La investigación de cuentas corrientes en el extranjero atribuidas al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y por las que habría movido 6,5 millones de euros "de origen supuestamente fraudulento" -en palabras del juez instructor Antonio Serrano-Arnal- se encuentra en estos momentos en punto muerto después de que ni Suiza ni Mónaco ni Luxemburgo ni Estados Unidos hayan cumplimentado las comisiones rogatorias en las que se les solicitaba información sobre esos fondos.

Rodrigo Rato, detenido

Los cuatro países alegan la falta de datos precisos en la petición de auxilio judicial internacional y la imposibilidad, por tanto, de verificar el requisito de la doble incriminación, es decir, si los delitos que se imputan al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y ex presidente de Bankia se encuentran también tipificados en las legislaciones de los Estados requeridos. El instructor reconoce en una providencia dictada el pasado miércoles 23 de noviembre que "no es posible remitirles más información que la ya enviada".

Nueve meses empleados

El viaje de ida y vuelta de las comisiones rogatorias ha durado nueve meses para, a la postre, seguir en el punto de partida. El pasado febrero, el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid se dirigió a las autoridades de Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Estados Unidos informándoles de que Rato se encuentra sometido a una investigación por supuestos delitos de fiscales, de blanqueo de capitales, administración desleal y corrupción entre particulares.

El proceso se refiere a "las actividades presumiblemente desarrolladas por Rodrigo Rato tendentes a asegurar un canal económico-financiero que permitiera ocultar el origen de determinados fondos para, finalmente, incorporarlos al tráfico económico", señalaba la comisión rogatoria.

El juez explicaba que la Agencia Tributaria, que está en el origen del proceso, "informó de la supuesta comisión de varios delitos fiscales por parte de Rodrigo Rato, al igual que el cobro por parte de éste de determinados honorarios mediante la facturación por supuestos servicios de asesoramiento que, en lugar de tributar incorporándolos a la base imponible del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, era declarado en el impuesto de las sociedades instrumentales".

Aparte de los delitos fiscales, la investigación se refiere a "otros posibles hechos delictivos", entre ellos "la gestión de Rodrigo Rato como presidente de Bankia, toda vez que se reveló la existencia de un supuesto delito de corrupción entre particulares que permitió a éste el cobro de importantes comisiones como consecuencia de la adjudicación de determinados servicios de publicidad a determinadas empresas, comisiones que fueron cobradas a través de uno de los entramados empresariales que permitieron ocultar el origen de los fondos e invertirlos en un negocio de hostelería en Alemania".

Opacidad

Según la comisión rogatoria, Rato se habría valido de un "entramado societario radicado en el extranjero, en algunos casos en países que permiten una gran opacidad sobre el verdadero titular" de las empresas utilizadas.

Ello "hace necesario extender la investigación de las operaciones financieras realizadas a los países en cuyo territorio están domiciliadas las cuentas bancarias tituladas por esas empresas".

El instructor solicitaba a Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Estados Unidos la identificación de las cuentas que haya podido utilizar Rato, todos los movimientos realizados desde su apertura y, en el caso de que se trate de sociedades mercantiles, los nombres de los administradores y socios, entre otros datos.

Suiza ha contestado con un escrito en el que recuerda al Juzgado español que "el derecho suizo no permite proporcionar asistencia judicial en el caso de una sustracción puramente fiscal" y, para el caso de que se trate de un fraude o estafa, es necesario estar en presencia de una falsedad documental o una manipulación engañosa de los datos "lo que no es aparentemente el caso de la petición española de asistencia".

"Los actos de blanqueo tampoco aparecen en la solicitud de asistencia", añadía la respuesta de las autoridades helvéticas, para las que "las transacciones sospechosas deberían ser demostradas". El Juzgado "ha de aportar más elementos en lo que concierne a los actos de corrupción entre particulares" mediante la descripción "con precisión" del mecanismo utilizado.

"Sin respuesta por parte de las autoridades españolas sobre estos puntos no estaremos, lamentablemente, en condiciones de dar curso positivo a la solicitud", concluían.

De un tenor parecido ha sido la respuesta de Mónaco, que ha "detectado algunos puntos que dificultan la ejecución de la comisión rogatoria", entre ellos "la descripción de los hechos delictivos", que "no se detallan suficientemente".

Las autoridades del principado señalaban que las infracciones relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas "son ajenas al derecho monegasco" y añadían que los datos sobre cuentas bancarias "sólo se pueden revelar bajo la condición de que estén implicadas en un proceso legal por fraude".

Luxemburgo ha pedido "informaciones útiles relativas a los hechos inculpados a fin de permitirnos el control de la condición de doble incriminación" y Estados Unidos ha contestado formulando una batería de preguntas en las que reclama al Juzgado que "aporte los hechos detallados exactos para demostrar por qué Rodrigo Rato y los otros inculpados son sospechosos de cometer delitos". "La comisión rogatoria no aportó suficientes detalles", consideran las autoridades estadounidenses.

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El instructor ha dictado una resolución en la que incorpora todas las contestaciones al procedimiento y señala que "habiendo sido ya ampliada la información aportada en todas las solicitudes cursadas, comuníquese que no es posible remitirles más información de la ya enviada".