El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha mantenido que él no fue el creador de las 'tarjetas black' tal y como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, y por lo que se enfrente a 6 años de prisión por apropiación indebida. El exbanquero ha insistido que “estaba en la plena convicción de que estaba actuando correctamente. Nadie planteó ninguna duda en una práctica que duró 23 años”. “No me planteé la ilegitimidad de nada de lo que estaba ocurriendo. Además, había servicios que podrían haberme advertido si hubiera algo irregular. Jamás hubo objeción alguna. Tengo la plena convicción de haber actuado legítimamente”, ha concluido su alegato a preguntas de su abogado.
Miguel Blesa ha mantenido durante su declaración como acusado que esas tarjetas empezaron en 1988 y él recibió una cuando entre como consejero. Cuando llegó a la Presidencia no se le ocurrió revisar los contratos porque se aplicaba el "principio de confianza".
Blesa 'las tarjetas eran un complemento retributivo'
"No me puse a revisar acto a acto o decisión a decisión si las tarjetas tenían el respaldo de otros órganos. Tienes que confiar que hay unos órganos internos, externos y otros institucionales, además de la inspección de hacienda, que durante todo ese tiempo, 23 años, nunca pusieron tacha alguna ni regularidad alguna".
Blesa ha insistido que no se trata de tarjetas de representación sino de libre disposición. "Cuando llegué a la caja, el secretario general, Ángel Moreno, me entregó la tarjeta. Era una tarjeta de libre disposición de consejero, en la que no era precisa la justificación de los gastos que se hacía", ha explicado.
Blesa intenta desmentir que se traten de tarjetas de representación sino de libre disposición, como un complemento retributivo, para así explicar que tanto él como el resto de los 63 directivos y consejeros de la entidad la utilizaron para todo tipo de gastos personales y no sólo para gastos en el ejercicio de su función.
La Audiencia Nacional juzga a 65 acusados por delitos de apropiación indebida. Los acusados van a intentar demostrar que se trataba de parte de su sueldo y, por tanto, podían utilizarlo en lo que considerasen oportuno. "Yo estuve con Jaime Terceiro (expresidente de Caja Madrid antes que él) y usé esa tarjeta. Era de libre disposición", ha insistido.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Blesa durante la etapa en que ocupó el cargo de presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Caja Madrid autorizó la entrega a los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y a determinados altos directivos de unas tarjetas de crédito.
Hasta la cuantía fue establecida por él mismo y con cargo a la sociedad que podían ser empleadas por sus usuarios para gastos de libre disposición, incluidos gastos propios de naturaleza estrictamente personal, ajenos al desarrollo de cualquier actividad de representación de la entidad o al desempeño de funciones o tareas al servicio de la misma.
"Se consagró así una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal, previsión estatutaria, soporte en los correspondientes contratos mercantiles o de trabajo o respaldo en acuerdos formalizados o decisiones adoptadas por los órganos de administración de Caja Madrid. Para dotar de la necesaria opacidad a tales retribuciones las tarjetas fueron emitidas al margen del circuito ordinario de solicitud, aprobación, emisión y cancelación de las tarjetas de empresa", recoge el escrito de acusación.
La culpa, de los demás
Durante el interrogatorio, Blesa ha echado balones fuera respecto de su posible responsabilidad. Él no fue quien creó las tarjetas sino su antecesor en la presidencia Jaime Terceiro para “dignificar” el papel de los consejeros. Tampoco tiene ninguna responsabilidad en el hecho de que esas tarjetas no fueran declaradas a Hacienda. Los consejeros y directivos recibían todos los años un certificado de haberes con los datos que debían declarar a Hacienda. “Nadie tiene que dudar que ahí venga los gastos de tarjetas, en otros complementos, en retribuciones en especie”, ha explicado el principal acusado.
Sin embargo, en los certificados resulta que no estaban incluidas las tarjetas. “La primera vez que hemos tenido conocimiento que no se han incluido las tarjetas en los certificados de haberes ha sido en este proceso con los escritos presentados por Bankia. Nadie está en eso. Nadie estaba en cómo se declaraba”.
Tanto él como los demás usuarios estaban “en la creencia” de que esa retención se estaba practicando. Y a su juicio, el responsable de que no se estuviera haciendo era el área fiscal. “¿Pero al área fiscal alguien le tendría que decir que eran retribuciones?”, le ha espetado el fiscal de Anticorrupción, Alejando Luzón. “Nadie ignoraba que estábamos tratando de una retribución”, ha contestado el acusado.
Las "pistas" a los auditores
Blesa ha mantenido que no había ningún tipo de “opacidad” en el uso de esas tarjetas y la prueba de ellos es que ni asesoría interna, ni externa, ni la inspección fiscal mostraron ningún tipo duda. Ante las sospechas del fiscal de la ocultación de esas tarjetas está el hecho de que no se mencionara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “La tarjeta era un medio de retribución. A la CNMV se le dan las cifras de retribuciones, no el medio de pago de esas retribuciones”, ha añadido.
Además, el expresidente de Caja Madrid se acoge al hecho de que en todos los años que duró su presidencia, entre 1996 a 2010, nunca nadie mostró ninguna duda sobre la regularidad de esas tarjetas, ni siquiera los auditores. ¿Pero los auditores sabían que existían esa tarjetas?, le ha espetado el fiscal. “Los auditores necesariamente conocen la existencia de las tarjetas. Porque los auditores tienen la obligación de analizar las actas de los órganos de gobierno. Y de ahí se pueden deducir la existencia de las tarjetas”, ha añadido. Los auditores tenían “pistas” para conocer su existencia.