El ‘caso Clavell’ que ha mutado el concepto de corrupción de Ciudadanos

Óscar Clavell, diputado del PP por Castellón y exalcalde de La Vall d’Uixó, ha entrado de lleno este martes en la negociación entre populares y C’s para cerrar un acuerdo de investidura. El diputado está imputado por prevaricación, malversación de caudales públicos y exacciones ilegales. Está acusado de autorizar el pago de forma “totalmente arbitraria” de doce facturas por 706.789 euros a la adjudicataria del servicio de basuras (la empresa Secopsa).

Su caso ha abierto un debate sobre lo que es o no es un caso de corrupción. C’s está recabando información sobre su situación para decidir si exige su acta de diputado o no. El PP le defiende al hablar de temas administrativos. ¿Es Clavell protagonista de un episodio más de corrupción política o un ejemplo de mala praxis?, se preguntan en C’s.

Clavell era concejal de Urbanismo de La Vall d’Uixó -un municipio entonces dirigido por la popular Isabel Bonig como alcaldesa-, cuando ocurrieron los hechos. El PP ganó las elecciones con un programa electoral que preveía la privatización del servicio de basuras. Bonig se hizo con el Ayuntamiento en 2007 y comenzó con la privatización del servicio, cuya adjudicación recayó en la empresa Secopsa Medioambiente SL en 2009 con un contrato de veinte años.

Pronto comenzaron los problemas. Los técnicos municipales comenzaron a dar cuenta de que la empresa estaba incumpliendo el pliego de condiciones que le hizo ganar el concurso. Entre ellas, no contaba con el número de empleados exigidos, ocupaba dependencias municipales pese a que no podía hacerlo y se negaba a informar de los trabajos a los funcionarios y técnicos que se lo exigían. Tampoco cumplió con la renovación de la maquinaria (lo que supuso un perjuicio de más de un millón de euros) ni con el compromiso de construir unas instalaciones deportivas por 1,2 millones que presentó como mejora al concurso. “El PP tampoco exigió que lo cumpliera”, dice Antoni Llorente (IU), primer teniente de alcalde de La Vall.

El conflicto derivó en varios expedientes sancionadores. Los técnicos se negaron a validar las facturas desde diciembre de 2009 a abril de 2010. Y fue entonces cuando comenzó el choque entre Clavell, como concejal encargado del área de Urbanismo, y los trabajadores municipales.

Denuncia de presiones a técnicos

Isabel Mateo fue la trabajadora a la que se le encomendó que supervisara el cumplimiento del servicio. Presentó varios escritos a la empresa en la que reclamaba información que estaba obligada a presentar en el Ayuntamiento de forma mensual. No tuvo respuesta, así que informó al entonces edil de la situación y se negó a validar ninguna factura. Tanto ella como otros técnicos declararon ante el juzgado que fueron presionadas por Clavell para que validaran las facturas.

También denunciaron nuevas presiones tras declarar en la Fiscalía cuando la oposición llevo el asunto a los juzgados años más tarde. Según explicaron, les insistía en que si el servicio se estaba cumpliendo debían conformar los pagos. Pero la opinión de los técnicos era que el servicio no se estaba prestando adecuadamente y se negaron. Los incumplimientos eran de tal calado que el secretario municipal instó en un escrito a dar directamente por finalizado el contrato con Secopsa, pero no se hizo.

Y así se llega a la Navidad de 2010, con las doce facturas pendientes de pago. Clavell está imputado porque en esas fechas, siendo alcalde accidental por las vacaciones de Isabel Bonig, validó y autorizó por su cuenta el pago de los más de 700.000 euros aún a sabiendas de todos los expedientes contarios y la negativa de los téncnicos. Lo hizo, según la querella de la Fiscalía, tras un proceso en el que Clavell “desoyó los informes de los técnicos, les presionó para que validaran facturas, validó personalmente las facturas que aquellos no habían conformado por no haberse prestado el servicio o haberse hecho defectuosamente y aprobó y ordenó el pago de forma totalmente arbitraria”.

El ahora diputado siempre ha alegado que lo hizo para evitar un mal mayor porque corría el riesgo de que se convocara una huelga de basuras ante los problemas de la empresa para pagar a los trabajadores. Clavell fue alcalde cuando Francisco Camps reclamó a Bonig para su equipo en 2011 y no consiguió revalidar la alcaldía en las pasadas elecciones de 2015.

El procesamiento y nuevos casos 

Óscar Clavell fue procesado por este caso en febrero de este año, pero su nueva condición de diputado nacional ha retrasado la apertura de juicio hasta que el Supremo se pronuncie sobre la causa debido a su aforamiento.

El procesamiento de Clavell coincide en el tiempo con otro asunto que el nuevo equipo de gobierno, formado por PSPV, Compromís y Esquerra Unida, ha llevado a la fiscalía: el llamado caso de los nichos falsos. Una investigación municipal concluyó que Clavell ordenó alterar el orden de enterramientos para dar un lugar privilegiado a una matriarca gitana. Ello ha dejado al descubierto un nicho falso, el de el inexistente Aitor Iureta, tal y como consta en la documentación a la que accedió EL ESPAÑOL. Óscar Clavell lo niega, pero rechazó declarar y explicar el caso en las pesquisas abiertas por el Ayuntamiento.