No ha habido que esperar a la vista oral, que comenzará el 4 de octubre, para que afloren los desacuerdos del tribunal que juzgará la parte principal del caso Gürtel. La petición del ex tesorero del PP Luis Bárcenas de que declaren como testigos los ex secretarios generales y otros cargos del PP ha enfrentado seriamente a los tres miembros de la Sala, hasta el punto de que tuvo que intervenir el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, para intentar una conciliación (imposible) de criterios.
El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, a quien está asignada la ponencia del caso, quedó en minoría el pasado julio cuando el tribunal debatió la petición de prueba de Bárcenas, que fue aceptada por los otros dos magistrados, José Ricardo de Prada y Julio de Diego.
Ha sido la primera vez en la que Hurtado ha tenido que ceder la ponencia, no sólo por su desacuerdo en la admisión de unas declaraciones testificales que considera "no pertinentes" sino también por no entender la celeridad con la que sus colegas de tribunal querían aceptar la petición del ex tesorero del PP, presentada el pasado 8 de julio y después de haber formalizado el escrito de defensa, donde debió incluir su solicitud de pruebas para el juicio oral.
El presidente de la Audiencia llegó a celebrar una reunión con los tres jueces a la vista del enfrentamiento entre ellos, que incluyó reproches a Hurtado de que estaba incurriendo en un retardo indebido en la administración de justicia. Navarro planteó una solución intermedia consistente en aceptar la tramitación de la comisión rogatoria a Suiza también solicitada por Bárcenas y dejar la puerta abierta para resolver más adelante sobre la necesidad del testimonio de los dirigentes y ex dirigentes del PP.
La propuesta fue aceptada por Hurtado pero no por De Prada y Diego, que el 20 de julio presentaron a la firma del presidente del tribunal el auto por el que se ha aceptado la citación a la vista oral de Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, José Manuel Fernández de Santiago, Jaime Mayor Oreja y Gerardo Galeote.
Citaciones incómodas
Los tres primeros han sido secretarios generales del PP y Arenas es actualmente vicesecretario general y miembro del comité de dirección del partido. Son, por tanto, comparecencias muy incómodas para la formación de Mariano Rajoy, que se enfrenta en un crítico momento político al primer juicio en el que se debatirá sobre la existencia de una caja B en Génova 13.
La presunta utilización de dinero negro en el PP, sin ser el objeto central de esta parte del caso Gürtel (referida al funcionamiento del entramado empresarial de Francisco Correa), focalizará con toda seguridad las sesiones del juicio. Los escritos de acusación dan pie a ello al afirmar la existencia de una caja B en ese partido. En concreto, la Fiscalía sostiene que Luis Bárcenas "se apoderó de fondos (...) que procedían de una contabilidad paralela o caja B del Partido Popular que se nutría, con carácter general, de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".
El auto por el que se acepta la declaración testifical de los cargos y ex cargos del PP, redactado por el magistrado José Ricardo de Prada, al que se atribuye una ideología progresista, no justifica la necesidad de citar a cada uno de ellos sino que se refiere, en general, al derecho a la defensa de Bárcenas y a que el planteamiento de este acusado es "razonable" y "no es ni abusivo ni desproporcionado".
Hurtado, por el contrario, considera que la Sala debió analizar la relación que puede tener con el objeto del proceso cada uno de los cargos del PP propuestos como testigos y concluye que sólo la citación de Acebes y Galeote está justificada. El primero, por su intermediación en la compra de acciones de Libertad Digital, operación que se incluye en los escritos de acusación, y el segundo porque "pudiera contribuir" a esclarecer los pagos que se dicen realizados por Correa a Bárcenas.
Ángel Hurtado, considerado un magistrado de perfil conservador, estima que la comparecencia de Cascos, Arenas, Mayor Oreja o Rato puede estar justificada en la parte del caso Gürtel referida a los llamados 'papeles de Bárcenas', que será objeto de un enjuiciamiento autónomo. En la primera parte del macrosumario, sin embargo, "no debieron ser admitidas" sus declaraciones testificales dada "la diferenciación entre quienes se encargaran del área política y quienes se encargaran del área económica" dentro del PP.
A su juicio, no hay datos de que esos ex dirigentes del PP intervinieran en el área económica y de contabilidad. "Su función era política y nada tenía que ver con la disposición de fondos", por lo que "no se acaba de entender qué relación puede guardar su testimonio con el relato fáctico que constituye el soporte fáctico de la acusación".
Urgencias
El escrito de Hurtado también explica su discrepancia con la "urgencia" de sus compañeros de tribunal en resolver la petición de prueba instada por Bárcenas.
Además de la "dificultad" y del tiempo necesario para localizar en la causa los documentos que puedan dar luz sobre la relación de las testificales solicitadas con el objeto del proceso, Hurtado dice que "hay que tener en cuenta que desde el día 18 de julio, en que se entra a deliberar sobre el escrito de ampliación de prueba, hasta el día 29, que iniciaba su primer período de vacaciones este magistrado, por razón del trabajo que ha debido atender en la Sección ha tenido que dictar hasta 23 autos en diferentes rollos de apelación más otro en una extradición, resoluciones que entendía que eran de atención preferente, no solo por haber entre ellas causas con preso, sino porque lo llamado a proveer en el escrito de ampliación de prueba he considerado que no era de la urgencia que han considerado mis compañeros, si se tenía en cuenta esa carga de trabajo de carácter preferente". Hurtado indicaba, además, que las reglas procesales permiten admitir pruebas incluso comenzado el juicio oral.
El voto particular fue notificado el 16 de agosto, 18 días después de que se conociera el auto del que discrepa, pese a que la ley ordena que la resolución y los votos particulares se notifiquen juntos. Ni siquiera en las notificaciones hay sintonía entre los miembros del tribunal que juzgará el caso Gürtel.