El TC acotará su capacidad de suspender a un alto cargo a cada episodio concreto

El Pleno del Tribunal Constitucional que se celebra este miércoles y el jueves respaldará con toda probabilidad la 'reforma exprés' que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en octubre de 2015, con los solos votos del PP y de su socio electoral UPN, para dotar al TC de medidas que garanticen la efectividad de sus resoluciones frente a las autoridades que no las acaten. Fue una modificación impulsada poco antes de que el Ejecutivo entrara en funciones y claramente orientada a hacer frente al Govern y al Parlament de Cataluña en su proyecto secesionista unilateral y al margen de los mecanismos que prevé la Constitución para su revisión.

La medida más contundente de las previstas en esa reforma es la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos responsables de incumplir una decisión del TC. Otras, como la imposición de multas de hasta 30.000 euros o la ejecución sustitutoria de los pronunciamientos del tribunal mediante el auxilio del Gobierno de la nación, no presentan problemas de constitucionalidad, según se puso de manifiesto durante las primeras deliberaciones de los magistrados el pasado mes de octubre.

Pero la suspensión por el propio tribunal de los cargos públicos que le desobedezcan ha suscitado más controversia. La vicepresidenta del TC, Adela Asùa, a la que inicialmente correspondió la ponencia, ha declinado la redacción de la sentencia por su desacuerdo con la posición mayoritaria, favorable a esa medida. Asúa formulará un voto discrepante y el texto que este miércoles va a ser debatido ha sido redactado por Pedro González-Trevijano, un magistrado clave en las conversaciones que durante los últimos meses se han desarrollado para lograr la unanimidad en los asuntos relacionados con el desafío soberanista catalán, una unanimidad ahora rota.

La naturaleza de la suspensión

La incógnita que resta es cuál será la posición final de Juan Antonio Xiol, ya que el sector mayoritario del tribunal cree que Fernando Valdés no dejará sola a Asúa y suscribirá el escrito discrepante. La magistrada catalana Encarnación Roca está con la mayoría.

La diferencia esencial que separa la posición de Adela Asúa y del nuevo ponente se centra en la determinación de la naturaleza de la suspensión. Para la vicepresidenta, penalista por especialización, se trata de una sanción. Para González Trevijano, el carácter de la medida depende de su finalidad, de manera que no será una sanción si no persigue imponer un gravamen o un plus de perjuicio a la autoridad concernida sino, como se desprende de la reforma, remover los obstáculos que existan para garantizar el cumplimiento de los pronunciamientos del TC. Es, así, un mecanismo para asegurar la eficacia de la jurisdicción constitucional y no un 'castigo' al desobediente.

Juicio 'abstracto'

La ponencia insiste en varias ocasiones en que la misión del tribunal es hacer un juicio abstracto de la constitucionalidad de la reforma, tratando de desvincularla al caso concreto de las autoridades catalanas que, como la presidencia del Parlament, Carme Forcadell, acaba de ser objeto de una querella por desobediencia al TC.

En este sentido, el proyecto de sentencia advierte de que la aplicación de esa medida debe ser interpretada de forma estricta, rigurosamente necesaria para garantizar la efectividad de las decisiones del TC y temporalmente acotada a la remoción de los obstáculos que se hayan presentado para el cumplimiento de las resoluciones del tribunal.

La inexistencia de plazos en la suspensión es precisamente, a juicio del ponente, una de las características que diferencia esta medida de una sanción, ya que la suspensión no tendrá una duración determinada, sino la estrictamente indispensable para que la resolución desobedecida se cumpla,

Para el TC, la suspensión no es en absoluto una inhabilitación, ya que la autoridad pública o el funcionario suspendidos no se verán privados de sus cargos.
La ponencia propone, de esta forma, la desestimación del recurso interpuesto contra la reforma por el Parlamento vasco. El PSOE, que anunció que impugnaría la iniciativa, finalmente no lo hizo