La investigación sobre prostitución de menores tutelados por la Diputación de Álava sigue su curso en el Juzgado mientras que la arena política vasca se remueve por lo ocurrido. La institución foral afectada se escuda en el secreto de sumario para no dar más información que la parcialmente aportada el sábado pasado por la diputada de Servicios Sociales, Beatriz Artolazábal, y el lunes por el diputado general, Ramiro González.
Este martes el PP, principal partido de la oposición en el territorio alavés, ha exigido responsabilidades políticas al equipo de gobierno del PNV y ha acusado a sus titulares de “ocultar información” y no obrar con la eficacia y transparencia debidas. Unas críticas compartidas en su mayoría por Podemos de Álava, que ha reclamado revisar los protocolos de menores de la Diputación y denunciado la evidencia de su “falta de control” sobre los centros socioeducativos.
La gestión de la institución foral ha pasado a primer plano desde que se conociera que la madre de un menor alertó en abril sobre las sospechas de que su hijo, acogido en las instalaciones de Sansoheta, se estuviera prostituyendo, sin que se pusiera remedio a esta situación hasta seis meses después, en octubre. Fue entonces cuando la Diputación detectó que al menos cinco adolescentes bajo su tutela en el mismo centro mantenían contactos sexuales con adultos a cambio de dinero y decidió denunciar los hechos ante la Ertzaintza y los tribunales de Justicia.
La versión oficial, transmitida por González, es que los técnicos forales no informaron a Artolazabal de la denuncia cursada durante la primavera hasta que la dirección de Sansoheta detectó en otoño las situaciones de prostitución. La denuncia de la madre, investigada por la Policía Local, no prosperó y fue archivada en el juzgado. La diputada, en la que ha sido su única comparecencia, eludió dar cuenta de este precedente.
“INSUFICIENTE RESPUESTA”
“Ha ocultado información y tiene que dar explicaciones sobre lo ocurrido “, ha asegurado a EL ESPAÑOL el presidente del PP de Álava y portavoz de su grupo en Juntas Generales, Javier de Andrés. Previamente ha exigido en rueda de prensa la aclaración de los pasos dados por la institución, la depuración de responsabilidades por la “insuficiente” respuesta ante la magnitud del problema y la revisión del funcionamiento de los centros de menores.
“Lo más grave es que hubo una denuncia en abril y la Diputación no se enteró de nada. Las sospechas de la madre tenían sentido y hemos perdido seis meses. La diputada, o no se enteró o si enteró no resolvió nada”, expone De Andrés.
Para el PP urge aclarar cuál fue la “cadena de transmisión” de la denuncia interpuesta por la madre y por qué la diputada “se ha visto superada” por los acontecimientos. Por ello ha solicitado la comparecencia en Juntas Generales (parlamento provincial) tanto de González y Artolazabal como de los responsables de la empresa Urgatzi, adjudicataria de la gestión de Sansoheta.
El grupo de Podemos en las Juntas Generales coincide con el PP en reclamar que se “investigue a fondo” y “se depuren responsabilidades”. “Los primeros indicios de que algo estaba pasando no se tuvieron en cuenta”, señalan desde la formación morada.
De Andrés solicita transparencia y cuestiona además la información suministrada por la Diputación. Asegura que una cosa es proteger a los menores y respetar su intimidad y otra distinta”no ofrecer los datos de la actuación interna de los que se dispone”.
PROSTITUCIÓN DE UNA MENOR DE OTRO CENTRO
Poco ha aportado la Diputación este martes en el esclarecimiento de los hechos que se le reclama. Ramiro González, en sus segundas declaraciones al respecto, se ha limitado a incidir en la necesidad de proteger a los menores y en la responsabilidad penal en que han incurrido quienes abusaron de ellos. En su ánimo de defender a estos jóvenes “hasta donde haga falta”, la institución foral ha decidido personarse como acusación particular, papel que compartirá con la asociación Clara Campoamor.
El diputado general ha eludido aportar nuevos datos y clarificar, por ejemplo, si las prácticas sexuales con adultos se extienden a residentes de otros centros bajo tutela institucional.
EL ESPAÑOL ya informó el sábado de la existencia de una segunda causa judicial actualmente en fase de investigación por un caso de prostitución ajeno al denunciado por la Diputación el 6 de octubre, que afectaría a un único menor ingresado en otro hogar tutelado.
La víctima es una chica y las circunstancias difieren de las observadas en Sansoheta, donde nueve menores ofrecían sus servicios sexuales por Internet y utilizaban ordenadores del centro para sus contactos, que luego se producían en pisos y otros lugares de la capital alavesa. En ese caso la adolescente era explotada por un proxeneta en un club
LOS CLIENTES, LOS DELINCUENTES
Tanto la Diputación como la Fiscalía ponen el acento en exculpar a los menores tutelados, que en general padecen problemas de comportamiento y proceden de familias desestructuradas y en ocasiones cuentan con un historial de graves abusos en sus espaldas.
El último en señalar la responsabilidad, no sólo ética sino también penal, de los adultos que actuaban como clientes ha sido el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro. El representante del ministerio público ha señalado que el consentimiento del menor no es óbice para que “el delito lo cometa la persona que acepta tener relaciones a cambio de un precio, de una remuneración o de una promesa”. Además, el Código Penal agrava las penas cuando la víctima es menor de 16 años, al considerar cada relación sexual como una violación.
Hasta el momento son seis los imputados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria, que investiga la denuncia por prostitución de menores en Sansoheta. El único que ha ingresado en prisión preventiva es un psicólogo clínico que trabajaba habitualmente con las instituciones y que cuando fue detenido estaba contratado por el Ayuntamiento de Vitoria para el desarrollo de un programa de apoyo a menores desprotegidos y sus familias y disponía de una mesa de trabajo en dependencias municipales. A través de esas sesiones de terapia conoció a algunos de los adolescentes inmersos en la causa.
El psicólogo había trabajado para la Diputación, realizando valoraciones en materia de adopción, pero su vinculación con el ente foral “acabó en 2015”, por lo que el diputado general, Ramiro González, ha insistido este martes en que si trabó contacto con los menores fue por vía externa y no a través de la institución.