El TC suspende cautelarmente la resolución del Parlament sobre la desconexión con España

El Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el incidente presentado por el Gobierno contra la resolución en la que el Parlamento de Cataluña confirmó las conclusiones de la Comisión de Estudio del proceso constituyente. En esas conclusiones se diseñaba la hoja de ruta para la secesión de Cataluña del resto de España en abierto desafío a los pronunciamientos del TC en los que se ha señalado que esa ruptura no puede ser unilateral de acuerdo con la Constitución.

Tal como solicitó el Gobierno, el Constitucional ha suspendido cautelarmente la resolución del Parlamento Catalán que queda así, provisionalmente, privada de todo efecto. El tribunal se pronunciará sobre el fondo del asunto en septiembre, después de oír al fiscal y a la propia Cámara Autonómica. Asimismo, advierte a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran esta suspensión.

La decisión ha sido unánime en un pleno que, según adelantó EL ESPAÑOL, se ha celebrado fuera del calendario ordinario de sesiones y al que han asistido los 11 miembros del tribunal. El TC da 20 días al fiscal y al Parlament para que informen sobre la petición de nulidad de la resolución y requiere a la Cámara Autonómica para que, también en 20 días, informe sobre el cumplimiento de las resoluciones del TC que según el Gobierno se han vulnerado. 

El Pleno se ha reunido después de que el pasado viernes la Abogacía del Estado presentara un escrito para pedir que se declare nula la última declaración del Parlamento Catalán y que advierta a Forcadell, así como como al secretario general, como al presidente y miembros del Gobierno catalán que en caso de incumplir la orden del alto tribunal, podrán ser suspendidos de sus funciones, tal y como recoge la última reforma de la ley del TC.

Según la Abogacía, la declaración aprobada el pasado miércoles por el Parlamento Catalán “contraviene y desacata” lo establecido por las sentencias del TC, tanto de diciembre de 2015 como de julio de este año, declarando inconstitucional el proceso soberanista.

En el escrito estudiado hoy por los magistrados del tribunal que defiende la Carta Magna se les pedía que aplicaran el artículo 92 de la LOTC si seguían incumpliendo sus sentencias: “acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal”. Esta medida además conlleva una multa económica así como que el tribunal pueda deducir testimonio por si hubiesen podido cometer algún delito.

Para el Gobierno, “la declaración aprobada consiste en sí mismo en un nuevo incumplimiento evidente del Parlamento de Cataluña de una previa resolución judicial firme del TC”. Ese incumplimiento, a juicio de la Abogacía, “genera una situación de perturbación extremadamente grave del orden constitucional, pues el Parlamento de Cataluña pretende formalizar una vez más en contravención frontal con lo decidido por el TC en sentencia”.

A su juicio, la última resolución del Parlamento catalán supone un “manifiesto desprecio al régimen jurídico establecido por la Constitución como norma jurídica suprema, cuyo fundamental es la soberanía del pueblo español en su conjunto”.

La Abogacía del Estado presentó este escrito por orden del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien dio instrucciones para que actuara después de que el Parlamento catalán desafiara al Tribunal Constitucional, al aprobar este miércoles debatir sobre la “desconexión” de Cataluña.

Se trata de un incidente de ejecución contra la resolución aprobada en el Parlamento catalán. El Gobierno considera que la resolución del Parlamento catalán “vulnera radicalmente” la sentencia del Tribunal Constitución al del 2 de diciembre de 2015 que anuló el llamado proceso de ‘desconexión’.