Carlos Fabra, investigado por patrocinar a un piloto de motos

El juzgado de Instrucción número 3 de Castellón ha citado a declarar el próximo 31 de enero al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y al piloto de motos Álex Debón. Ambos comparecerán como investigados en una causa abierta por un presunto delito de cohecho, según fuentes jurídicas.

La causa, iniciada a partir de una denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal, investiga el dinero recibido por la mercantil del piloto en concepto de patrocinio por parte de la empresa Aerocas, sociedad creada en 2003 para construir y gestionar el aeropuerto de Castellón.

Recientemente el titular del Juzgado requirió a la Policía Judicial para que completara la investigación realizada por la Fiscalía y elaborara un informe sobre el dinero que, según recoge la denuncia del Ministerio Público, recibió el deportista y los importes que éste, a su vez, transfirió al expresidente de la Corporación Provincial.

La relación entre Fabra y Debón no es el primer quebradero de cabeza que le da al exdirigente 'popular', actualmente en prisión por una condena de cuatro años. El pasado mes de abril, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón le condenó al pago de 368.000 euros que debe devolver al expiloto de motociclismo Alex Debón, también ex director deportivo de Aprilia en la época de Jorge Lorenzo.

El piloto le prestó dicha cantidad entre los años 2010 a 2013 y que nunca se la devolvió. La sentencia también establecía el pago de los intereses de demora, pactados por ambas partes en un 0,50% anual más euribor, que ascienden a más de 8.000 euros.

La resolución recogía que el deportista prestó al ex político dicha cantidad a través de cuatro entregas. Así, en 2010 le dio 125.000 euros, en 2011, 150.000 euros, en 2012 le proporcionó 25.000 euros y finalmente en 2013, el piloto le entregó 60.000 euros. Según la sentencia, Fabra se comprometió a devolver el total de la cantidad antes del 31 de diciembre de 2014.

Fabra ingresó en prisión en diciembre de 2014 para cumplir la condena de cuatro años de prisión por haber defraudado cerca de 700.000 euros a Hacienda, en los ejercicios fiscales de 1999 a 2003. El ex dirigente 'popular' entró en la cárcel por no haber declarado 3,3 millones de euros cuyo origen no pudo justificar ni en sus cuentas ni en las de su entonces esposa, María Amparo Fernández, que también fue condenada por un delito fiscal, aunque se salvó del ingreso en un centro penitenciario.