Ximo Puig triplica la inversión en promoción de la lengua valenciana

El gobierno valenciano destinará el próximo año más de siete millones de euros para el fomento y la promoción del valenciano, el triple de los fondos del último año que el PP ocupó la Generalitat. La cifra viene reflejada en el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio y persigue un objetivo que el nuevo gobierno se ha marcado como prioritario: normalizar el uso de la lengua propia tras el “retroceso” por años de “desierto” en la promoción del valenciano durante los veinte años de gobiernos populares. La apuesta ha llegado incluso a Murcia.

Las cuentas para 2017 incluyen una partida para la promoción del valenciano en El Carche, una zona con parte de población valencianoparlante que integra a los municipios de Abanilla, Jumilla y Yecla. El aumento de fondos es una pata más del giro que el gobierno del PSPV-PSOE y de Compromís quiere dar a la política lingüística para aumentar el uso del valenciano en la educación, la administración, la justicia, los medios de comunicación y otros ámbitos.

“Nuestra apuesta es llegar a los estándares de inversión de otras comunidades (con lengua propia). Estamos llegando a la altura de Galicia, no creo que sea discutible que destinemos unos fondos parecidos a los destina un gobierno como el de Galicia, del PP”, defendió el conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís) durante la presentación del presupuesto de su departamento. Antes del cambio de gobierno, la Comunidad Valenciana destinaba a la promoción de la lengua propia los mismos fondos que Asturias. “Venimos de veinte años de prácticamente desierto en la promoción de la lengua, estamos muy contentos del aumento (de la partida) pero todavía me parece insuficiente”, le dijo su compañero de formación, el diputado Josep Nadal, excantante de un grupo de música en valenciano.

A la cola en promoción

Para la Conselleria de Educación hay una razón clara para triplicar este gasto. “Éramos la comunidad autónoma con lengua propia que menos promoción de la lengua propia hacía”, indican. Lo que se propone es otorgar ayudas y subvenciones por más de 7 millones de euros a asociaciones, sindicatos, municipios, publicidad, traducción… De ellos, 3 millones irán destinados a ayudas a los medios de comunicación que utilicen el valenciano total o parcialmente. En los presupuestos de 2015, los últimos de un gobierno del PP, el gasto no llegó a los dos millones. De ellos, 1,6 millones para medios que emitieran en valenciano (radio y televisión), una partida que el expresidente Alberto Fabra incluyó como novedad tras el cierre de Canal 9.

La diferencia es abismal. Como ejemplo, en ayudas para el fomento del valenciano en asociaciones cívicas, sindicatos y otros colectivos se ha pasado de destinar 100.000 euros a dos millones.

El gobierno valenciano argumenta que en los últimos años sí ha mejorado el conocimiento del valenciano, pero su uso ha retrocedido, tal y como recoge una encuesta de 2015. El sondeo refleja también que un 27% de la población no entiende nada o casi nada el valenciano mientras que un 65% es incapaz de escribirlo y un 41% no es capaz de hablarlo. Los datos contrastan con Cataluña, donde el 97% entiende el catalán y un 78% lo sabe hablar.

Para apoyar el aumento de fondos para la promoción y otros proyectos como avanzar en la inmersión lingüística en los colegios y exigir saber valenciano para acceder a una plaza de funcionario (medida en debate), el departamento de Marzà se apoya en que, según esta encuesta, el 85% de los valenciano cree que la lengua propia debería usarse más (43%) o igual que ahora (42%).

La lengua como confrontación 

Para Beatriz Gascó, diputada autonómica del PP, el aumento de la partida es totalmente innecesario. “Cada comunidad tiene que gastar el dinero en función de sus necesidades y en la Comunidad Valenciana no había ningún problema, creemos que el valenciano está totalmente consolidado”, explica. Gascó habla de “imposición” de la lengua incluso en zonas donde “están exentas por ley”. Se refiera a las zonas castellanoparlantes del sur de Alicante donde los alumnos están exentos de estudiar valenciano. Marzà llegó a plantear que esta excepción iba a acabar. “A los padres no les preguntamos si quieren que enseñemos matemáticas”, dijo en su día. La medida fue finalmente paralizada.

“Es cierto que cuidan mucho esa parcela (la promoción del valenciano) y descuidan mucho otras como la educación especial (…) El valenciano es importante, pero no es el todo en la educación. Ciudadanos en ningún momento está contra el valenciano, hay que promocionarlo, pero mirando con lupa dónde van estas partidas”, dice Merche Ventura, diputada autonómica de la formación de Albert Rivera.

La política lingüística en la Comunidad Valenciana ha sido y es uno de los frentes que provoca los debates más encendidos en el parlamento autonómico en un marco en el que se ha asociado a la derecha con políticas relajadas en este ámbito y a la izquierda en el lado contrario, con medidas encaminadas a normalizar el uso y establecerlo como preferente. La diferencia ha derivado en una pugna entre lo que comúnmente ha llegado a denominarse como posiciones ‘catalanistas’ o ‘anticatalanistas’. “El PP no ha hecho nada más que confrontar con la lengua para rascar votos (…) Este gobierno sí apuesta por normalizar el valenciano, venimos de 20 años de inacción absoluta, de contrapolíticas”, defiende la diputada socialista Carmelina Pla.

Pla recalca como ejemplo que esta “inacción” ha impedido que en la Comunidad Valenciana se desarrolle una industria cultural propia. El porcentaje de lectura en valenciano es del 2% frente al 28,1% en Cataluña, del 12,4 en Baleares y del 5% en Galicia y País Vasco, apunta.

El valenciano de Murcia

La Conselleria de Educación no ha concretado qué porcentaje de una partida de 1,25 millones se dirigirá a fomentar el valenciano en Murcia. En todo caso, la promoción no es nueva. Hace diez años que en Yecla se dan cursos de valenciano con la colaboración de la Academia Valenciana de la Lengua. La medida nació después de la reclamación de un vecino al defensor del pueblo valenciano. Desde entonces, se ofrecen cursos en la Universidad Popular de este municipio, el único de El Carche que se sumó a la iniciativa. “Han pasado ya 362 personas y hemos tenido que ampliar un grupo”, explica la directora, Purificación Azorín.

Desde Educación aseguran que la partida va en la línea de lo propuesto en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, que pide más ayudas para la protección y fomento del valenciano en esta zona. “La lengua se ha mantenido como tradición oral, pero no se escribe”, puntualiza Azorín.

¿Exigencia para ser funcionario?

En el frente abierto para ampliar los ámbitos de utilización del valenciano está también el cuerpo funcionarial. El gobierno valenciano prepara una Ley de Función Pública que, entre otras cosas, introduce el debate de si el conocimiento de la lengua propia será requisito indispensable para acceder a una plaza. De momento, un informe elaborado por la comisión de especialistas creada para la elaboración de la ley ha concluido que la decisión “de exigir o no el conocimiento del valenciano como requisito de acceso a la función pública” es una cuestión “propiamente política” más que técnica o jurídica, así que se ha propuesto que sean las Cortes Valencianas las que lo decidan.

En la actualidad, el valenciano es una condición que se pide después de haber pasado unas oposiciones, pero la ley no marca plazos ni el nivel de valenciano que debería alcanzar el funcionario para garantizar el uso oficial como marca el Estatuto. El informe repasa cómo se aborda esta cuestión en otras comunidades bilingües, desde la “imposición” en Cataluña hasta el examen de gallego que deben superar junto al resto de pruebas en las oposiciones de Galicia y el sistema de proporcionalidad en la exigencia del conocimiento de la lengua como requisito para aspirar a una plaza en Baleares.

Los expertos de la comisión están divididos entre los que son partidarios de que el valenciano sea un requisito previo para acceder a la función pública para garantizar la comunicación en las dos lenguas oficiales y entre quienes defienden seguir con el modelo actual, que no excluye entre quienes saben valenciano y los que no para acceder a una plaza, pero estableciendo medidas que garantice ‘a posteriori’ su conocimiento y las posibles consecuencias si en un plazo determinado no se acredita el manejo del valenciano.

La medida de implantar el requisito lingüístico (aún en proceso de negociación) ha despertado el rechazo mayoritario de los sindicatos y divide también a los socios de gobierno.