Emilio Valerio, número dos de la Fiscalía Provincial de Madrid, la mayor de España, podría ser expulsado de la carrera si se estima la propuesta que la hasta ahora fiscal general, Consuelo Madrigal, ha elevado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, tras la instrucción de un expediente disciplinario por la realización de actividades incompatibles.
Se trata de la sanción más severa de las que contempla el régimen disciplinario de los fiscales y su aplicación a Valerio, de 60 años, no sólo fue planteada por el instructor del expediente, Francisco Moreno, y acogida por Madrigal sino que también fue informada favorablemente por el Consejo Fiscal, nueve de cuyos 12 miembros son elegidos democráticamente por la carrera.
Un fiscal empresario
Durante la instrucción del expediente se ha acreditado que Valerio, que lleva 36 años en la carrera fiscal, gestiona personalmente un entramado de hasta 16 de empresas -algunas de ellas consideradas 'pantalla'- dedicadas a la producción y exportación de vino, aceite, cerveza y productos ecológicos, así como un bar en la calle Estafeta de Pamplona, indicaron fuentes de la Fiscalía.
Además de encargarse directamente de la administración y gestión de las empresas, Valerio se ha ocupado de obtener subvenciones públicas y de abrir mercados en el extranjero, todo ello mientras permanecía en activo en la Fiscalía de Madrid.
Aunque en este órgano era conocida la existencia de una bodega familiar, ha sorprendido la magnitud del entramado mercantil del que se ocupa Valerio y sus resultados económicos.
Incompatibilidades
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el cargo de fiscal es incompatible "con el ejercicio directo o mediante persona interpuesta de toda actividad mercantil". Se exceptúa "la transformación y venta de productos obtenidos de los bienes propios, operaciones que podrán realizarse, pero sin tener establecimiento abierto al público".
También está prohibido que los fiscales desempeñen las funciones de "director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género".
La web de una de las bodegas de Valerio admite que el fiscal se ocupa de la gestión del negocio en representación de su familia.
Las normas estatutarias tipifican como falta muy grave el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de fiscal. La ex fiscal general, Consuelo Madrigal, elevó recientemente la propuesta para la separación del servicio de Valerio, sobre la que tiene que decidir el ministro de Justicia.
La expulsión de la carrera es una medida muy infrecuente. El último caso fue el del fiscal de Galicia Juan Antonio Frago, que fue separado del servicio por incumplir las órdenes de la fiscal jefe. La Audiencia Nacional, sin embargo, revocó la sanción en octubre de 2013 y ordenó reponerle en su puesto. El fallo judicial no se recurrió.
Valerio, que se encuentra suspendido cautelarmente mientras se resuelve el expediente disciplinario, ha protagonizado una carrera profesional que en varias ocasiones ha estado rodeada de polémica. La Fiscalía General le sancionó por una falta leve debido a unas declaraciones públicas en las que aseguró que el asesinato del dirigente abertzale Santiago Brouard podría haberse evitado y que había "responsabilidades de acción y de omisión de personas que sabían o debían saber".
Trasladado desde Bilbao a la Fiscalía de Madrid, aquí fue apartado de la investigación de un atraco en Banesto, en el que el botín ascendió a 1.200 millones de las antiguas pesetas, por haber actuado al margen de su superior jerárquico.
Posteriormente ejerció de forma contundente durante 13 años el puesto de fiscal de medio ambiente en la Fiscalía de Madrid, para el que fue designado por el entonces fiscal jefe Mariano Fernández Bermejo, luego ministro de Justicia.
Azote de los planes urbanísticos de Madrid, de alcaldes y constructores, Valerio fue denunciado por relevación de secretos por filtraciones a la Prensa de datos del 'caso del Tamayazo' (el supuesto soborno a dos diputados del PSOE de la Asamblea de Madrid, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, para imposibilitar la investidura del socialista Rafael Simancas como presidente del Gobierno regional). La causa fue archivada.