Poco más de una hora ha durado este lunes la comparecencia en el Tribunal Supremo de la ex alcaldesa de Valencia por el PP y senadora Rita Barberá, ahora en los escaños del grupo mixto de la Cámara tras ser obligada a darse de baja en el partido.
Investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con la financiación irregular de la formación política en la que ha militado durante 40 años, Barberá accedió tambaleante a la sede del Alto Tribunal, le costó sacar su DNI para que la 'ficharan' en el control policial de la entrada y salió de la misma forma que llegó, con el rostro serio y sin hacer declaración alguna a los medios.
El magistrado de la Sala Penal designado instructor, Cándido Conde-Pumpido, dejó el protagonismo del interrogatorio al fiscal de Sala Juan Ignacio Campos y al defensor, José Antonio Choclán (Barberá no quiso contestar al PSOE, personado como acusación popular) y sólo formuló una pregunta final que sirvió a la senadora para reiterar que, en su conocimiento, no hubo 'pitufeo', el supuesto mecanismo utilizado para blanquear dinero opaco del partido.
En el marco de una investigación sobre contratos públicos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento que dirigía Barberá, el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia descubrió que unas 50 personas vinculadas al grupo municipal del PP o al partido habrían realizado aportaciones 'limpias' (a través de transferencias bancarias) de 1.000 euros y, a cambio, una colaboradora de la alcaldesa, María del Carmen García-Fuster, les habría entregado dos billetes de 500 euros supuestamente procedentes de fondos opacos del PP.
Barberá, que también hizo su aportación, dijo a Conde-Pumpido que "a mi no me devolvieron ninguna cantidad y tampoco tengo conocimiento de que le hayan devuelto cantidades a persona alguna".
Su versión será previsiblemente contrastada con otros testimonios. El instructor ha dado un plazo de tres días a las partes para que soliciten diligencias de investigación y el fiscal baraja pedir la citación de cuatro asesores municipales que ya han declarado como testigos en el Juzgado de Valencia. Todos ellos han afirmado que poco antes de las elecciones municipales de 2015 se les facilitó una cuenta corriente para realizar el ingreso de 1.000 euros y se les aseguró que les sería reintegrado con dinero en metálico dado en mano.
Se trata de Patricia Iserte, Arancha López, Jesús Gordillo y Nuria Diego. Esta última entregó al juez de Valencia la nota con el número de cuenta que se le facilitó. Iserte, por su parte, le dio al instructor un documento extraído de su ordenador, fechado el 26 de marzo de 2015, donde apuntó la operativa que se les propuso y que ninguno de los cuatro realizó por considerar que era un "claro blanqueo de capitales".
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Rita Barberá explicó sobre ellos que eran personas de la confianza del vicealcalde, Alfonso Grau. "Ninguno de ellos han hablado conmigo sobre la existencia de una Caja B", aseguró la senadora, que dijo que desconocía todo lo relacionado con las cuentas corrientes del partido. "Niego absolutamente la existencia de una caja B", afirmó.
Otros aspectos relevantes de su declaración, recogidos del acta de la comparecencia conocida por EL ESPAÑOL, fueron los siguientes:
La aportación de 1.000 €
"Fue para incrementar los ingresos para la campaña. Se acordó en una reunión del Comité de Campaña que vendrían bien 1.000 euros. La declarante no estaba presente en esa reunión pero nunca se ha hecho posteriormente ninguna devolución (...) Desconoce absolutamente nada de las devoluciones que han manifestado esas personas [se refiere a los testigos citados]".
"Que no sabe por qué esas personas han manifestado que la declarante estaba detrás de esa devolución. Que conoce a las personas que han manifestado eso pero no sabe a qué puede obedecer esa manifestación de esas personas. Desconoce absolutamente nada de lo relacionado con eso".
"Todos los pagos están relacionados con la campaña (...). Todos los ingresos fueron necesarios para pagar los gastos de la campaña".
Adjudicaciones irregulares
"Respecto a las conversaciones entre varias personas [el ex gerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, que grabó en secreto durante años a sus compañeros del PP] en las que manifestaban que se habían firmado contratos con empresas en función de sus aportaciones, manifiesta que todas las adjudicaciones se aprobaban por una comisión en la que estaban los principales técnicos municipales (interventor, etc ... ). Esta mesa de contratación hacía una propuesta al órgano que tenía que aprobar este contrato y así se ha hecho siempre. No es consciente de las conversaciones telefónicas de terceras personas entre Marcos Benevent y otros respecto a la limpieza del sistema de contratación. Que la declarante es absolutamente ajena al contenido de esas conversaciones y que no ha intervenido en esas adjudicaciones".
"La declarante no ha hablado nunca con ningún empresario que en ese momento tuviera interés en alguna adjudicación. Es más, ha prohibido que entraran a su despacho cuando las propuestas estaban en estudio".