En el Govern siguen con su particular contumacia de desobecer la decisión de Tribunal Constitucional de suspeder cautelarmente el proceso constituyente, y están decididos a impulsar la 'hoja de ruta' que desembocaría en la independencia de Cataluña.
La portavoz del Govern, Neus Munté, ha afirmado este martes que la Generalitat seguirá aplicando la hoja de ruta soberanista, pese a la suspensión dictada el lunes por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la decisión del Parlament de dar luz verde al proceso constituyente.
El alto tribunal se pronunciará sobre el fondo de la cuestión en septiembre, pero ya ha advertido al presidente catalán, Carles Puigdemont, y a la presidenta de la mesa del Parlament, Carmen Forcadell, que desoír la suspensión podría acarrearles, incluso, una responsabilidad penal.
"Estamos trabajando en la línea de la hoja de ruta, una hoja de ruta plenamente democrática, y cumplimos con las resoluciones y mandatos del Parlament del tipo que sean", ha expuesto en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.
"Acataremos el mandato democrático del 27 de septiembre --las últimas elecciones autonómicas--", ha manifestado Munté menos de una hora después de que varios representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hayan entregado a todos los miembros del Govern una notificación con la decisión del TC de este lunes.
Estos representantes han entregado un documento para cada conseller y para el presidente y lo han tenido que firmar conforme lo habían recibido, y Munté ha explicado que algunos miembros del Govern tenían "cierta experiencia" con el procedimiento, ya que el Alto Tribunal ya les notificó la suspensión de la resolución soberanista del 9 de noviembre de 2015.
"Nos damos por enterados", ha sentenciado Munté sobre las notificaciones, que han llegado al Palau de la Generalitat aprovechando la tradicional reunión de los martes del Consell Executiu, por lo que así todos los consellers se encontraban en la sede del gobierno catalán.
¿DESOBEDIENCIA?
La portavoz ha evitado emplear conceptos como el de desobediencia o desacato al TC, pero si ha insistido en que la Generalitat cumplirá con todos los mandatos que se aprueben en el Parlament al margen de lo que diga el Alto Tribunal: "La obediencia del Govern es al mandato del pasado 27 de septiembre".
Por otra parte, Munté también ha considerado que el Gobierno central hubiera querido que el TC hubiera ido "más lejos de lo que finalmente ha ido", ya que ha suspendido la decisión del Parlament, pero no ha tomado decisiones directas sobre responsables de la votación como la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell.
La portavoz ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de perseguir a representantes políticos que han defendido el proceso soberanista catalán, pero ha asegurado que sería "inimaginable" que se buscara la inhabilitación de Forcadell.
"El Parlament ha hecho lo que hacen todos los parlamentos del mundo que es debatir y votar", ha zanjado Munté sobre el debate y votación de la semana pasada sobre las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.
EL TC COMO "EJECUTOR"
La portavoz ha expuesto que el Tribunal Constitucional debería actuar como arbitro en los conflictos entre Generalitat y el Estado en cuanto a la constitucionalidad de las leyes y "no en ningún caso como tribunal ejecutor".
Ha acusado al Estado de "entender la Constitución Española como un código penal", y ha criticado que la situación entre Cataluña y el resto del Estado no llegará por la vía jurídica, sino por una negociación política entre las partes implicadas.