Las autoridades argentinas sitúan a España como principal refugio de sus nacionales reclamados por delitos de “lesa humanidad”. Así se contempla en los datos que obran en poder de la Fiscalía del país sudamericano, según la cual, en España viven actualmente cuatro "evadidos", entre ellos el coronel del Ejército argentino, Jorge Pedro Rodolfo Wagner, cuya cómoda vida en Madrid ha destapado EL ESPAÑOL. Sólo Brasil iguala esa cifra con otros cuatro fugados en su territorio.
Se trata de una lista con un total de 46 huidos, de los cuales 15 se encuentran fuera del país sudamericano. Los cuatro ‘españoles’ que figuran en el listado oficial del Ministerio Público de Argentina cuentan con una característica en común: todos ellos han sido detenidos por las autoridades españolas en virtud de una orden internacional de detención y todos ellos han sido puestos en libertad poco después una vez los tribunales españoles rechazaron su extradición a su país de origen.
Fue el caso de Carlos Fernando Gori, reclamado por presuntos delitos de lesa humanidad: asociación ilícita, privación ilegal de libertad, homicidios... Fue arrestado en septiembre de 2015 en Alicante, donde vive desde hace años. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Carlos Fernando Gori fue investigado por haber desempeñado entre febrero y noviembre de 1976 el cargo de Jefe de Servicio de Sanidad de la Fuerza de Submarinos asentada en un centro clandestino de detención.
Un buscado fan de los Beatles
No obstante, en un auto dictado el 27 de enero de 2016, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó su extradición. Se mantiene activo en las redes sociales, concretamente en Facebook. No se oculta, publica fotos con su familia o de su aspecto actual ataviado con una bata de médico. A través de sus publicaciones demuestra su pasión por los Beatles y su equipo favorito de fútbol, River Plate.
Como en el caso de Wagner, la Audiencia Nacional consideró que los delitos de los que se le acusaba a Gori ya habían prescrito y no era posible aplicar la figura de lesa humanidad de forma retroactiva. En España está vigente desde 2004, muchos años después de la fecha en la que Gori cometió presuntamente los hechos por los que se le investiga.
Los otros dos nombres de fugados relacionados con España son Beatriz Arenaza y Daniel Ullúa. También fueron detenidos en enero de 2013 por la Policía Nacional en La Coruña y Palma de Mallorca respectivamente. Según informó entonces el Ministerio del Interior, Argentina solicitaba su detención por delitos de lesa humanidad. En su caso, no se les investiga por delitos cometidos durante la dictadura militar, sino en la etapa previa en el marco de una plataforma ultraderechista llamada Concentración Nacional Universitaria (CNU) a la que se le atribuyen medio centenar de asesinatos.
La CNU fue una organización ligada a las Juventudes Peronistas, que funcionó en distintas universidades argentinas, fundamentalmente en Mar de Plata, donde operaba como un grupo de choque que irrumpía en las universidades con armas, cadenas y objetos contundentes, para intimidar a los movimientos estudiantiles.
Persecución de estado
Este periódico se ha puesto en contacto con los responsables de la Asamblea Permanente Pro Derechos Humanos (APDH) de Argentina. Esta plataforma ha ejercido la acusación en el proceso que este diciembre ha derivado en condenas de cadena perpetua para tres personas, entre ellos un exfiscal. Además fueron condenadas otras cuatro personas a penas de entre 3 y 7 años de cárcel.
“Se han considerado delitos de lesa humanidad”, celebra el presidente de la APDH, Juan Carlos Wlasic en conversación con EL ESPAÑOL. “Se trata de delitos cometidos en la etapa previa a la dictadura militar. No conocemos aún los fundamentos (se harán públicos en marzo), pero creemos que se va a reconocer que había un proceso de persecución de opositores auspiciado por el Estado”, añade.
Explica esto último la abogada de la asociación, Natalia Messineo: “A finales del año 1974 la CNU pasó a ser como el brazo armado de la Triple A en tiempos del gobierno constitucional de Maria Isabel Perón”. A juicio de esta letrada actuaban “en connivencia con el Estado dentro de la Universidad y del poder judicial, trabajaban en alianza con los sindicatos y algunos de la CNU después pasaron a colaborar con los militares”.