El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad dirigirse al fiscal para que "si lo estima procedente, ejerza las acciones que correspondan" por la "eventual responsabilidad penal" en que pueda haber incurrido la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, por no acatar las resoluciones del TC. En concreto, por someter a votación de la Cámara autonómica las conclusiones de la "comisión de estudio del proceso constituyente" pese a que solo unos días antes el Constitucional le había advertido de su deber de "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que suponga avanzar hacia la secesión unilateral de Cataluña al margen de los mecanismos previstos en la Constitución para su modificación.

El pasado 27 de julio, el Parlamento catalán aprobó, a propuesta de la "comisión de estudio del proceso constituyente", una hoja de ruta hacia la independencia para su desarrollo tres fases: un proceso participativo que se articulará en torno a un 'foro social constituyente' integrado por representantes de la sociedad civil y de los partidos; una segunda fase de "desconexión con el Estado español y convocatoria de elecciones constituyentes para formar una asamblea constituyente, que deberá redactar un proyecto de constitución", y una tercera fase para la "ratificación popular de la constitución mediante referéndum".

Después de la fase de participación ciudadana, "se completará la desconexión con la legalidad del Estado español por medio de la aprobación de las leyes de desconexión por parte del Parlamento de Cataluña y de un mecanismo unilateral de ejercicio democrático (...). Las leyes de desconexión no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal".

Forcadell decidió someter esas conclusiones a votación alegando que el Reglamento de la Cámara le permitía hacerlo tras pedirlo la CUP y Junts pel Si.

El Pleno del TC ha aprobado esta mañana una resolución propuesta por el magistrado Andrés Ollero en la que se argumenta que el Reglamento del Parlament no obligaba a Forcadell a actuar como lo hizo y, sobre todo, ninguna norma puede prevalecer sobre la Constitución. Sin embargo, no especifica el supuesto delito o delitos cometidos.

Los magistrados han acordado la nulidad de las conclusiones aprobadas por el Parlamento catalán y han deducido testimonio de lo ocurrido al fiscal para que actúe contra Forcadell.

Se trata de la medida más benévola de las que podría adoptar el TC, que no ha querido hacer uso de la artillería que le proporcionó el Gobierno del PP en una reforma legal realizada en 2015. Esta reforma está impugnada ante el propio Constitucional.

La decisión adoptada contra la presidenta del Parlament es ajena a la modificación legal de 2015 y forma parte de las medidas de las que ya disponía el TC con anterioridad para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones.

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