La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar ha requerido desde los años 2011 y 2014 los trabajos de reputación del empresario investigado en la trama 'Púnica', Alejandro de Pedro, para beneficiar su figura pública y añade que para ello utilizó dinero público.
Así lo dice en un informe en el que explica que la entonces consejera requirió de los servicios de De Pedro a través de la empresa Eico Online, S.L para que con las redes sociales y medios digitales, vinculados en Madiva Ediorial y Publicidad, contrarrestasen las informaciones "desfavorables" a Figar y dieran visibilidad a las noticias que favoreciesen su imagen.
La empresa realizaba informes mensuales que eran entregados directamente al jefe del Gabinete de Prensa de la Consejería Pablo Balbín, tal y como constata la Guardia Civil.
El equipo de investigación del Instituto Armado afirma que Figar "no era ajena" al contenido de estos informes, ya que se han encontrado correos electrónicos en los que De Pedro "ponía al corriente" de algunas de las acciones que su empresa llevaba a cabo, incluso le remitía dichos documentos.
Además, dice, que se puede "afirmar" que la exconsejera era consciente de la contratación de los servicios de Eico porque estaba al corriente de la implicación de altos cargos y funcionarios de la consejería madrileña y por "la prolongación en el tiempo" de este acuerdo.
"Queda patente que se estaba pagando con dinero público trabajos que benefician a la imagen personal y carrera política de la consejera, destinado a usos a la función pública caudales de su Consejería para promocionar su figura política", subraya la UCO.
La facturación de dichos servicios se realizaba mediante "el recurso permanente de contratación menor", indica, además de utilizar seis empresas distintas para facturar estos trabajos.
Según precisa el informe de la UCO, los empleados de las empresas de De Pedro usaban usuarios falsos en las redes sociales como "arma de ataque contra la oposición política y social", lanzando mensajes contrarios a estos.
Por todo ello, la UCO propone tanto al juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco como a la Fiscalía que considere a De Pedro responsable de los delitos de fraude en contratación pública, de falsedad en documento mercantil y de tráfico de influencias.
Estos mismos delitos son reclamados para Figar, ya que, a su juicio, "habría dado su conformidad a la contratación directa y reiterada" de los servicios de De Pedro, "era sabedora del cariz" de los mismos y se "habría beneficiado" de los servicios de De Pedro.
Asimismo, incluye a Agustín Alonso Conesa, socio y consejero de Eico, al considerar que era conocedor de estos trabajos y a dos personas en las empresas de De Pedro, Abel Linares Palacios y Víctor Daniel Steinberg, y solicita que se les investigue por los delitos de fraude en contratación pública y falsedad en documento mercantil.