Al mismo tiempo que el ex presidente de la Generalitat Artur Mas defendía en Madrid que "nuestra voluntad de diálogo va en serio, no es postureo", la Fiscalía interponía en Barcelona una querella contra la presidenta del Parlamento catalán en la que, lejos de describir cualquier actitud de diálogo, acusa a Carme Forcadell de llevar a cabo "una voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio de la Constitución de 1978, del ordenamiento emanado de la misma y de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional".
La querella contra Forcadell, ordenada por la fiscal general, le atribuye posibles delitos de desobediencia al TC y prevaricación por someter a votación del Pleno del Parlament las propuestas de la comisión de estudio del "proceso constituyente" pese a que el Constitucional le había advertido de forma expresa de que debía paralizar cualquier iniciativa que supusiera avanzar en el desarrollo de la resolución soberanista aprobada el 9 de noviembre de 2015. En esa resolución, anulada por el TC en sólo dos meses, el Parlamento de Cataluña declaraba el inicio de un proceso de creación de una república independiente.
La querella, firmada por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, relata que Forcadell se negó a que la Mesa del Parlament se pronunciara sobre si las propuestas de la comisión de estudio debían ser o no votadas por el Pleno y utilizó un artículo del reglamento que "permite" (no obliga) a que el orden del día del Pleno sea modificado a propuesta de dos grupos. Invocando la inviolabilidad de la Cámara, fueron Junts pel Sí y la Cup los que pidieron la votación de esas propuestas, en las que se diseña una hoja de ruta hacia la independencia.
¿Inviolabilidad?
"El pretendido ardid elucubrado para evitar la intervención de la Mesa y trasladar la eventual responsabilidad a un Pleno irresponsable no es sino 'una camuflada retórica al servicio del incumplimiento'" de lo ordenado por el TC, afirma la querella citando la sentencia en la que el Tribunal Supremo condenó al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por negarse a disolver el grupo parlamentario de Batasuna. La condena a inhabilitación de Atutxa supuso su desaparición de la vida política.
La Fiscalía sostiene que Carme Forcadell utilizó "torticeramente" el reglamento del Parlament y afirma que "en ningún caso puede la querellada excusarse en el privilegio de la inviolabilidad". "El Estatuto de Autonomía de Cataluña", explica, "dispone que 'los miembros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo'. Esta norma protege la libertad de expresión de los diputados autonómicos cuando contribuyen a conformar la voluntad de la Cámara mediante la emisión de opiniones y votos en los actos convocados conforme a su reglamento, no es un privilegio personal que les inmunice de responsabilidad por actos manifiestamente ilegales ejecutados al margen o en contra del propio sistema parlamentario".
La querella propone como primera diligencia la declaración de Forcadell en calidad de investigada (actual denominación de los imputados). La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Cataluña, al que corresponde la causa, decidirá en breve sobre la admisión a trámite de la querella.