El Partido Popular destruyó los dos ordenadores que guardaba su extesorero, Luis Bárcenas, en su sede de calle Génova. Borró, con la opción "más drástica" posible, todo el contenido hasta en 35 ocasiones, se rayaron sus discos duros y se tiraron a la basura. Todo esto se hizo siendo Mariano Rajoy presidente de la formación y a sabiendas de que había una investigación abierta en la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del partido.
Así consta en el auto por el que se cierra la instrucción y se procede contra el PP, la sucesora de Bárcenas, Carmen Navarro, el abogado del partido, Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno por los delitos de encubrimiento y daños informáticos, y por lo que están en el paso previo a sentarse en el banquillo de los acusados. Según la juez Rosa María Freire, el PP procedió a aplicar los protocolos de seguridad a los ordenadores de Bárcenas en mayo de 2013, a pesar de que dos meses antes el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz inició una investigación por la presunta existencia de una contabilidad paralela o B en el PP.
Esa contabilidad paralela la elaboró durante casi dos décadas el propio Bárcenas y se conoció tras su filtración a los medios de comunicación. Bárcenas entregó esa información al juez, después de que fuera expulsado del partido tras conocerse que escondía cuentas en Suiza durante la instrucción del 'caso Gürtel'.
Cuando el país helvético entregó a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria, donde quedaba reflejado que Bárcenas había llegado a acumular 48 millones de euros, el PP le prohibió la entrada a la sede del partido. Ya no era tesorero desde que fue imputado por el 'caso Gürtel' pero sin embargo mantenía despacho. Al salir a la luz los datos de Suiza, el PP dejó caer a Bárcenas y ahí empezaron los enfrentamientos entre ambos.
Borrados los pagos a Rajoy
Bárcenas reconoció ante Ruz la existencia de una contabilidad paralela en la sede del partido a través de entregas de donaciones de empresarios y a su vez el pago de sobresueldos a dirigentes del partido, entre ellos Mariano Rajoy y la actual secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
En el marco de la instrucción de la pieza separada conocida como 'Papeles de Bárcenas', Ruz requirió al PP los discos duros de los ordenadores del extesorero para poder corroborar la información que éste había entregado al Juzgado con lo que había guardado en sus ordenadores. Si la versión del extesorero y exsenador era falsa podría quedar demostrada con los datos guardados en esos ordenadores.
Bárcenas aseguraba que en esos ordenadores había información relativa a la financiación opaca del PP, así como la agenda con reuniones con su antecesor en la Tesorería, Álvaro Lapuerta y con donantes del partido, escaneados de diversos pagos de la contabilidad B del partido firmados, detalles de presupuestos de campañas electorales, documentos visados por Lapuerta e información sobre sus cuentas en Suiza.
PP vs Bárcenas
Sin embargo, el PP entregó los ordenadores con los discos duros destrozados. Desde que a Bárcenas se le impidió el acceso a la sede, había intentado recuperar los aparatos, sin éxito. Incluso llegó a denunciar al PP por el robo, alegando que eran suyos, pero esa denuncia no prosperó.
El PP alegó que tras ese sobreseimiento optó por proceder al borrado según exige la ley de protección de datos. Pero la jueza no se cree las explicaciones ofrecidas por la formación. Primero, que como “veterano jurista”, el jefe de los servicios jurídicos del PP, Alberto Durán, ordenó su destrucción a sabiendas que el sobreseimiento de la denuncia de Bárcenas por el robo de los ordenadores no se puede equiparar con cosa juzgada y, por tanto, “nada impide la reapertura de las diligencias si hay razones para ello”. Por tanto, no es razón para la destrucción de los aparatos una vez que ya se estaba investigando la contabilidad B del partido, además de que ya se habían iniciado la tensiones entre el extesorero y la formación.
El PP no es creíble
La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid tampoco se cree que los ordenadores estaban vacíos, tal y como alegó el partido. El único testimonio para sostener este argumento, según el auto judicial, es el ofrecido por el informático, investigado en esta causa, quien dijo haber hecho una búsqueda ciega antes de proceder al borrado, con el resultado de no hallar ningún archivo.
“Es un argumento claramente exculpatorio, ab initio, que se ve contradicho por el usuario durante años de los referidos elementos informáticos, Bárcenas, y que es contrario a la lógica de las cosas”.
La juez recuerda que Bárcenas venía utilizando los ordenadores portátiles, en un despacho del que tenía uso exclusivo, al que acudía varios días a la semana y que quizás conscientes de la comprometida información que guardaba, protegía, adoptando medidas de seguridad, hasta el punto de que cerraba con llave y no permitía su apertura, ni siquiera para su limpieza, si que él estuviese presente y lo autorizase.
Además, dado que a pesar de su imputación por el 'caso Gürtel' se le había dejado seguir utilizando su despacho, nada hacía sospechar que le fuese impedida la entada sin previo aviso, de un día para otro, y por tanto el acceso a sus elementos de trabajo de los últimos años. “Carece de sentido que los hubiese vaciado”, añade la magistrada.
“Negoció arduamente”
Pero es que además, según recoge el auto, Bárcenas “negoció arduamente” la entrega, primero a través de su abogado, después mediante un requerimiento a la tesorera por burofax, y a continuación, mediante una denuncia ante los tribunales. “Se ha llegado a argumentar que lo que se solicitaba era la devolución de los ordenadores, pero no la de los archivos que contenían. Resulta evidente que lo que tenía interés para él era el contenido y no el continente”, dado que eran dos ordenadores, uno ya obsoleto y otro ya le había dado problemas técnicos.
Por último, la jueza pone de relieve que la información que podía haber en esos ordenadores “podría ser muy relevante”, no solo para Bárcenas sino para la instrucción seguida por Ruz, “y esta evidencia no pudo pasar desapercibida para los responsables del PP investigados en eta causa, pese a lo cual, o quizás por ello, impidieron, indiciariamente, su acceso a la causa”.
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