"Lo que queda de ETA es básicamente lo que queda en las prisiones". Esta frase acuñada en diversas ocasiones en los últimos tiempos por los responsables de la lucha antiterrorista se traduce en 296 presos repartidos en 44 cárceles españolas y 83 en prisiones francesas. Además hay una etarra interna en Suiza y otro en Portugal. Un total de 381 reclusos forman el autodenominado Colectivo de Presos Políticos de Vascos (EPPK por sus siglas en euskera), un grupo que el 'lehendakari', Iñigo Urkullu, ha puesto encima de la mesa en la negociación para dar su apoyo a Mariano Rajoy.
Considerado históricamente el frente más cohesionado de todo el entramado etarra, los últimos años vive tiempos convulsos. Eso incluye episodios de divisiones internas y disidencias tanto de los presos acogidos a la 'Vía Nanclares', como de un incipiente sector crítico con la izquierda aberztale que ha abrazado los movimientos más irredentos surgidos recientemente en el seno del mundo independentista radical.
Habría que remontarse varias décadas en el tiempo para encontrar una cifra de presos tan baja (a finales de 2011 eran 677). El descenso se debe a que, por primera vez, es mayor el ritmo de terroristas que van saliendo de prisión al haber cumplido sus condenas que los que entran fruto de operaciones policiales. También contribuyó la derogación en 2013 de la denominada 'doctrina Parot' por la que quedaron en libertad decenas de etarras en cuestión de semanas, incluidos algunos de los históricos 'generales' de la banda criminal.
Algunos de los últimos grandes dirigentes etarras se encuentran presos en Francia. Es el caso de Aspiazu Rubina, 'Txeroki' o Carrera Sarobe, los dos últimos jefes 'militares' más significativos de ETA. También está Iratxe Sorzábal o David Pla, caídos en la 'operación Pardines' que desarticuló la última cúpula de la banda, o históricos como Fernández de Iradi, alias 'Susper'.
'Txapote', 'Makario', 'Kantauri'...
En las cárceles españolas también siguen presos exdirigentes terroristas con largas condenas a las espaldas como Iñaki Arakama Mendía, 'Makario' (en Sevilla), Juan Antonio Olarra Guridi (Granada), Felipe San Epifanio, 'Pipe' (Herrera de la Mancha), Javier García Gaztelu, 'Txapote' (Huelva) o José Arizcurren Ruiz, 'Kantauri' (Pontevedra), entre otros.
No están incluidos entre el Colectivo de Presos de ETA la quincena de reclusos disidentes que todavía se encuentran en la cárcel alavesa de Zaballa y que están acogidos a la denominada 'Vía Nanclares' (nombre de la antigua prisión de Álava). Aquello fue el resultado de una iniciativa de premios y castigos puesta en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Consistía en acercar a cárceles próximas al País Vasco como Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias) a aquellos presos que diesen muestras de desconexión de ETA. En caso de que no evolucionasen, volvían a ser alejados.
Algo más de una veintena dieron un paso más y aceptaron acreditar su ruptura definitiva con la banda por escrito por lo que fueron trasladados definitivamente a Euskadi a costa de ser expulsados del EPPK y ser considerados unos apestados por el entorno etarra, un rechazo que en muchos casos sufrían también sus familias fuera de las cárceles. El objetivo del Gobierno con la 'Vía Nanclares' era romper la cohesión que siempre había existido en el EPPK, pero el goteo se deserciones se frenó con el anuncio del cese de la violencia por parte de ETA en 2011.
Los emisarios de la banda en las prisiones, principalmente los abogados del entorno etarra, convencieron a los internos de que aguantaran porque el fin de la violencia traería una solución a su situación. Pero la realidad, cinco años después, es que poco ha cambiado para ellos.
El entramado de abogados
Fue clave en el devenir del colectivo el arresto de la cabecilla de los abogados de ETA, Arantza Zulueta, y las diversas operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil contra los letrados del entramado etarra: 'Operación H-Alboka' (2010), 'Operación Jaque' (2014) y 'Operación Mate' (2015). Estos golpes policiales dejaron al EPPK sumido en el desconcierto. De este modo, las fuerzas de seguridad rompieron la correa de transmisión entre ETA y sus presos. Los abogados eran los encargados de hacer llegar las órdenes de obediencia que imponía la organización y velaban porque no se produjeran fisuras en ese mundo que en los últimos tiempos ya daba síntomas de cansancio.
