Los dos terroristas, un hombre y una mujer, se aproximaron por la espalda al teniente coronel Ramón Romeo Botaeche cuando éste salía de misa en la basílica de Begoña, de Bilbao. Eran las 9.30 de la mañana del 19 de marzo de 1981. Sin mediar palabra, la etarra sacó su pistola y descerrajó un único disparo contra la víctima, alcanzándola de pleno en la nuca. El militar entró en un coma profundo y a los dos días perdió la vida. Los asesinos huyeron a pie, pero las pesquisas apuntan a que Natividad Jáuregui, alias Pepona, fue quien efectuó el disparo. Nunca fue juzgada, pese a haber sido detenida recientemente en Gante: las autoridades belgas se niegan a extraditarla por miedo a “que sus derechos fundamentales no se vean respetados”. Pero la familia del teniente coronel presentará una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (TEDH), para que Pepona pueda viajar a España para cumplir su condena, 36 años después del crimen.
Así lo han hecho saber este martes en una rueda de prensa en Madrid. Según han explicado, la Audiencia Nacional ha dictado hasta en dos ocasiones una orden europea de detención y entrega contra la terrorista. Natividad Jáuregui fue detenida en Gante el 8 de octubre de 2013, en una operación conjunta entre las policías belga y española. De acuerdo a una información publicada por el diario El Mundo, Pepona escapó a Bélgica, donde cimentó su nueva vida: cocinera de cierto éxito, monta caterings de alto nivel y ha escrito un libro de recetas. En fotos difundidas por algunas redes sociales se le podía ver entre fogones, disfrutando de mariscadas y con una plena vida social.
Pepona fue uno de los miembros que componían el comando Vizcaya que acabó con la vida del teniente coronel Romeo, un grupo al que se le relaciona con otros cinco asesinatos. Sus compinches –José Antonio Borde, Sebastián Echaniz y Enrique Letona- fueron condenados, cada uno de ellos, a 28 años de prisión por sus delitos relacionados con ETA. Pero Natividad Jáuregui siempre ha logrado eludir a la Justicia.
Las víctimas que sufrieron los envites de este comando explicaron a EL ESPAÑOL que se sentían “destrozadas” por la decisión de las autoridades belgas, en 2014, de denegar la extradición de la etarra, una vez detenida. El Ministerio del Interior intervino ante la Fiscalía belga para que activara un nuevo proceso judicial, desmintiendo cualquier posibilidad de tortura en España. También se le envió un dossier de prensa para detallar que la detención y enjuiciamiento de la terrorista eran de máximo interés. De forma paralela, los hijos del teniente coronel Romeo escribieron una carta al Tribunal de Casación belga lamentando la situación. Todo esfuerzo fue infructuoso.
Ahora, la familia presentará una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la esperanza de lograr lo que no obtuvo hace casi tres años: “Corregir el incumplimiento manifiesto de la obligación positiva de la jurisdicción belga de dar protección al derecho a la vida, dado que se ha impedido a los familiares la correcta tramitación de la causa por el asesinato de su padre”, detalla el texto. Organizaciones de apoyo a las víctimas del terrorismo –como Covite y Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT)-, así como el Ministerio del Interior, han expresado su apoyo a la familia del teniente coronel.