España se puso de perfil mientras sus principales socios comunitarios (Alemania y Francia) pedían explicaciones a Estados Unidos tras el estallido del caso Snowden y el espionaje masivo de las comunicaciones de líderes internacionales. Y lo hizo tras utilizar esta tecnologías estadounidense para infiltrar las comunicaciones de ETA. Así al menos lo revelan documentos internos del servicio de inteligencia alemán consultados por EL ESPAÑOL.
El 29 de octubre de 2013, desde la embajada alemana en Madrid se envía un cable diplomático que lleva por título "Espionaje de la NSA en España", calificado con el código de importancia "baja". Cuatro días antes y tras la constatación de que la NSA espiaba las conversaciones de al menos 35 líderes mundiales, Alemania y Francia lanzaron una iniciativa para que Estados Unidos firmara un nuevo tratado que regulara este tipo de prácticas en suelo de la Unión Europea. España fue el principal miembro de la UE que se negó a secundarlo.
Comunicación del servicio secreto alemán con el encabezamiento "Espionaje de la NSA en España".
"España pone mucho esfuerzo en la conservación de la buena relación con EEUU", explican los analistas alemanes en su informe. "El país se beneficia de la cooperación intensificada con los servicios secretos de EEUU desde los atentados del 11 de septiembre de 2011 en Nueva York y el 11 de marzo de 2014 en Madrid. El apoyo tecnológico y de servicios de inteligencia a través de EEUU sirve también como factor decisivo para la desarticulación de ETA. El rechazo de Rajoy a la iniciativa germano-francesa de negociar un contrato marco para las actividades de espionaje con EEUU y su énfasis sobre la responsabilidad nacional en asuntos de los servicios de inteligencia se debe a este trasfondo", explican los diplomáticos alemanes.
Los agentes alemanes destacan además el encuentro del embajador James Costos con el entonces ministro Margallo y lo limitan a un gesto "de cara a la opinión pública", alarmada por las filtraciones.
Documentos sobre Indra y Telefónica
Los cables y correos electrónicos consultados por EL ESPAÑOL forman parte de la documentación que el servicio secreto alemán (BND) ha enviado a una comisión de investigación de su Parlamento. En ella, los diputados tratan de esclarecer si sus agentes y miembros del gobierno colaboraron de forma activa con Estados Unidos en el espionaje de personalidades alemanas. Entre los 90 gigas de documentación remitidos y filtrados después al portal Wikileaks, se encuentran varios análisis sobre la situación social y política en España en relación al caso Snowden, y documentación sobre los proyectos en el país de empresas como Indra y Telefónica.
"Hasta ahora no hay ninguna indignación política en España", refleja otro de los cables diplomáticos de la embajada alemana en Madrid, fechado el 24 de abril de 2014. A juicio de los agentes alemanes, "no hay ningún interés en molestar a las relaciones bilaterales con EEUU y -tras largos años del terror de ETA y los atentados del 11 de marzo de 2004- existe una sensibilidad de la población en general menor que en Alemania sobre la forma de proceder de las fuerzas de seguridad".
Documento clasificado sobre la comparecencia del director del CNI en el Congreso.
Además, EEUU no sufrió "crítica alguna ni desde las filas del Gobierno ni desde los socialistas en la oposición (ambos están ocupados con escándalos domésticos", según revelan los correos, que hacen mención textual a la "financiación ilegal de partidos", por parte del PP y al "enriquecimiento en las indemnizaciones por despidos masivos" por parte del PSOE.
Sanz Roldán en el Congreso
La diplomacia alemana analizó también la comparecencia del máximo responsable de la Inteligencia española, Félix Sanz Roldán, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para tratar el posible espionaje por parte de la NSA. Los diplomáticos alemanes retoman en su escrito las informaciones periodísticas del día, que explicaban la recomendación de Sanz Roldán al presidente del Congreso, Jesús Posadas, para que instalara en la cámara un servicio que blindara las comunicaciones telefónicas. Además, el escrito refleja que el Gobierno español expulsó del país a nueve agentes de otros países por realizar actividades ilegales en su territorio.