Las personalidades clave de la Justicia, en el seminario de El Español

Las reformas que necesita la Administración de Justicia de forma prioritaria han centrado este martes la segunda jornada del seminario organizado por EL ESPAÑOL con motivo de su primer aniversario. El encuentro fue abierto por el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, y clausurado por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, a cuya intervención asistió el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.

La cita congregó a magistrados del TC como Andrés Ollero y Antonio Narváez; a magistrados del Tribunal Supremo como Cándido Conde-Pumpido o Antonio Salas; a Clara Martínez de Careaga, Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya o Rafael Mozo, vocales del Consejo General del Poder Judicial; el portavoz de Justicia del Grupo Socialista del Congreso, Juan Carlos Campo, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, entre otras personalidades. 

El jefe de la Abogacía del Estado en el Tribunal de Cuentas, Javier Borrego; los ex presidentes del Supremo Javier Delgado y Pascual Sala, así como magistrados eméritos como Ignacio Sierra se encontraban, asimismo, entre las personalidades que asistieron al seminario. 

Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura; Raimundo Prado, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria; Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia; Conrado Gallardo, ex presidente del Foro Judicial Independiente, y el magistrado no asociado Antonio García Paredes intervinieron en la primera mesa redonda, mientras que la segunda reunió al fiscal de Sala Eduardo Fungairiño; la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert; el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Rafael Lara, y el presidente del Consejo General de los Procuradores, Juan Carlos Estévez.

Un buen momento

Lesmes y Catalá no coincidieron físicamente pero sí en una idea relevante de sus intervenciones: el actual momento político, con una incipiente legislatura en la que van a ser necesarios los pactos, es un buen momento para las reformas que precisa la Administración de Justicia.

"Pongámonos de acuerdo", enfatizó el presidente del Poder Judicial. "Si lo conseguimos, tendremos la justicia eficiente y de calidad que demandan los ciudadanos".

Catalá parafraseó a Lope de Vega (en España "siempre mañana y nunca mañanamos", escribió el clásico) para asegurar que "si hay una materia que no admite más mañaneos, más dilaciones, más mareos es la reforma de la Justicia. Todos lo vemos así y todos estamos convocados para que ese viaje de 'las musas al teatro' lo podamos emprender juntos, desde la concertación y el consenso".

El ministro propuso una Estrategia Nacional para la Justicia que incluya cinco consensos: para la regeneración y la lucha contra la corrupción, para el fortalecimiento del Estado de Derecho, para lograr la agilidad y la eficacia en la tramitación de los procesos, para impulsar modificaciones orientadas a las personas y para la transformación digital.

Sobre esta última, Catalá señaló que "sé que la tarea es compleja y que surgen dificultades en el camino, pero en esta 'sociedad de riesgo' que anticipaba Ulrich Beck (sociólogo alemán) a finales de los 90, las tecnologías no son parte del problema sino, antes al contrario, la solución a muchas de sus urgencias, entre ellas, más transparencia, más accesibilidad y mejor gobernanza en la Administración de Justicia".

O lo que es igual: "una justicia digital, con menos dependencia del papel; una justicia innovadora, mediante la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal en todo el territorio nacional; o una Justicia con un sistema de gestión procesal común".

Rafael Catalá también ha defendido un consenso que tiene que ver con la "auténtica razón de ser de la ley: las personas y la sociedad". La Ley, como decía Tony Judt (historiador británico), "es uno de nuestros 'bienes públicos por excelencia', y por ello no puede obviar jamás a las personas".

"El camino nos lo mostraba Denis Diderot (escritor francés) hace dos siglos en su ilustrada Enciclopedia: 'Si expulsamos al hombre, el universo se calla, el silencio y la noche se apoderan de él'. Todo lo que sea seguir avanzando por la senda que hemos emprendido desde las reformas, también en el ámbito de la Justicia, cualificará nuestro sistema protegiendo mejor a quienes sirve: a la sociedad y a los ciudadanos", ha concluido el ministro de Justicia.

Hablan los jueces

Tras la intervención del ministro, se dio paso al coloquio protagonizado por los magistrados Manuel Almenar, Raimundo Prado, Ignacio González Vega, Conrado Gallardo y Antonio García Paredes.

Los representantes de las cuatro asociaciones judiciales han defendido una reforma de la Justicia urgente. El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) ha reclamado un gran pacto de Estado, destinado a garantizar el correcto funcionamiento de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, y acabar así con un “diagnóstico desfavorable de la Justicia”.

“Lo primero de todo es reivindicar un pacto de Estado o una estrategia nacional de Justicia. Un 81% de los ciudadanos expresa una amarga conclusión, que es que todos los gobiernos han tenido más intereses por el control de la Justicia que por mejorarla”, ha subrayado.

González Vega ha insistido que una de las reformas debe pasar por el cambio en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Estamos ante la colonización por parte de los partidos políticos de las instituciones. Existe una confrontación partidista que tiene importantes consecuencias en este organismo”, ha explicado.

Todos ellos defienden un nuevo modelo de organización territorial basado en la colegiación de los órganos judiciales. Para Manuel Almenar, la organización actual es propia de un sistema “agrícola”. “¿Dónde están los hospitales en la Comunidad de Madrid? No podemos tener un hospital de primer nivel en todos los pueblos de España y ocurre lo mismo con la Administración de Justicia. El Estado no puede desaparecer en esos territorios. Debe estar para solucionar el problema del día a día pero los temas de fondo, de entidad, deben residenciarse en tribunales de instancia, colegiado”, explica el presidente de la APM, que recuerda que todas las asociaciones esta de acuerdo con los tribunales de instancia.

Otro punto en el que han coincidido las asociaciones es en la politización de la Justicia. Mientras que Conrado Gallardo reconoce que el órgano donde mayor politización existe es el Tribunal Supremo, “por ser el campo de batalla de los políticos”, Raimundo Prado, de la Francisco de Vitoria, ha sostenido que el Poder Judicial es un “bufón”. “El poder político ha intentado fagocitar al resto de poderes, y sobre todo al poder judicial. Determinados políticos nombran a determinadas personas y y así no tienen que hacer el trabajo sucio”, ha añadido.

Según ha relatado, las asociaciones quieren que esto deje de ser así y que el Poder Judicial sea un “verdadero poder”. “Los jueces somo responsables, honrados, tenemos hipotecas, llevamos la vida de cualquier ciudadano, y queremos colaboración y responsabilidad del resto de poderes. Somos uno de los auténticos bastiones contra la corrupción. Que se le honre, que se dignifique”.

Las intenciones de las lombrices

Prado también ha reclamado mayor independencia judicial y que sea “real y efectiva”. “Existe un problema de concepto. El resto de poderes debe creerse que el Poder Judicial debe ser realmente independiente. Y así acabará el libro más hermoso, que es el libro de la Justicia”.

Para conseguir no sólo esa independencia sino que deje de existir la idea de que los jueces no son independientes por parte de la ciudadanía, Almenar tiene la solución, apoyada por el resto de las asociaciones: un sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de los propios jueces y no de los partidos políticos. “Los vocales lo son a propuesta de uno y otro partido político y siempre va a surgir la duda de que sus decisiones serán una correa del partido que les designó. La solución es que los vocales sean designados por los propios jueces, una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa que ya firmó nuestro país en el año 2010”.

“Como decía el director de cine José Luis Cuerda, nunca se puede saber las verdaderas intenciones de las lombrices. Salvando las distancias, no podemos saber las verdaderas intenciones de nuestros políticos”, ha añadido.

Por su parte, el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Antonio García Paredes ha defendido la labor de los jueces. Según ha manifestado, la Justicia es un pilar esencial. “Si la justicia funciona mal, el ejecutivo y el legislativo funcionan mal”. A su juicio, existen dos problemas: un funcionamiento deficiente y que no permite atender a las crecientes demandas de la ciudadanía con la calidad y rapidez necesarias y una apariencia de politización. “La combinación de estos dos problemas está generando un tercero, la progresiva pérdida de confianza de los ciudadanos en la Justicia”, ha añadido.

La segunda mesa redonda moderada por el abogado y consejero de EL ESPAÑOL, Javier Gómez de Liaño, comenzó con la intervención de Sonia Gumpert, que ha insistido en la necesidad de una una sola reforma “imperiosa”, crear más plazas de jueces. “La tecnología y la reformulación del modelo son reformas complementarias”, ha manifestado. La decana del Colegio de Abogados de Madrid ha recordado que los distintos gobiernos han incumplido “constantemente” la promesa de invertir en Justicia.

Por su parte, el que fuera fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, se ha centrado en el papel de la Fiscalía. Y ha concluido de una manera muy tajante: “No os fiéis siempre del Ministerio Fiscal”. Este fiscal ha relatado cómo ha ido modificando el estatuto del fiscal desde la dictadura de Primo de Rivera, en la que el fiscal estaba “plenamente implicado” con el Gobierno, era el representante del Gobierno ante la Justicia. En la actualidad, el Ministerio Fiscal ya forma parte del Poder Judicial. “¿Con eso se soluciona el problema de la dependencia con el Gobierno? Yo creo que no”, ha señalado.

