Por las últimas noticias conocemos que, tras la denuncia de plagio presentada contra el rector de la Universidad Rey Juan Carlos por Ignacio Fernández Sarasola, Emilio La Parra López, Miguel Ángel Aparicio Pérez, Carlos Barros Guimerans, todos ellos reputados profesores de distintas universidades públicas españolas, han aparecido nuevos casos en el mismo sentido.

A la indignación que suscita una de las prácticas más repugnantes que afectan a la producción intelectual de cualquier clase como es la apropiación indebida de los resultados del trabajo ajeno, se añade la perplejidad por el sujeto que la ha realizado o, más exactamente, la posición que ha alcanzado. Porque, en realidad, la pregunta que cabe formularse es cómo una práctica corrupta puede verse recompensada con sexenios de investigación, la cátedra, el cargo de rector de una universidad pública y la dirección de revistas de especialidad. Entre ellas, el Anuario de Historia del Derecho Español, fundado en 1924 por el mismísimo Sánchez Albornoz, en la que colaboraron los más prestigiosos historiadores europeos y de la que, entre otros, fue director Tomás y Valiente.

A la indignación que suscita una de las prácticas más repugnantes [...] se añade la perplejidad por el sujeto que la ha realizado o, más exactamente, la posición que ha alcanzado

Que el interesado haya sabido utilizar en beneficio propio las fisuras que presenta el sistema universitario y prácticas tan antiguas como el amiguismo y clientelismo no exime de responsabilidad ni a él ni a quienes le han promocionado.

Desde luego es completamente inexplicable e inadmisible que, a pesar de los hechos probados, suficientes para que una universidad californiana lo haya expulsado de su lista de autores, aquí no se hayan adoptado de oficio, al menos, medidas cautelares para separarle de los cargos, abrir un expediente para retirarle en su caso los títulos y sexenios injustamente obtenidos y no se haya producido un cese o dimisión inmediata de su cargo de rector.

Desde luego es completamente inexplicable e inadmisible que, a pesar de los hechos probados aquí no se hayan adoptado de oficio, al menos, medidas cautelares para separarle de los cargos

En definitiva, que, con el pretexto de la autonomía universitaria, no se hayan escuchado las peticiones de los cientos de profesores y profesoras que han solicitado con su firma su destitución inmediata. Porque no se trata únicamente de defender los derechos tan despectivamente vulnerados de los profesores agraviados; se trata también de defender y restaurar el prestigio de la Universidad española y su personal que el Sr. Suárez Bilbao ha deshonrado y hacia el que nuestras autoridades parecen ser indiferentes.

*** Clara Álvarez Alonso es catedrática acreditada de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid