El accionista principal de Arcelormittal, el gigante mundial del acero, y una de las grandes fortunas de España, José María Aristrain de la Cruz, se enfrenta a la mayor acusación presentada en España por la Fiscalía por delito fiscal: 64 años de prisión y una multa de 1.190 millones de euros por la supuesta defraudación de 211 millones. Las cifras superan con creces las del proceso penal que hasta ahora ostentaba el récord: el seguido contra Demetrio Carceller Coll y su hijo, Demetrio Carceller Arce, para quienes se pidió 48 y 14 años de cárcel, respectivamente. Los Carceller alcanzaron finalmente un pacto con la Fiscalía que les evitó el juicio; devolvieron 95 millones de euros que incluían la cuota defraudada, la multa y los intereses.

La acusación presentada contra Aristrain por el Ministerio Público es incluso más grave que la que sostiene la Abogacía del Estado en nombre de la Agencia Tributaria, que ha pedido 60 años de cárcel y multa de 633 millones.

Un "montaje" para "eludir" al fisco

La Fiscalía sostiene que Aristrain, "con el único objeto de no cumplir con sus obligaciones fiscales para con el erario público español", llevó a cabo un "montaje puramente artificial" consistente en la deslocalización tanto de su domicilio fiscal como de sus participaciones sociales, que formalmente figuraban en diversos países extranjeros pese a que el empresario "residía en territorio español, donde mantenía sus relaciones económicas y personales más relevantes".

Con ello, según la acusación pública, consiguió "no tributar ni por su renta personal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ni por su patrimonio en el Impuesto sobre el Patrimonio ni por los dividendos y plusvalías obtenidas por las sociedades por él controladas en el Impuesto de Sociedades" entre 2005 y 2009.

El escrito de acusación, que también se dirige contra las mercantiles Corporación JMAC B.V., Corporación J.M. Aristraín S.L., Guanaba S.L. e International Restoration Cars Limited, afirma que en 1998 el industrial ordenó la constitución en Holanda de la sociedad Corporación JMAC para acogerse “artificiosamente” y de forma “abusiva” al “muy beneficioso” tratamiento fiscal que rige en dicho país para una sociedad patrimonial de tenencia de participaciones “mediante la exención de tributos de los dividendos repartidos por las sociedades participadas y las plusvalías obtenidas por las ventas de dichas participaciones”.

Cuando la sociedad dejó de gozar de ese ventajoso tratamiento fiscal en Holanda, Aristrain dispuso el traslado de su gestión a Luxemburgo, donde quedó constituida de la siguiente forma: el 100% era participada por la sociedad española Corporación J.M. Aristrain, que a su vez era poseída al 69,17 % por José María Aristrain y el 30,83 % por la Fundación Navarra Aristrain de la Cruz.

En realidad, según el fiscal, se trataba de una “falaz apariencia” puesto que el control y la dirección efectiva de la Corporación estaba ubicada en Pozuelo de Alarcón. Y es que de esta forma como habría logrado que sus empresas dedicadas a la industria del acero en España no tributaran al erario público por el impuesto de sociedades ni tampoco en Luxemburgo porque allí estaban exentas.

En 2005 liquidó la sociedad Tenmat S.L. controlada por él mismo, si bien antes de hacerlo transmitió de forma “artificial” la titularidad de su corporación a otra llamada Corporación JMAC B.V., “deslocalizando con ello la plusvalía obtenido que no tributó ni en España ni en Luxemburgo". Con ello habría causado un perjuicio a Hacienda de más de 130 millones de euros.

Desvío a paraísos fiscales

Parte de los beneficios obtenidos por la Corporación JMAC B.V. eran reintroducidos en España y la otra parte desviada a distintas sociedades radicadas en paraísos fiscales. Para ello se habría servido de la sociedad International Restoration Cars Limited, domiciliada en Islas Vírgenes y que habría sido utilizada para desviar fondos a través de otra sociedad maltesa llamada Wasp Limited. International Restoration corrió con los gastos y mantenimiento del chalet de Aristrain en Suiza -en el que “trapaceramente” el industrial fingía tener su domicilio, dice el fiscal-, de su yate o de sus coches, “que tampoco fueron declarados”. 

En 2005 Aristrain “simuló” haber trasladado su domicilio social a Suiza, lo que habría originado un perjuicio a la Hacienda Pública de más de siete millones de euros por el IRPF y de casi tres millones por el impuesto de Patrimonio.

En total, la Fiscalía sostiene que el perjuicio total causado a la Hacienda Pública alcanza los 210.980.706,23 euros.