La mujer de Granados ficha como abogado al ex jefe de la fiscal de Púnica

Nieves Alarcón, esposa del cabecilla de la trama corrupta Púnica, Francisco Granados, e investigada junto a él en este procedimiento, ha decidido cambiar de abogado. El pasado septiembre el bufete Ramón y Cajal concedió la venia a la letrada María Victoria Vega quien, a su vez, ha hecho saber al Juzgado que será sustituida cuando sea preciso por Juan Antonio García Jabaloy. Este jurista ha sido hasta hace escasos seis meses fiscal de la Audiencia Nacional, órgano donde se lleva a investigación.

García Jabaloy pidió el pasado abril la excedencia voluntaria para incorporarse como of counsel a la oficina en España de la firma internacional de abogados DLA Piper, donde dirige el área de penal económico. Fiscal de la Audiencia Nacional desde 2004, ha sido durante seis años (2006-2012) responsable de la delegación española en Eurojust, organismo creado por el Consejo de la Unión Europea para reforzar la cooperación de los Estados miembro en la lucha contra la delincuencia transfronteriza.

A sus órdenes en Eurojust trabajó desde 2008 María Teresa Gálvez, que es una de las dos fiscales anticorrupción que se encargan precisamente del caso Púnica. Asistente y suplente de Jabaloy, Gálvez fue número dos de la delegación española en Eurojust hasta junio de 2013, cuando se reincorporó a la Fiscalía Especial contra la Corrupción. García Jabaloy y Gálvez trabajaron juntos en La Haya durante cuatro años.

La esposa de Granados ha elegido, pues, como colaborador de su defensa a un ex fiscal que, además de conocer de primera mano el funcionamiento de la Audiencia Nacional, tiene excelentes relaciones con el Ministerio Público.

Fuentes de Anticorrupción restan trascendencia a esta situación, no sólo por la acreditada profesionalidad de Gálvez sino también porque los fiscales están ya acostumbrados a encontrarse 'en el otro lado' a antiguos compañeros. Sólo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se han pasado al ejercicio de la abogacía en los últimos años casi una decena de fiscales, entre ellos el ex teniente fiscal Jesús Santos, Ignacio Gordillo, Juan Moral, Florentino Orti, Ignacio Peláez o Enrique Molina. Algunos como Susana Landeras han hecho un viaje de ida y vuelta: Landeras se marchó a un bufete en noviembre de 2009 y se reincorporó a la carrera fiscal en febrero de 2012, regresando a la Audiencia Nacional unos meses después.

Puertas giratorias

La ley permite a los fiscales, igual que a los jueces, solicitar la excedencia voluntaria alegando, entre otros motivos, un interés particular. En esta situación deben estar como mínimo dos años, pasados los cuales pueden volver a incorporarse a la Fiscalía sin solución de continuidad. La excedencia voluntaria no permite reservar la plaza, aunque sí tienen preferencia en los concursos para obtener un puesto de su categoría en la misma provincia en la que tuvieron el último destino.

Nieves Alarcón, investigada por supuestos delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal, designó inicialmente como defensor al también ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, que la asistió en su primera declaración ante la Guardia Civil (28 de octubre de 2014) y ante el juez instructor, Eloy Velasco, el 29 de enero de 2015.

La operación Púnica comenzó con una querella de la Fiscalía Anticorrupción tras conocerse la existencia de varias cuentas en un banco suizo a nombre de Francisco Granados y David Marjaliza junto a sus respectivas esposas, Nieves Alarcón y Adela Cubas. Existen indicios de que los fondos depositados en esas cuentas proceden de delitos relacionados con la corrupción, en particular de amaños vinculados a la promoción urbanística y la contratación administrativa.

En casa de los padres de Nieves Alarcón la Guardia Civil encontró un maletín con cerca de un millón de euros. Granados ha reconocido hace unos días que el dinero formaba parte del que tenía en Suiza y que su socio, David Marjaliza, se lo entregó en España.