Los acusados de las 'black' alegarán que desconocían las irregularidades

El escándalo de las tarjetas black de Cajamadrid y Bankia llega a juicio. A partir de este lunes, los 65 acusados por apropiarse indebidamente de 12 millones de euros se sentarán ante un tribunal de la Audiencia Nacional para enfrentarse a penas de hasta seis años de cárcel. La Sala tendrá que decidir a lo largo de los próximos meses si los expresidentes de la entidad, Miguel Blesa primero y Rodrigo Rato después, utilizaron y autorizaron tarjetas opacas fiscalmente y sin amparo legal entre sus consejeros y directivos y si éstos últimos son responsables de haberse apropiado indebidamente de un dinero que no les correspondía.

De cara al inicio del juicio, ninguno de los acusados ha considerado conveniente reconocer la irregularidad de sus hechos y pactar con la Fiscalía Anticorrupción una rebaja de la pena a cambio de asumir su parte de responsabilidad, según aseguran fuentes jurídicas.

Los acusados defenderán su desconocimiento en la opacidad de las tarjetas y apoyarán que se trataba de tarjetas de representación de libre disposición o parte de su retribución, dependiendo de los casos y de si se trata de consejeros o directivos. Mientras que los últimos defienden que se trataba de parte de su salario y por eso tienen gastos personales, los consejeros mantienen que era una tarjeta para gastos inherentes a su cargo con un límite establecido y controlado por la caja de ahorros.

Búsqueda de la atenuante

Algunos de ellos han devuelto el dinero para obtener una atenuante por reparación del daño, lo que conlleva una rebaja de la pena. El fiscal ya se lo aplicó a once de los acusados en su escrito de calificación provisional y desde entonces ha habido otros que han devuelto el dinero para recibir una petición de pena más benévola.

Entre los beneficiarios de esa propuesta de atenuante se encuentra el máximo responsable de la concesión de las tarjetas sin contar a los expresidentes, Ildefenso Sánchez Barcoj; el exsecretario de Estado de Hacienda con Rato y miembro del Consejo de Administración de Caja Madrid, José Manuel Fernández Norniella; el yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid; el vicepresidente de la patronal de empresarios CEOE, Arturo Fernández; o el exministro socialista Virgilio Zapatero.

Por su parte, tanto Miguel Blesa como Rodrigo Rato también han devuelto lo gastado en sus tarjetas, 436.000 euros y 99.000 euros, respectivamente. Sin embargo, en su caso la aplicación de la atenuante es más complicada porque la Fiscalía les hace responsables del gasto total de las 66 tarjetas durante su mandato, al ser los que aprobaron su uso.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que actúa como propietaria de Bankia (y dependiente del Ministerio de Economía) como acusación, no tiene, sin embargo, el mismo criterio y sí considera que se les debe aplicar una atenuante por reparación del daño.

Blesa y Rato, máximos responsables

A Blesa se le reclama una indemnización de 9,3 millones de euros, “por las cantidades dispuestas entre enero de 2003 y enero de 2010 por los usuarios de las tarjetas cuya emisión autorizó, cantidad de la que responderá conjunta y solidariamente con cada uno de los acusados usuarios de tales tarjetas de crédito hasta el límite de su correspondiente disposición”, recoge el fiscal en su escrito de conclusiones.

En el caso de Rato, el fiscal considera que debe indemnizar a la perjudicada, en este caso Bankia, con 2,6 millones de euros, que es el gasto total que se hicieron con todas las tarjetas durante su mandato, primero como presidente de Cajamadrid y después como máximo responsable de Bankia.

Los expresidentes son los que más carga tienen en su contra. Para Blesa, el fiscal solicita seis años de prisión por el delito de apropiación indebida (4 años y 9 meses en el caso del FROB) y para Rato, el Ministerio Público pide 4 años y medio cárcel (el FROB le pide 3 años). Fueron ellos quienes autorizaron la entrega a los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y a determinados altos directivos de unas tarjetas de crédito que podían ser empleadas por sus usuarios para gastos de libre disposición, incluidos gastos propios de naturaleza estrictamente personal.

Según el fiscal, estos gastos eran “ajenos al desarrollo de cualquier actividad de representación de la entidad o al desempeño de funciones o tareas al servicio de la misma”. A su juicio, “se consagró así una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal, previsión estatutaria, soporte en los correspondientes contratos mercantiles o de trabajo o respaldo en acuerdos formalizados o decisiones adoptadas por los órganos de administración de Caja Madrid”.

De Guindos, detrás

Este lunes 26 de septiembre arranca el juicio con el planteamiento de cuestiones previas y no será hasta el viernes cuando comience la declaración de los acusados. Entre el lunes y martes, los abogados de las defensas van a intentar conseguir la nulidad de todo el proceso para evitar la continuación del juicio.

El escándalo de las tarjetas black saltó el octubre de 2014 después de que el FROB remitiera a la Fiscalía todos los extractos bancarios de esas tarjetas desde el año 2003 y ésta presentara una denuncia ante la Audiencia Nacional.

El propio ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, narra en su libro España amenazada que en cuanto fue informado el caso, su respuesta fue que se ordenara la devolución de los importes y que se procediera según concluyeran los servicios jurídicos del FROB que debía hacerse. Así, confirma que fue informado del caso por el presidente de Bankia y sucesor de Rato, José Ignacio Goirigolzarri, a mediados de 2014.