La gobernabilidad en la Asamblea de Madrid depende del voto de una diputada del PP de baja por depresión. A finales de octubre, Elena González-Moñux hizo público a través de un medio de comunicación que había sufrido acoso laboral por parte del portavoz de su grupo, Enrique Ossorio. Ese día, todos los diputados del partido conservador firmaron un comunicado respaldando a su portavoz.
Cristina Cifuentes saluda al portavoz de C´s en la Asamblea, Ignacio Aguado.
El Gobierno de Cristina Cifuentes suma una aritmética muy particular: en el Parlamento madrileño cuenta con el apoyo de sus 48 diputados, incluida González-Moñux; y los 17 de Ciudadanos, con quien firmó un pacto de investidura. Sin embargo, PSOE y Podemos (37 y 27) suman 64 escaños, por lo que la baja de la diputada supuestamente acosada deja al PP sin la mayoría que necesita para poder gobernar (pasarían de 65 a 64). Sin su presencia en los plenos, el empate técnico en el marcador del hemiciclo madrileño provoca que ni la oposición ni el Ejecutivo regional tengan capacidad para sacar adelante ninguna iniciativa si la bancada contraria se opone.
La propia Cristina Cifuentes se puso del lado de su portavoz parlamentario en cuanto leyó a través de los medios la denuncia de su portavoz adjunta. Ella no le había comunicado antes los insultos que asegura que le propinaba Ossorio. La presidenta de la Comunidad de Madrid criticó que Moñux aireara su situación laboral en los medios de comunicación y no en los tribunales, que es donde se deben juzgar las agresiones. La diputada mantenía que no quería elevar el problema con su jefe a los tribunales para no hacer daño al partido. Sin embargo, finalmente ha presentado una denuncia formal este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la campaña de descrédito a la que la han sometido sus compañeros
"Es positivo que se haya judicializado"
Cifuentes se refirió este martes al caso y deseó a su compañera una pronta recuperación. "Es positivo que este tema se haya judicializado y que sean los tribunales quienes decidan". Además, la presidenta arropó a su portavoz y justificó que éste interpusiera una demanda contra la persona que dice que le acosa para no ser sometido a un juicio público sin poder defenderse.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han confirmado a este diario que la diputada madrileña ha registrado este martes una denuncia de 37 folios contra Ossorio ante la Sala de lo Penal y Civil del citado tribunal. Se trata del órgano competente para entender de presuntos delitos que afectan a diputados autonómicos. En concreto, Elena González-Montoux le acusa de “agresiones verbales, delitos contra la integridad moral, delitos de lesiones psíquicas, coacciones, amenazas e imposición de condiciones de trabajo que afectan al trabajador”.
Ya el pasado 16 de noviembre esta misma Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo que intervenir en este conflicto después de que Ossorio solicitase un acto de conciliación con González-Montoux para que rectificase y se retractase de sus manifestaciones mediante disculpa pública en todos los medios de comunicación en los que hubiese vertido acusaciones contra él. Además, le solicitaba 100.000 euros en concepto de daños y perjuicios. En caso de no aceptar la diputada, interpondría contra ella una denuncia por delitos contra el honor. El TSJM, en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, inadmitió la solicitud de Ossorio “por falta de competencia” y le recordaba que, para los actos de conciliación, debía acudir a los juzgados de primera instancia.
Sin la portavocía
González-Moñux asegura que su objetivo no es renunciar a su escaño ni pasar al Grupo Mixto, sino que quiere permanecer en el Grupo Parlamentario Popular. Sin embargo, desde que denunció su situación, el PP la apartó de la dirección del grupo popular, le quitó la portavocía adjunta y, por tanto, le sentarán cuando vuelva en un escaño con mucho menos protagonismo que el que ocupaba, casi al lado de su supuesto acosador. La decisión de la dirección que supone una disminución en su nómina de unos 800 euros mensuales.
De momento, Cristina Cifuentes no tiene pensado disolver el Parlamento regional y convocar elecciones ante lo que puede ser una legislatura mucho más complicada que gobernar en minoría. Fuentes internas a la Asamblea madrileña aseguran que nadie tiene ni idea de qué va a hacer González-Moñux a partir de ahora. Disolver el Parlamento es, aseguran todas las fuentes consultadas, la última opción. En el horizonte, el PP se propone sacar adelante temas tan importantes como los Presupuestos Generales del Estado. Si su diputada no se reincorpora antes, los PGE podrían no salir adelante y entonces "sí que habría que plantearse" si habría que ir a unas nuevas elecciones.