A su juicio, “la idea que prevalece es que el fiscal debe ser un representante del Gobierno”. Y la prueba es que según su Estatuto orgánico, el fiscal general del Estado cesa cuando lo hace el Gobierno de la Nación. “Parece que el fiscal no pudiera seguir su política criminal propia, que puede ser distinta de la del Gobierno”.

Por su parte, Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, ha recordado el problema que existe con la planta judicial y que debe ser uno de los focos de la reforma de la Justicia. “Se trata de un problema enquistado en la Justicia española. Con Francisco Caamaño (exministro de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero) se intentó un rediseño de la planta judicial. Luego Alberto Ruiz Gallardón (exministro de Justicia con Mariano Rajoy) lo volvió a intentar, y fue con fracaso generalizado".

Estévez defiende, como la mayoría de los componente de la mesa redonda, que hay que llegar a un pacto “porque, si no, políticamente es difícil de implantarlo”.

Por último, Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, también ha defendido que la Justicia necesita modificaciones estructurales y técnicas. “Vivimos en un proceso que lastra el funcionamiento de los Juzgados”. Asimismo, Lara ha defendido la modernización y la digitalización de la Justicia.

En el acto de clausura, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ subrayó la profesionalidad y la independencia de los jueces españoles, "que están a la altura para combatir la corrupción, como se está poniendo de manifiesto en los procesos de todo signo que están enjuiciándose".

Carlos Lesmes manifestó que la Justicia no está politizada, aunque así sea percibido por los ciudadanos. ¿A qué se debe esa percepción? Uno de los factores que, a su juicio, contribuyen es la utilización espuria de la acción popular.  “La acusación popular es un mecanismo de participación del pueblo en la justicia. En la Unión Europea no existe la acción popular. Se utiliza muchas veces con fines políticos, a veces con fines de chantaje como se ha visto con Manos Limpias”, ha señalado.

Lesmes ha recordado el reciente auto del magistrado del alto tribunal y exfiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, por el que se citaba a declarar a la senadora y exalcaldesa valenciana, Rita Barberá, resolución en la que se hacía mención a la intervención del PSOE como acusación popular. “A veces la personación de los partidos políticos no tiene más que una finalidad política y contamina el sistema”, ha recalcado.

Así, ha destacado que existe un sentir popular de que los aforamientos es un privilegio y por tanto la Justicia está contaminada por la política. “Los aforamientos tienen mucho que ver con la acusación popular”. Ha puesto de ejemplo a los países vecinos y ha recordado que en aquellos que no hay acción popular no hay aforamiento.

“El aforamiento es un mecanismo de defensa. Los jueces están aforados porque muchas veces se utilizan querellas para perturbar la acción de la Justicia. En nuestro país, este exceso de los aforamientos no es tanto un privilegio que va buscando una mayor benevolencia, que no es cierto, sino defensa del abuso en muchas veces de la acción popular”, ha indicado.

Por otro lado, el presidente del CGPJ ha recordado los datos del Eurobarómetro de 2016, en el que España sale entre los seis países que peor opinión de independencia judicial tienen sus ciudadanos. “A los seis países que van en cabeza de percepción de independencia favorable, los jueces del Tribunal Supremo los nombra el gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia. Los seis peores, entre los que está España, son los que tienen un Consejo de justicia”, ha recordado.

“Quiero acabar con el mito. Los españoles tenemos que reflexionar. Creo que lo que hay que atajar es el modelo de nombramiento. Hay que reducir drásticamente la discrecionalidad de los nombramientos”, ha indicado.

Lesmes ha defendido que se deben ampliar los requisitos para poder acceder al Tribunal Supremo, dado que en la actualidad el único requisito es que se tenga 15 años de carrera. Considera que se debe ir a una Justicia independiente, y para ello es necesario ciertas reformas, como la implantación de los tribunales de instancia, una reforma del proceso penal para reducir las dilaciones indebidas, y una buena infraestructura de medios materiales y personales. “Que la digitalización deje de ser un auspicio en el proceso sino que vertebre desde el principio al fin, como ocurre en otros modelos, como en la administración tributaria”, ha añadido.

Justicia ante precariedad política

Y todo esto se consigue, según Lesmes, con un pacto. “Dado que estamos bastante de acuerdo unos con otro, pongámonos de acuerdo. Si lo conseguimos tendremos una Administración de Justicia de calidad, que contribuya a la paz social”.