El lunes, el pleno del Tribunal Constitucional estudiará la petición, por parte de la Abogacía del Estado, para declarar nula la última declaración del Parlamento Catalán y advertir al presidente catalán Carles Puigdemont y a la presidenta la cámara regional, Carmen Forcadell. Pero la posibilidad de que con ello se abra un recurso penal contra ambos no variará los planes veraniegos de la segunda, que pasará los primeros días de agosto fuera de España.
Respuesta del Gobierno a la "desconexión"
La Abogacía del Estado ha presentado este escrito por orden del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien dio instrucciones para que actuara después de que el Parlamento catalán desafiara al Tribunal Constitucional, al aprobar este miércoles debatir sobre la “desconexión” de Cataluña.
Se trata de un incidente de ejecución contra la resolución aprobada en el Parlamento catalán. El Gobierno considera que la resolución del Parlamento catalán “vulnera radicalmente” la sentencia del Tribunal Constitución al del 2 de diciembre de 2015 que anuló el llamado proceso de ‘desconexión’.
El pasado miércoles, la mayoría absoluta del bloque secesionista que integran Junts pel Sí y la CUP aprobaron las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. La votación supone un aval de la Cámara para abrir la vía unilateral de independencia, un paso más en la declaración del pasado 9 de noviembre, y el prólogo de la cuestión de confianza de Carles Puigdemont.