Así protege la Armada de los piratas los tesoros submarinos

El litigio entre el Ministerio de Cultura y la empresa estadounidense Odissey por el tesoro del barco Nuestra Señora de las Mercedes -hundido en el siglo XVIII con 17 toneladas de oro y plata a bordo- puso de manifiesto el valor del patrimonio español subacuático y del riesgo que entrañaba la actividad de empresas cazatesoros.

España es uno de los países con mayores riquezas sepultadas por el agua. Y el riesgo a que saqueadores submarinos puedan hacerse con ellas es proporcional. Porque para el Ministerio de Cultura, "el pillaje o expolio llevado a cabo por compañías privadas de cazadores de tesoros constituye la amenaza sustancial que pone en peligro este legado cultural de la humanidad".

La responsabilidad de controlar que no se produzca ningún expolio sobre estas riquezas recae en buena medida en la Armada española. "Existe una amenaza evidente", advierte el coronel de Infantería de Marina Eduardo Brinquis Crespo. La legislación establece que cada Comunidad Autónoma marque los límites bajo los que deben actuar los efectivos de la Armada. Pero si los pecios se encuentran en aguas internacionales, la capacidad del Cuerpo militar para intervenir "es absoluta".

"La aparición de los equipos de buceo autónomos propiciaron la amenaza de los cazatesoros", advierte el coronel de Infantería. Porque "este fenómeno trocó en accesible lo que antes era inaccesible": "El fondo del mar, que había sido una sepultura perpetua, deja de serlo".

El adiestramiento de los efectivos de la Armada

El de Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático contiene diez acciones medidas que van desde la documentación hasta la protección física y jurídica, la formación o la coordinación con todas las administraciones implicadas. A la Armada le corresponde fundamentalmente la protección física de los pecios.

El Cuerpo militar no cuenta con una unidad específica destinada a estas labores: la función es asignada atendiendo a criterios como disponibilidad o proximidad geográfica. Los efectivos que han sido adiestrados en labores submarinas tienen las capacidades suficientes para revisar el estado de las embarcaciones hundidas, catalogadas en cartas arqueológicas por el Ministerio de Cultura.

"Es suficiente el equipamiento de cualquier unidad de superficie para proteger el patrimonio", detalla el coronel Brinquis. Pero para apoyar estas capacidades, la Armada dispone de tecnología de especial aplicación a trabajos y prospecciones arqueológicas. Como el Neptuno, un buque especialmente equipado para misiones subacuáticas, los buques cazaminas con su sonar, y las lanchas y buques hidrográficos. 

¿Cuándo actúa la Armada?

En caso de no contar con medios suficientes para controlar su patrimonio subacuático, las Comunidades Autónomas tienen en su mano la posibilidad de contar con la Armada para efectuar esta labor.

El modo de actuar es diferente en aguas internacionales: existe un acuerdo entre Cultura, Asuntos Exteriores y la Agencia Estatal de Cooperación Internacional al Desarrollo para el mantenimiento de los pecios. En él se asigna su protección exclusivamente al Cuerpo militar, que los registra de forma periódica para comprobar que no se ha producido ningún expolio.

Efectivos de la Armada española en una misión de inspección de un pecio. AE

Los pecios más antiguos

La posición geográfica de España ha propiciado el tráfico naval, acentuado en una tradición histórica que convierten al país en "una potencia de primer orden de patrimonio submarino": "Tartesios, griegos, fenicios, púnicos, romanos, bizantinos, árabes, vikingos, berberiscos...". El coronel enumera la lista de grandes potencias que han delimitado parte de su historia alrededor de la Península Ibérica. "Ya fuera para comerciar, conquistar o saquear, todos ellos dejaron un importante tributo en forma de pecios generados por hundimientos o naufragios en nuestros mares y litorales".

- ¿Cuáles son los pecios más antiguos?

- Los pecios fenicios Mazarrón I y Mazarrón II, ambos encontrados en la Bahía de Mazarrón (Murcia) entre 1988 y 1998, que los expertos parecen datar en el siglo VII a.c.

Pero la inexistencia de un catálogo de todos los barcos hundidos dificulta las labores de vigilancia y protección. El coronel Brinquis tiene claro que "se hace muy difícil proteger lo que no se conoce o lo que no se sabe dónde está".