Recientemente han adquirido una mayor presencia grupos minoritarios críticos como Amnistia Ta Askatasuna (ATA) con un discurso muy crítico contra la izquierda abertzale oficial representada en Sortu y la antigua Batasuna. Les acusan de haberse acomodado y haber renunciado a reivindicaciones históricas como la amnistía. En la línea de esta corriente díscola, 93 expresos de ETA e Iparraterrak firmaron en mayo del año pasado una carta a favor de la amnistía "sin arrodillarse ante nadie". En los últimos meses, varios etarras han comunicado por escrito su deseo de romper con el EPPK y dicen sentirse representados por ATA.
El lugar en el que los presos cumplen condena en España es competencia exclusiva de la Administración, en este caso de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Por ello, aunque el Gobierno traspasase las competencias penitenciarias al Gobierno vasco, además tendría que acceder a trasladar allí a los presos de ETA, muchos de los cuales son navarros.
Para un traslado penitenciario no es necesario que los presos cumplan requisitos exigidos en la Ley como la ruptura con ETA o el perdón a las víctimas, que sí son necesarios para acceder a beneficios penitenciarios como un tercer grado o una libertad condicional. Basta la voluntad del Ejecutivo. Logísticamente sería posible asumirlos en las tres cárceles con las que cuenta el País Vasco: Zaballa (Álava), Martutene (Guipúzcoa) y Basauri (Vizcaya).
25 años de dispersión
En numerosas ocasiones el Ministerio del Interior ha explicado que la política de dispersión (cumplió 25 a años en 2014) se mantendrá mientras ETA siga existiendo. Dicho de otro modo, si ETA anunciase su disolución, los presos serían acercados al País Vasco porque ya no habría una banda que les marcase la doctrina a seguir impidiendo su reinserción.
La situación de bloqueo no es ajena tampoco para la izquierda abertzale. Especialmente significativa fue la conferencia del pasado mes de enero en la que el histórico portavoz de Batasuna, Rufino Etxeberria (actualmente en Sortu), instaba al EPPK a una "reflexión" porque su papel actual es "de otra época". Les pedía aportaciones "con audacia".
Dos meses después, en Usurbil (Guipúzcoa), 750 ex presos de ETA avanzaron en un acto que los pasos que dará el colectivo de internos de la banda para tratar de acabar con su dispersión "se materializarán de manera individual" tal y como les solicita Sortu, pero "serán decisiones colectivas, igual que lo han sido las anteriores". Lo cierto es que esta ya es una estrategia que los presos han intentado en sucesivas ocasiones sin haber logrado sortear el rechazo de los tribunales o la Administración.
En las últimas semanas una veintena de presos de ETA ajenos a la 'Vía Nanclares' han solicitado acogerse a beneficios penitenciarios de forma individual mostrando "arrepentimiento o pseudo arrepentimiento", según desveló en mayo el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro.
Actualmente, el Gobierno pretende que Francia le entregue a los presos etarras condenados en cárceles galas en virtud del Principio de Reconocimiento Mutuo de sentencias en materia penal. Esta iniciativa parte de una Decisión Marco de la Unión Europea que fue instaurada en 2008, pero que España no aprobó hasta finales de 2014. La normativa abre la puerta a que cualquier preso europeo que esté cumpliendo una pena en otro Estado miembro pueda ser trasladado a una cárcel de su país de origen.
Presos en Francia
Ninguno de los presos etarras en ese país ha pedido su traslado a España. Según fuentes de la lucha antiterrorista, ya han hecho llegar a sus familias y a su entorno más cercano su rechazo a este movimiento. Son conscientes de que el sistema penitenciario español es más severo que el francés y no obvian que, a su llegada a España, podrían ser trasladados a cárceles del sur, más lejos incluso de lo que se encuentran ahora de sus familias cumpliendo pena en Francia.
La situación ya ha sido abordada al menos en dos reuniones al más alto nivel judicial entre España y Francia en las que no ha sido posible unificar criterios a la hora de interpretar la Decisión Marco de la Unión Europea. El traslado de etarras sigue pendiente de fijar un criterio único entre España y Francia.
El principal escollo es que las autoridades francesas se muestran partidarias de que exista el consentimiento del preso como requisito mínimo para ser trasladado a su país de origen. España, en cambio, se inclina por que el preso tan sólo sea informado de su situación, pero no de supeditar el traslado a la voluntad de los internos. Fuentes judiciales informan de que próximamente se celebrará una tercera cumbre entre las autoridades judiciales de ambos países en el que se abordará este asunto.