Terceiro desmiente a Blesa y Rato: es "inconcebible" que las tarjetas fueran retribución

El economista Jaime Terceiro, que presidió Caja Madrid entre 1988 y 1996, ha calificado esta mañana de "irresponsabilidad" que se le presente como creador de las tarjetas black cuya supuesta utilización ilegal ha llevado al banquillo a 65 exconsejeros y directivos de la entidad.

Terceiro, cuya comparecencia como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional ha sido adelantada a petición de las defensas, interesadas en situar el foco en quien puso en marcha esas Visa, ha respondido como testigo de cargo del fiscal que las tarjetas, "aprobadas por el consejo de administración, no por mi" en 1988 eran "exclusivamente para gastos de representación" y siempre "controladas por el secretario general, que pedía los justificantes de los gastos".

El expresidente de Cajamadrid se refería al fallecido Angel Montero, a quien algunos acusados han señalado como la persona que les habría informado de que los plásticos servían para "todo tipo de gastos" y que "no necesitaban justificante".

Sorprendido por lo dicho en el juicio

Terceiro ha expresado continuamente su sorpresa por "lo que he ido leyendo que se ha dicho" en el juicio. La mejor "demostración empírica", ha dicho, de cómo se usaron las tarjetas black en su época es que "durante 9 años todo permaneció invariable, siempre con un gasto medio de 250 euros mensuales con las tarjetas y una retribución anual en dietas de 1800 euros", mientras que de 2003 a 2012 "en algunos casos se pasó a 500.000 euros" de retribución. "Cualquier cosa que no coincida con lo que yo estoy diciendo es rotundamente falsa", ha dicho Terceiro entre comentarios críticos y risas sarcásticas de los acusados.

El expresidente de Caja Madrid explicó que el consejo de la entidad aprobó la emisión de tarjetas para sus miembros y para la comisión de control con el fin de "dignificar" su función porque existía la convicción generalizada de las percepciones eran muy bajas. Se utilizó el sistema de tarjetas de empresa aplicadas a "gastos de representación para ejercer actividades correspondientes a la función de consejero" porque "es el procedimiento más transparente dada la trazabilidad que tiene su uso".

El economista ha señalado que el limite mensual de las tarjetas era de 600 euros y subrayó que "nunca se cambió porque no había gastos de representación razonables para llegar a él". También en contra de lo que han asegurado algunos acusados, el testigo ha manifestado que no se podía sacar dinero en metálico "bajo ningún concepto".

Especialmente incisivo ha estado con sus sucesores, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, que defienden que las tarjetas tenían carácter retributivo o de complemento salarial. "Eso no es concebible ni en la Caja ni en otras instituciones", ha dicho Terceiro, "Me parece preocupante que se diga que ése es un sistema habitual en el sistema financiero. Es un mensaje falso que trata de oscurecer el comportamiento de gente que en su inmensa mayoría ha sido ejemplar".

Abucheos

Terceiro ha aludido a la crisis del sistema financiero para insistir en que "no todas las entidades han tenido el mismo comportamiento", aunque "se da la paradoja de que tres de cada cuatro españoles tienen la peor opinión del sistema financiero". Una valoración que, a su juicio, se debe a que "existe un intento espureo de mezclar comportamientos rectos con los que no lo son".

La declaración de Jaime Terceiro ha estado jalonada de abucheos provenientes del banquillo, sobre todo cuando el fiscal Alejandro Luzón se ha quejado de que las defensas intentaban "amedrentarle". Entre los acusados y sus defensas se considera que el testigo "miente" y así se ha tratado de poner de manifiesto, entre otros, por el letrado de Blesa, Carlos Aguilar. El defensor ha resaltado que, de acuerdo con las actas del consejo de la entidad, Terceiro tenía en 1988 una retribución de 28 millones de pesetas anuales, de los cuales dos millones correspondían a gastos de representación como presidente.

El letrado ha subrayado que Jaime Terceiro ocultó en la declaración prestada ante el juez instructor que una parte de su retribución estaba constituida por gastos de representación, que es la tesis que sostienen los dos expresidentes hoy acusados.