó a la conclusión de que el mecanismo para articular esta medida debía ser una reforma de la Constitución o una ley ad hoc.

2. ¿Qué cargos deberían dejar su puesto?

Otro tanto ocurre con la exigencia que encabeza la biblia de la regeneración naranja: "Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial".

Para que este punto fuera una realidad irreversible habría que reformar el código penal e incluir una premisa: que ningún imputado pudiera optar a un cargo electo. Esto rompería la presunción de inocencia ya que, lógicamente, no todos los investigados terminan siendo culpables. Una vez más, Rajoy tendría que firmar, a sabiendas de que no lo atará un mecanismo legal.

3. El origen de los aforamientos

La supresión de los aforamientos tampoco es una realidad asequible legalmente, a no ser que se reformara la Carta magna. Todos los diputados gozan del privilegio de no ser juzgados de forma ordinaria. Así lo recoge el artículo 71 de la Constitución: "No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva". Además, estipula que sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. El 102 es el que especifica que los miembros del Gobierno sólo podrán ser llevados ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo.

El espíritu de este fuero tiene su origen en evitar el boicot del trabajo parlamentario. Cualquier ciudadano podría denunciar continuamente a un diputado para que fuera llamado a declarar y así impedir que asistiera a una comisión o pleno relevante. Si Rivera quiere exigir a Rajoy que elimine el aforamiento, tendrá que detallar cuál es la fórmula elegida.

4. El rompecabezas de la ley electoral

La reforma de la ley electoral es el apartado más desmigado por Ciudadanos. Los de Rivera piden "incrementar la proporcionalidad", "listas desbloqueadas" y "la desaparición del voto rogado". Cambiar la manera según la cual se asignan los escaños en relación al número de votos logrados obligaría a la Cámara a reformar una ley orgánica, por lo que no sería suficiente el plácet de PP y Ciudadanos.

5. ¿A quiénes hace referencia el indulto?

"Eliminar la posibilidad de indulto a condenados por delitos de corrupción política", reza el cuarto punto. Una vez más la falta de detalles suscita varias preguntas: ¿afectaría también la medida a los empresarios que corrompan a los cargos públicos? ¿Engloba cualquier cargo electo o solo a los diputados y a los miembros del Gobierno?

El indulto es una medida de gracia que la Constitución otorga al rey y al Ejecutivo. Una vez más, el camino más ágil sería que Rajoy se comprometiera a no ejercer este derecho con los condenados por delitos de esta índole.

6. La comisión Bárcenas llegará

La comisión de investigación parlamentaria del 'caso Bárcenas' es la menos relevante en cuanto al procedimiento. Rajoy sabe que terminará siendo una realidad incluso si no se compromete a ello porque Ciudadanos, Podemos y PSOE podrían sacarla adelante con sus votos.