El Ejecutivo se ha puesto como objetivo prioritario de la nueva legislatura negociar con Cataluña para apagar el desafío independentista cuanto antes. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ministra de Administraciones Públicas, aprovechará la interpelación que este miércoles le lanza el portavoz parlamentario de PDECat, Francesc Homs, para responder "con hechos" y no con palabras a las negociaciones que el Gobierno quiere emprender inmediatamente con Cataluña a pesar de que el Ejecutivo regional sigue con su hoja de ruta independentista. En los últimos presupuestos presentados este mismo martes ha reservado 5,8 millones para intentar sacar adelante su referéndum catalán.
La vicepresidenta ha estudiado una a una las 46 peticiones que el president Carles Puigdemont puso encima de la mesa de Mariano Rajoy en abril, cuando se produjo una reunión entre los dos mandatarios. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Santamaría detallará este miércoles en el pleno del Congreso "las inversiones que el Estado va a autorizar para Cataluña de forma inmediata". En ese punto se incluirá "una gran inversión en la red de cercanías de Cataluña". Este será el primer guiño a un futuro entendimiento entre el Estado central y el Gobierno de Puigdemont.
El punto número 30 del documento que el president entregó a Rajoy recoge esta reivindicación. "De los 4.000 millones de inversión previstos entre el 2008 y el 2015 en Cataluña se ha ejecutado el 10%. De la priorización de urgencia de 306 millones de euros realizadas a finales de 2013 para ser llevado a cabo de forma inminente solo se ha ejecutado el 2%", reclama Puigdemont al Gobierno central. Además, en el texto se quejan de que la puntualidad de los servicios de Cercanías y Regionales "están lejos de los estándares exigidos y de los resultados obtenidos por Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña". Por ello, su reclamo es que el ministro de Fomento traspase "íntegramente" las líneas ferroviarias interiores a Cataluña.
Los presupuestos de la Generalitat
El anuncio de Santamaría en el Parlamento se producirá 24 horas después del último desafío del president Puigdemont. La presentación de los presupuestos de la Generalitat siempre va acompañada de una notoria puesta en escena. Pero en esta ocasión, la teatralidad tiene visos de ser más real que metafórica. La Generalitat presentó este martes las “últimas cuentas de la autonomía catalana” o, lo que es lo mismo, la financiación del referéndum y de las estructuras de Estado -la hacienda catalana y las embajadas han duplicado sus partidas- que deben convertir Cataluña en un estado independiente.
Pero, tal como ha advertido la oposición política, se trata de unos presupuestos condenados a ser impugnados. El primer paso lo ha dado el PSC, que acaba de pedir a la Mesa del Parlamento catalán que no admita a trámite esas cuentas por contener partidas destinadas a sufragar el coste de ese referéndum previsto para 2017. Y todo apunta a que el Gobierno español no tardará mucho en impugnarlas judicialmente.
Pero es que, además, los presupuestos están llamados a ser el arma arrojadiza entre las diversas fuerzas independentistas –CDC. ERC y CUP—, donde hay velocidades rupturistas y electorales diferentes.
Referéndem y presupuestos están irremisiblemente ligados desde que el presidente Carles Puigdemont prometió sacar las urnas a la calle en septiembre de 2017 a cambio de que la CUP apoyara sus presupuestos. A diferencia de lo ocurrido con las cuentas de 2016, los antisistema permitirán la tramitación parlamentaria, pero no se comprometen con la votación final. La historia reciente ha demostrado que los miebros de la CUP son imprevisibles y que un día rechazan el “procés” impulsado por CDC y ERC, y al otro sufren un cisma que les obliga a dar apoyo al presidente de un partido relacionado con el capital y la corrupción.
Un partido, Convergència, donde la celebración de un referéndum crea divisiones, pues el sector afín a Artur Mas lo rechaza, mientras que Puigdemont parece estar dispuesto a llegar hasta el final. A su vez, CDC intenta que el peso del fracaso secesionista recaiga en ERC, pues no en vano, el líder de este partido, Oriol Junqueras, es el máximo responsable de los presupuestos dada su condición de vicepresidente económico, y además tiene encomendada la labor de organizar el referéndum, algo que en principio compete a la Consejería de Gobernación, dirigida por CDC.
"Una retórica de diálogo"
En el Congreso, Homs ha garantizado este martes que su partido va a tener una voluntad de diálogo “positiva y constructiva” y ha emplazado a Sáenz de Santamaría a mostrarla igualmente. A su juicio, desde la investidura de Rajoy, el Gobierno ha tenido “una retórica de diálogo, pero poca cosa más”, por lo que ha añadido que en el pleno “habrá ocasión de ver si pasamos de las palabras a los hechos”.
Santamaría vivirá a caballo entre Madrid y Barcelona, una ciudad que tiene previsto visitar "todas las semanas" y fijará su despacho en la delegación del Gobierno. Para la vicepresidenta su interlocutor será Oriol Junqueras, que dice estar dispuesto a celebrar un referéndum haya o no nuevos presupuestos. Una segunda prórroga –impuesta judicialmente o por los devaneos antisistema de la CUP-- abocaría a un adelanto electoral.
Algo que tampoco conviene a CDC, que sale mal parada en las encuestas de intención de voto, pues ERC nunca volverá a reeditar la coalición Junts pel Sí, que ha servido de salvavidas a los antiguos convergentes, reciclados en PDECat. Los republicanos, por el contrario, siguen subiendo en los sondeos gracias a la apuesta de Junqueras por la reivindicación silente, algo que le modera frente a las bravatas de la CUP y el errático independentismo de CDC.
Referéndum y/o presupuestos también se pueden convertir en una pieza clave de ese proceso de diálogo, todavía en ciernes, entre Generalitat y Gobierno español. Hay hartazgo y voluntad en ambas partes, deseosas de encontrar una solución, ahora que la crisis económica ha dejado de ser una excusa por parte del PP. Junqueras, de nuevo, ha protagonizado el deshielo pidiendo una entrevista con la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, a la que han habilitado un despacho en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña.