La etarra Natividad Jauregui, alias 'Pepona', podrá seguir disfrutando en libertad en Bélgica de su afición por la cocina. La Justicia de ese país ha comunicado al Gobierno español su negativa definitiva a extraditar a esta terrorista, reclamada por asesinato, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes del Ejecutivo.
De 58 años de edad, la donostiarra Natividad Jauregui Espina lleva huida más de la mitad de su vida, concretamente desde 1979 cuando las fuerzas de seguridad la incluyeron en sus ficheros de terroristas. Se le vincula con el Comando Vizcaya de ETA y en concreto con el asesinato en de julio de 1981 en Bilbao del teniente coronel del Ejército Ramón Romeo Botaeche.
Eran las 9.30 de la mañana del día 19 cuando este militar de 53 años, casado y con seis hijos, acudió a misa en la Basílica de Begoña, cerca de su domicilio. En el mismo lugar había un hombre y una mujer que le habían seguido para matarle. A la salida del acto, la mujer se le acercó y le descerrajó un disparo en la nuca. Ramón Romeo aún tardó dos días en morir en la clínica Virgen Blanca. Había sido amenazado por ETA varias veces y ya había logrado sobrevivir a otro atentado en 1978.
Por estos hechos fueron condenados en 2007 José Antonio Borde, Sebastián Echániz y Enrique Letona a sendas penas de 28 años de cárcel. Pero la Justicia española cree que fue ‘Pepona’ la que efectuó el disparo que acabó con la vida de Ramón Romeo.
34 años de fuga
El final a 34 años de escapada pareció llegar un 8 de octubre de 2013 cuando una operación conjunta entre la Policía Judicial de Bélgica, la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) finalizó con su arresto en la localidad belga de Gante. No obstante, semanas después la Justicia de ese país denegó su extradición a España.
“Existe la posibilidad de que sus derechos fundamentales no se vean respetados", dictaminó el Tribunal de Apelación de Gante, que la puso en libertad. Desde entonces, ‘Pepona’ ha llevado una vida pegada a los fogones, según publicó el diario El Mundo, que la localizó en Gante el verano del año pasado. Allí impartía clases, había escrito un libro de recetas y servía caterings en fiestas de políticos, abogados, artistas y jueces. Era una habitual entre rostros conocidos pese a su reclamación por asesinato.
La acusación de torturas por parte de la Justicia belga fue contestada por las autoridades españolas con diversas gestiones al más alto nivel con el objeto de lograr la extradición de esta terrorista, que cambió las armas por las sartenes sin cumplir condena por su pasado criminal.
Las fuentes consultadas informan de que el Ministerio del Interior intervino ante la Fiscalía Federal belga para que activara un nuevo proceso judicial. Con ese fin, la última reclamación dictada por la Audiencia Nacional iba acompañada de un apartado específico con datos de Interior desmintiendo cualquier posibilidad de tortura en España.
Gestiones del Gobierno
Además, se remitió a la Fiscalía Federal belga datos sobre los informes del Comité para la Prevención de la Tortura y sus visitas a España entre 2012 y 2014. También se adjuntó informaciones de prensa en las que Interior pretendía demostrar que la entrega de ‘Pepona’ era de máximo interés.
Entre la documentación enviada a Bélgica se incluyó también un informe de la Abogacía General del Estado respecto a la figura de la prisión incomunicada en España. Paralelamente, se mantuvieron reuniones con el responsable de la unidad de cooperación internacional de la Fiscalía belga.
En noviembre de 2014, una de las hijas de Ramón Romeo remitió una carta de protesta al Tribunal de Casación belga denunciando la decisión de los tribunales locales y al mismo tiempo decía sentirse abandonada por las autoridades españolas.
El caso de Natividad Jauregui también fue motivo de preocupación para las asociaciones de víctimas, que recurrieron a otras instituciones como el Defensor del Pueblo. El organismo presidido por Soledad Becerril incluyó una petición al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Bélgica y ETA
En su último informe anual, Becerril pidió al Departamento que dirige José Manuel García Margallo la "conveniencia de trasladar al Estado belga (u otros Estados que pudieran denegar en un futuro la extradición a España de presuntos autores de delitos de terrorismo) la mayor información posible sobre el daño causado por el terrorismo y sobre la realidad de España en materia de respeto y garantía de los derechos humanos".
En consecuencia, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu, escribió en mayo una carta al vicepresidente primero de la Comisión Europea, Franz Timmermans, en la que expresaba la "profunda preocupación española" por este caso.
La presencia de ‘Pepona’ en Bélgica obedece a una estrategia de deslocalización diseñada por la dirección de ETA para facilitar que sus miembros eludan la acción de la justicia, según cree el Ministerio del Interior. En los últimos años son varios los etarras detenidos en ese país como Ventura Tomé Quiroga, Xabier Agirre o Luis María Zengotitabengoa. Este último tenía en vigor una orden de detención por su relación con el intento de transporte de explosivos de la banda a Portugal.
Bélgica fue uno de los primeros países en extraditar a presuntos miembros de ETA, aunque ha mantenido también varios litigios con las autoridades españolas cuando éstas le han reclamado la entrega de supuestos terroristas.
Tras el atentado yihadista sufrido por Bélgica el pasado 22 de marzo en el aeropuerto y el metro de Bruselas en el que murieron más de 30 personas, la entonces presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, denunció que ese país había sido un refugio de etarras y citó en concreto el caso de Natividad Jauregui Espina.
"Me parece increíble que este país nos quiera dar lecciones cuando no nos entregó a esta etarra porque teníamos leyes especiales y torturábamos, ellos que acaban de reconocer negligencias, me parece bastante fuerte que nos quieran dar lecciones de cómo tratar a los terroristas", dijo Pedraza en declaraciones a Europa Press.