La plataforma Libres e Iguales ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Carmen Forcadell, presidenta del Parlament de Cataluña, por un delito de desobediencia. En concreto, el documento se refiere al principio del proceso de desconexión de Cataluña, aprobado en la cámara catalana el pasado 27 de julio. No se descarta que la denuncia se extienda, además, a los restantes miembros de la Mesa parlamentaria y del Gobierno de Carles Puigdemont.
El Tribunal Constitucional ya suspendió cautelarmente la resolución, privándola de todo efecto de forma provisional. El tribunal se pronunciará sobre el fondo del asunto en septiembre, después de oír al fiscal y a la propia Cámara Autonómica. Asimismo, advirtió a Forcadell y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran esta suspensión.
La CUP amenazó "con una respuesta de país" si el TC inhabilita finalmente a la presidenta del Parlament.
"La presidenta Forcadell ha permitido el avance del proceso de ruptura que se inicia con la aprobación de la resolución secesionista del 9 de noviembre de 2015. En abierto desafío a los mandatos expresos —y personalizados— del Tribunal Constitucional, ha autorizado la creación y desarrollo de una Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, y el debate y aprobación de sus conclusiones antidemocráticas", ha señalado Libres e Iguales a través de un comunicado.
De acuerdo a las valoraciones de la plataforma, cuya portavoz es la exdiputada Cayetana Álvarez de Toledo, la respuesta que el Constitucional pueda ofrecer ante el desafío es "perfectamente, y hasta necesariamente, compatible con la iniciativa civil": "La presidenta Forcadell y los diputados afines han desobedecido al TC de manera exhibicionista y han hecho ostentación del desprecio que les merecen, y les merecerán, las resoluciones del alto tribunal".
Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz de la plataforma, presenta la denuncia ante la Fiscalía.
"No hay ningún mandato legal que obligue a la Fiscalía a esperar a la resolución del TC antes de intervenir sobre el flagrante delito -advierte la plataforma-. Todo lo contrario. El artículo 124.1 de la Constitución es nítido: «El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados». Exactamente lo que Libres e Iguales reclama hoy a la Fiscalía".